Estos son los peligros del polémico proyecto de ley de Iván Cepeda: las críticas del fiscal Francisco Barbosa y otros sectores llevaron al congresista a anunciar ajustes

El senador Iván Cepeda, una de las voces más escuchadas en el Pacto Histórico, tuvo que echarse para atrás y modificar su controvertido proyecto de ley radicado esta semana en el Congreso y que buscaba introducir en el Código Penal el delito de obstrucción a la paz. Pretendía castigar a todo aquel que se atravesara a los diálogos con grupos armados, incluidos servidores públicos, quienes, según la propuesta, tendrían un agravante en su pena.

“El que obstruya, impida o restrinja, de manera temporal o permanente, la exploración, inicio, desarrollo o finalización de procesos que el Gobierno nacional adelante en el marco de la política de paz, definida en la Ley 2272 de 2022, o la suscripción, implementación o cumplimiento de acuerdos, acuerdos parciales, acuerdos humanitarios y protocolos que se pacten en el desarrollo de los mismos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a quince (15) años”, señala textualmente el controvertido proyecto.

Cepeda anunció que retiraría la iniciativa del Congreso, pero luego aclaró que ajustará la redacción y seguirá su tránsito legislativo pese a que desde ya no se percibe un buen ambiente para tal propuesta.

Al senador parece que se le fueron las luces, pues dejó varias puertas abiertas en su proyecto, provocó confusión y encendió las alarmas entre la oposición. Además, en un comunicado de prensa confirmó que uno de los alcances de la iniciativa es “penalizar a quienes a través de mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos de paz”.

Si su propuesta se hubiera aprobado tal y como está redactada, todo aquel que pensara diferente al proceso de paz, incluidos periodistas, analistas, servidores públicos y ciudadanos del común, se enfrentaría con la justicia porque, según la ley, “obstruye” las negociaciones. Y ni qué decir del fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello y el defensor Carlos Camargo, críticos de la paz total, quienes no podrían opinar en contra de lo pactado con las disidencias de las Farc y el ELN.

Tampoco, sobre lo negociado en La Habana en el Gobierno de Juan Manuel Santos.¿Cuál es el alcance de la obstrucción a los acuerdos de paz? ¿Qué se tipifica como mentira? ¿Pensar distinto podría considerarse una mentira? ¿Quién determinará qué es una mentira o no?, fueron algunas preguntas que saltaron a la vista y llevaron a pensar a distintos sectores políticos que el senador, más allá de proteger a los firmantes y negociadores de paz, tendría, al parecer, intenciones de pasar cuentas de cobro a los críticos, silenciar a los opositores de los acuerdos y socavar la libertad de expresión.

El fiscal Francisco Barbosa –uno de los molestos con la iniciativa– tiene claro que el proyecto de ley es una “amenaza” en su contra a menos de tres meses de salir de su cargo. Y lo reafirma con un mensaje en redes sociales del propio Cepeda: “Señor Fiscal, no tengo la culpa de que al proyecto que radiqué para que sean sancionados los crímenes contra la paz, algunos lo llamen ‘Ley Barbosa’”.

El fiscal llamó a la ley un “adefesio”, un “engendro”, dijo que es una “vergüenza” y consideró que es una persecución política, de mordaza contra la prensa, contra los empleados públicos y cualquier ciudadano. “Quieren mandar a la cárcel por 15 años a quien critique la polémica paz total de Petro”, concluyó.

“Es un proyecto de ley mordaza que pretende establecer en Colombia un Estado totalitario. El senador Cepeda, que pareciera fungir en ocasiones como vocero del presidente Petro, busca dos cosas. Por un lado, que los servidores públicos sean indebidamente judicializados por defender las instituciones cuando, bajo la excusa de la paz, se quiera suplantar el Estado derecho por la criminalidad, tal como está sucediendo en Colombia. Y, por el otro, quieren mandar a la cárcel a servidores públicos y particulares, incluidos periodistas, por pronunciarse sobre iniciativas y procesos en ejecución que tienen que ver con la polémica paz que está negociando el presidente Petro”, añadió el fiscal a SEMANA.

A Barbosa y a gran parte de los críticos de la paz total les preocupa que, mientras Cepeda intenta incluir en el Código Penal un delito que condene a quien piensa diferente, los guerrilleros de las disidencias y el ELN van rumbo hacia la impunidad.

“Este proyecto de ley es producto de la desesperación porque la institucionalidad los está atajando”, enfatizó Barbosa. Sin embargo, Iván Cepeda –quien siempre ha dicho que el fiscal no debe meterse en los asuntos de paz del Gobierno– dejó claro que esta iniciativa es exclusivamente de su autoría y, por eso, asume la responsabilidad.

Además, aclaró Cepeda, él no pretende perseguir al fiscal. Al fin y al cabo, esta no es la primera vez que presenta este proyecto en el Congreso. Lo hizo con la iniciativa 314 de 2022, que no fue discutida en el Legislativo y se hundió. No obstante, esta nueva propuesta tiene artículos adicionales “porque incorpora prohibiciones para los servidores públicos en materia disciplinaria”, según un comunicado de prensa del senador.

El nuevo texto

El senador del Polo Democrático prometió ajustar el contenido del proyecto y enfocarlo en quienes cometan crímenes contra firmantes, excombatientes y mujeres que formen parte de alguna mesa de negociación. Sin embargo, hasta el cierre de la presente edición no se conocía la nueva versión.

No obstante, anticipó que señalará en el nuevo texto “que el asesinato de firmantes de paz, líderes sociales o personas que, en general, trabajan por la paz, o el robo de recursos públicos o la agresión contra acuerdos de paz e instituciones que trabajan por los acuerdos de paz, puedan constituir esa obstrucción que debe ser tipificada penalmente”.

El senador también aclaró que no será judicializado quien piense diferente al proceso de paz: “Lo que sí quedará establecido es que asesinar a personas que firman un acuerdo de paz, o quienes trabajen en sus comunidades por la implementación de un acuerdo o quienes se roban los recursos sí deben responder por este delito”.

El ambiente en el Legislativo para dicha iniciativa no es el mejor así Iván Cepeda le meta mano y rediseñe su contenido. Este año, por cuestiones de agenda, no se empezará a discutir y en 2024 el cronograma estará apretado, pues el Gobierno de Gustavo Petro tendrá hasta junio próximo para que sus reformas a la salud, laboral y pensional no naufraguen. El Congreso estará dedicado exclusivamente a avanzar en esos temas espinosos.

Como si fuera poco, los congresistas, antes de avanzar en su estudio, tendrán que examinar con lupa si esta ley no cae en una redundancia en el Código Penal, que ya contempla penas para quienes incurran en homicidios en Colombia, sea cual sea la víctima, y sus respectivos agravantes. Además, la Constitución Política, en su artículo 22, es clara en que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.}

“Cuando se asesina a alguien que está en un proceso de paz, además de un homicidio, lo que se está haciendo es producir un gravísimo daño a un proceso de paz y desincentivar que otras personas puedan tomar ese mismo camino, el de dejar las armas”, argumentó Cepeda.

Mientras el senador pule el controvertido texto y busca el menor ruido posible, el congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, cree que “el retiro del proyecto es importante, pero no elimina la preocupación por las intenciones que tienen de anular la crítica sobre los procesos de impunidad que adelantan el Gobierno y sus negociadores”. Por su parte, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que la iniciativa “es un despropósito y muestra el perfil autoritario y antidemocrático de quienes quieren imponer la paz total. Mandar a la cárcel a quien piense diferente es una canallada. Inspirados en Cuba y Venezuela”.

Cualquiera que sea su contenido, distintos sectores políticos están a la expectativa, aun cuando no correrá con la mejor de las suertes en el Congreso.