Política
Exclusivo: funcionarios de EPS intervenida por la Supersalud denuncian corrupción y desatención a pacientes; “que no se repita el caso SaludCoop”
Los trabajadores de la entidad pidieron vigilancia de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Trabajo.
Continúa la crisis en la EPS Asmet Salud, la cual fue intervenida forzosamente por la Superintendencia de Salud el pasado 12 de mayo. La entidad, que contaba con más de dos millones de afiliados, fue sometida a la medida por falencias en la atención a usuarios, en la implementación de una ruta de cáncer e incumplimientos en los pagos a prestadores.
El ente de control, en cabeza de Ulahy Beltrán, decidió someterla a intervención forzosa para subsanar los problemas y que en un término de cuatro meses resuelva el grueso de las dificultades que se presentan, por el bienestar de los usuarios.
A raíz de la falta de indemnización, tras el cierre de sedes en los departamentos de Caldas, Santander y Norte de Santander, varios trabajadores se unieron para denunciar lo que ocurre en la intervención ante la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Trabajo.
Lo más leído
SEMANA conoció el texto de la denuncia, que ya fue radicada ante la Contraloría y Procuraduría, en la que aseguran que existe “corrupción y daño a los empleados, usuarios y red de prestadores de salud”.
La denuncia inicia con que Luis Carlos Gómez Núñez, quien fue el primer interventor nombrado por Beltrán, fue superintendente delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación días antes de su designación, por lo que se encontraba impedido.
“Desatendiendo la normatividad vigente que dice que no pueden ser interventores de entidades vigiladas funcionarios que hayan trabajado en la Superintendencia de Salud en el último año y, más aún, que hayan conocido casos de los vigilados, como sí sucedió con el doctor Gómez, quien estuvo en tres conciliaciones de la entidad con prestadores y que no cumplía los requisitos que por la ley se exigen para ese cargo”, se lee en el documento.
De acuerdo con los trabajadores, este nombramiento también se dio a pesar de que la Superintendencia adelantó un proceso formal para dar con interventores y liquidadores que cumplen los requisitos. Gómez renunció al cargo, pero la intervención quedó a cargo de Rafael Manjarrez, exvicepresidente de Salud de la EPS, y no un interventor competente.
Los trabajadores afirman que, desde el primer momento en el que se tomó la decisión de intervenir la entidad, se “deterioró el clima laboral” por el despido injustificado de empleados. Esto se hizo sin indemnización, que después de dos meses no se ha pagado, y la eliminación de una prima extralegal de vacaciones, de la cual gozaban los trabajadores desde hace más de 20 años.
Además, aseguran que esta nueva administración carece de liderazgo por “procesos paquidérmicos para la toma de decisiones con relación a la prestación de servicios y garantía de derecho a la salud de la población afiliada, que han llevado a generar más caos e incertidumbre con la red de servicios, generando inoportunidad, no prestación de servicios y aumento de PQRD y tutelas”.
“Hoy el clima laborar esta deteriorado, el nivel de deserción es alto y el inconformismo es total de parte de los colaboradores que se han sentido maltratados, humillados, excluidos en este proceso de intervención y sin una claridad hacia dónde va la empresa. Una empresa que es nuestra familia y que nos duele, que solo en dos meses le hallan prácticamente dado la estocada final”, agrega la denuncia radicada ante los organismos de control.
Agresiones físicas, amenazas e insultos contra trabajadores
“Derivado de las malas tomas de decisiones a nivel de alta gerencia, que terminan afectando a los afiliados y familiares de estos, ocasionado que nuestros compañeros tengan que asumir la ira e intenso dolor, y hasta amenazas por contrataciones de prestadores que no tienen los requisitos de habilitaciones antes de operar”, se lee en el texto.
Incluso, aseguran que la vicepresidencia de planeación y riesgos corporativos, y la vicepresidencia financiera y administrativa “no han generado ninguna acción que agregue valor a la empresa en tres meses de la intervención”.
Incluso, denuncian la creación de dos nuevas gerencias, que no tienen funciones o roles claros, y que aumentan el gasto administrativo en una entidad que requiere recuperarse económicamente. Por otro lado, se suspendieron los procesos de reclutamiento desde la intervención, lo cual también genera déficit en talento humano en varias áreas, que resultó en trabajadores cargados e ineficaces.
“Tenemos oficinas de atención al usuario cerradas en algunos municipios por falta del talento humano ante la imposibilidad de contratar”, agrega la denuncia.
SEMANA conoció documentos que sustentan que, mientras los trabajadores retirados esperan indemnización, tres exfuncionarios cercanos al primer interventor recibieron indemnizaciones superiores a los 65 millones de pesos por dos meses de trabajo.
“La anterior situación es injusta, pues todos los funcionarios retirados en esta intervención, que laboraron muchos más años en la empresa, fueron sacados con justa causa y sin indemnización alguna, generando esto deterioro de las condiciones familiares y de salud mental de los funcionarios”, manifiesta el grupo de trabajadores.
Los prestadores también han sufrido a raíz de dicha intervención, a quienes les retienen multimillonarias cuentas, que les impide prestar el servicio. Esto causa que los pacientes no reciban atención y medicamentos. A su vez, denuncian que se suplen los servicios contratando con empresas que no tienen experiencia, infraestructura o capacidad financiera.
“Se estigmatizó y excluyó a un grupo de prestadores, sin considerar su rol fundamental en la red de prestación para garantizar el acceso a los servicios por parte de los usuarios y sin tener una alternativa que complementara estos servicios, generando caos. Es así como los cambios no soportados se realizaron con operadores de medicamentos, piezas claves de la prestación de servicios, contratando con entidades que no tenían la capacidad técnico científica y financiera”, denuncian los trabajadores.
Irregularidades y presiones para el pago de contratistas
Los trabajadores también expresan sus dudas en torno al pago de prestadores. Según la denuncia, se concentran “pagos exorbitantes” a prestadores de la red pública y algunos prestadores privados “por encima del promedio mensual”. Mientras tanto, se dejó a otros sin pago por dos meses.
“Todo esto llevó a que la red, que es fundamental para la garantía del derecho a los usuarios, suspendiera servicios o restringiera agendas, llevando consigo el aumento de tutelas y PQRD, como se puede observar desde mayo a la fecha”, dicen los trabajadores. Además, los funcionarios y exfuncionarios aseguran que la situación de pago se ve “enrarecida” por rumores de grupos de abogados que cobran carteras con honorarios altos.
“De igual manera, esta situación con la programación de pagos se ve enrarecida con rumores de que, a través de un grupo de abogados, se les estaba exigiendo el pago de un porcentaje (20 % y 30 %) para el pago de la cartera. Al parecer, muchos fueron citados en Barranquilla para este fin. No comprendemos por qué estas prácticas en un gobierno del ‘cambio’ y por qué si la sede administrativa y financiera de la empresa está en Popayán, y todos los temas de cartera y pagos deberían ser resueltos en Popayán, tengan que ir proveedores a Barranquilla”, cuestionó la denuncia ante los organismos de control.
“Pedimos a la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Trabajo, ligas de usuarios y asociaciones de pacientes su participación urgente y seguimiento a esta intervención para que no se repita el caso de Salucoop y Coomeva”, finalizó la denuncia, recordando grandes desfalcos de la salud.
