Estos son los requisitos para que narcos se puedan quedar con el 6 % de sus fortunas, según ley de sometimiento del Gobierno Petro

SEMANA conoció el proyecto de ley que fue elaborado para construir la denominada ley de sometimiento a la justicia que se presentará en los próximos días al Congreso de la República para iniciar la discusión y tener unas reglas de juego claras para desarticular las estructuras criminales en el país.

Aunque lo socializado con algunos congresistas y el presidente del Senado, Roy Barreras, está sujeto a los cambios o sugerencias que se hagan a última hora, lo cierto es que el documento contiene los puntos clave del proyecto de ley que se tramitará para darles un tratamiento jurídico a las disidencias de las Farc y a las bandas criminales.

Sobre la discusión semántica que existía desde hace varios meses, se definió que definitivamente se usará la palabra sujeción y no acogimiento, como se había planteado desde algunos sectores políticos. En el proyecto de ley queda claro que se mantendrá lo acordado entre Gobierno y las extintas Farc, por lo que el tratamiento a los disidentes o quienes hayan quedado por fuera del Acuerdo de Paz, será a través de la justicia ordinaria.

Uno de los artículos de la iniciativa plantea un tema que seguramente generará polémica en el país porque los narcos podrán quedarse con parte de sus fortunas si se cumplen una serie de requisitos.

El artículo 42 indica que habrá un beneficio por la entrega anticipada de bienes, es decir, en cualquier etapa del proceso y antes de la imputación los procesados deberán entregar un inventario de los bienes e inmuebles que estén relacionados con las actividades ilícitas.

“En este evento, el procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6 %) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas. En la presentación del escrito para la imputación colectiva por parte del fiscal delegado, el juez señalará la fecha en que deberá hacerse la entrega material de los bienes identificados en el inventario. El juez de conocimiento reconocerá el beneficio patrimonial en el contenido de la sentencia colectiva, según sea el caso, y declarará el comiso correspondiente”, dice el artículo en mención.

Allí se agrega que: “Los bienes objeto del beneficio patrimonial no podrán ser objeto de comiso o acción de extinción de dominio con posterioridad a la sentencia en firme a menos que se demuestre que el beneficiario incumplió los compromisos contenidos en el acta de sujeción a la justicia. En todo caso, el comiso o la acción de extinción de dominio procederá contra los bienes que no hayan sido declarados en el inventario o respecto de los que por cualquier circunstancia no hubiere sido posible la entrega jurídica o material”.

El proyecto deja claro que los bienes que sean objeto de comiso se emplearán para la reparación de las víctimas. Los bienes inmuebles con capacidad de reparación quedarán afectados para la implementación de los proyectos diseñados para tal efecto en la sentencia colectiva y que los mecanismos y fondos para viabilizar la ejecución de los proyectos de reparación serán regulados mediante un decreto.

El proyecto de ley está en manos del Consejo de Política Criminal donde se expedirá un concepto sobre la iniciativa y posteriormente será radicada en el Congreso de la República para que inicie su discusión.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que existirán las rebajas de penas, pero en la justicia ordinaria. “Las bases que ya hemos convenido y que se le presentarán así al Congreso, efectivamente son justicia ordinaria, es decir, Fiscalía General de la Nación, poder judicial ordinario; no hay justicia transicional. Rebaja de penas, sí, ¿cuántos años?, aún estamos puliendo la propuesta”, indicó.

Osuna aclaró que el proyecto de ley buscará que los grupos ilegales se acojan a la iniciativa que servirá para el desmantelamiento de las bandas criminales, entrega de información sobre las rutas del narcotráfico y entrega de bienes para obtener beneficios jurídicos.