Política
Estos son los ministros del gobierno de Gustavo Petro que tienen a sus familiares trabajando con el Estado, ¿nepotismo?
Si bien en la mayoría de los casos esto no constituye una falta disciplinaria, sí es éticamente cuestionable.
A pesar de que llegó al poder con el lema del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo menos en cuanto a las prácticas políticas, parece ser más de lo mismo. Así lo demuestran los constantes casos que se conocen de miembros del gabinete que tienen a sus familiares trabajando con el Estado. Si bien en la mayoría de los casos esto no constituye delito, sí resulta éticamente cuestionable.
Tal vez el caso más sonado recientemente ha sido el de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, debido al contrato otorgado a su esposo, Sjoerd van Grootheest.
Van Grootheest, de nacionalidad holandesa, ha sido contratado por 128 millones de pesos y su labor está relacionada con la gestión e implementación de la estrategia de comunicación y visibilidad integral en temas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
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Aunque ha pasado más ‘de agache’, otro de los funcionarios que tiene a cercanos suyos devengando recursos públicos es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Rosana Velasco Chaves, hermana del ministro, es desde hace cuatro años gerente de Analítica en Innpulsa Colombia, este cargo lo recibió desde el gobierno de Iván Duque y aún lo mantiene. Innpulsa es una agencia de emprendimiento e innovación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La otra hermana del jefe de la cartera política, Jimena Velasco, fue hasta enero secretaria de Planeación de Popayán en la administración y desde febrero llegó como asesora cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
Si bien esta es una entidad de tipo gremial, que no depende directamente del Gobierno, sí maneja recursos del Estado, pues administra el Fondo Nacional del Café, una cuenta parafiscal conformada por dineros considerados públicos, que se nutre principalmente de la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado.
En la nómina del Estado también figura Víctor Olmedo Martínez, esposo de la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Olmedo Martínez ha sido objeto de controversia debido a su contrato directo con la Defensoría del Pueblo por un valor de 90 millones de pesos.
El contratista y esposo de la ministra trabaja en la Defensoría del Pueblo con el objetivo de acompañar la implementación y seguimiento de proyectos de cooperación internacional y convenios relacionados con los decretos y leyes étnicas.
El contrato, que inició el 8 de febrero de 2023, tendrá vigencia hasta el 6 de noviembre del mismo año, y Olmedo recibe un promedio mensual cercano a los 10 millones de pesos.
Ministra de Trabajo
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también ha sido señalada de nepotismo debido a los contratos otorgados a sus hijos.
Uno de ellos, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, se desempeña como jefe de la Oficina Asesora Jurídica en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec); un abogado con maestría en derecho público que está devengando un salario mensual de 7,7 millones de pesos.
Por su parte, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez ha recibido un contrato por 76 millones de pesos del Ministerio de Cultura para apoyar la gestión de alianzas estratégicas y programas. Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de agosto y detalla que devenga un valor mensual de 9,5 millones de pesos mensuales.
Otro de los señalados es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a la relación laboral de su cónyuge, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente, delegada para Prestadores de Servicios de Salud.
Aunque Jaramillo declaró el conflicto de interés en su declaración de bienes y renta, se ha cuestionado su participación en los contratos relacionados con el área de la salud.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también se encuentra en medio de la controversia debido al contrato otorgado a su esposa, Claudia Liliana Cortés López, quien actualmente se desempeña como directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.
Cortés, administradora de empresas de la Universidad Nacional y con una maestría en Ciencias Económicas, fue nombrada en junio pasado. Su vinculación laboral ha generado críticas y cuestionamientos sobre el posible nepotismo en el Gobierno.
