Exclusivo: los explosivos testimonios que enredan a la Alcaldía de Daniel Quintero en la Fiscalía, en el caso de Aguas Vivas

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero pasará por primera vez al banquillo de imputados el martes 25 de marzo por las supuestas irregularidades cometidas en Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados que fue cedido de manera gratuita a la administración de Federico Gutiérrez en 2019 y que Quintero devolvió en 2022 en medio de cuestionamientos. SEMANA revela testimonios y detalles inéditos del proceso que promete una larga batalla judicial y política en Colombia.

La historia comenzó en 2014, cuando el Concejo de Medellín congeló este terreno privado, ubicado entre El Poblado y Las Palmas, para frenar la expansión urbanística de la ciudad y lo proyectó como un espacio público. Bajo estas consideraciones, quedó con un comercio restringido y los propietarios buscaron a la Alcaldía en 2017 para cederlo como una compensación urbanística: una figura que deben cumplir los constructores de edificios y urbanizaciones para reparar al Distrito por las obras que levantaron.

Los dueños de la tierra eran las sociedades Técnicas Constructivas S. A. S., IDC Inversiones S. A. S. y Juan Manuel Villegas Márquez, cercanos al exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. Precisamente, la familia del exmandatario departamental fue la titular de un porcentaje de los predios hasta 2015, cuando los vendió.

Después de varios meses de estudio, el 27 de diciembre de 2019 la administración de Gutiérrez autorizó la transacción de Aguas Vivas con varias condiciones: no se pagaría por el terreno, la entrega sería irrevocable y los propietarios debían acondicionarlo como un espacio público con base en los diseños avalados por la Alcaldía. El encargado de ejecutar ese contrato fue el equipo de Quintero en 2020.

La situación cambió por completo en el primer semestre de ese año. Uno de los empleados narró bajo reserva que los propietarios del terreno enviaron “múltiples derechos de petición donde decían que no iban a hacer las adecuaciones, pedían que les pagaran el lote y que modificaran la escritura porque, nosotros interpretamos, se sentían estafados por la Alcaldía”.

El concepto jurídico de los empleados del Distrito fue no negociar con los privados, ya que Aguas Vivas llegó de manera legal al banco de tierras de la ciudad y no había argumento para devolverlo: “Nosotros nos negamos”. La misma fuente detalló que todo aquel que coincidía con esa noción y lo hacía público “los iban destituyendo, los iban cambiando (de cargos), los iban sacando”.

Sin embargo, los líderes de la Alcaldía de Medellín insistieron en conciliar con los propietarios de Aguas Vivas porque, supuestamente, se presentaron irregularidades en esa transacción y estaban dispuestos a ceder en la negociación porque esas tierras eran importantes para el plan de desarrollo, dado que se pensó construir el parque ambiental del Valle del Software, una de las apuestas más importantes de Quintero.

“Los que estuvieron en esa negociación dijeron: ‘A nosotros sí nos interesa ese lote porque vamos a hacer un superproyecto, pero lleguemos a un acuerdo’”, reconoció el exalcalde a SEMANA. El punto fundamental fue el del dinero: el Distrito estaba dispuesto a pagar 40.000 millones de pesos por el terreno que ya estaba en su poder. El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron a eso por ir en contra de la norma.

Los empleados públicos que estuvieron cerca de esa negociación sospecharon que había un supuesto negocio detrás de la conciliación. “El comité dijo que no se podía pagar esa plata porque el predio ya es público, ya es del municipio, ellos fueron los que vinieron acá y lo entregaron con voluntad, pero pedían cambiar la escritura para beneficiar a los privados”, narró uno de los testigos clave de la Fiscalía a SEMANA.

Mientras se resolvía este pleito, en el terreno de Aguas Vivas se encontraba un equipo de la Alcaldía de Medellín adelantando los diseños del parque ambiental. Uno de los funcionarios que participó en ese proceso manifestó que todas las indicaciones, aparentemente, las dio el exgobernador, quien es el dueño de Las Brisas, uno de los vecinos de Aguas Vivas.

“Luis Pérez estaba la mayoría de veces con nosotros, era el que iba al lugar a direccionarnos: ‘¿A ustedes cómo les parece si hacemos aquí un mall comercial? ¿Por qué no hacemos una vivienda para estudiantes?’. La norma no dejaba hacer nada, no se podía.

Sin embargo, la indicación era que el equipo tenía que dar la norma para que la modificaran, para que en ese lote dejaran construir lo que decía Luis Pérez”. En conversación con SEMANA, Pérez afirmó que sí dio consejos para la obra porque es vecino de Aguas Vivas y Quintero dio fe de eso, pero afirmó que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta.

El 26 de octubre de 2022, la Alcaldía de Medellín y los dueños de Aguas Vivas tomaron la decisión de terminar unilateralmente con el contrato de cesión gratuita del suelo, en contravía de la asesoría jurídica del Distrito, y las tierras volvieron a sus antiguos propietarios. También se ordenó compulsar copias para que se investigaran las presuntas irregularidades que habrían rodeado esa contratación durante la administración de Gutiérrez.

Para mayo de 2023, Daniel Quintero firmó un decreto en el que reglamentó el parque ambiental en ese sector y anticipó que, respetando el plan de ordenamiento territorial de Medellín, por medio de iniciativas públicas o privadas, se podían desarrollar edificaciones de dos pisos, como hospedajes, para actividades relacionadas con el ecoparque. En ese momento, la Alcaldía ya no tenía la titularidad del predio.

De acuerdo con los testigos, esta determinación de Quintero buscaría beneficiar a Luis Pérez Gutiérrez y a sus aliados: “Era un suelo de uso ambiental destinado a la conservación. A la hora de firmar este decreto, levantaba esas restricciones y sacaban provecho todos los privados”.

Este decreto es el que tiene en líos al exalcalde en la Fiscalía, pues el ente de acusación y el Distrito –ahora bajo el control de Gutiérrez– creen que se tomó atribuciones exclusivas del Concejo, pues tienen la certeza de que habría modificado el plan de ordenamiento territorial. Quintero lo niega: “En todos los artículos dice: ‘Siempre y cuando cumplan el POT (Plan de Ordenamiento Territorial)’. Todas las cosas que decimos que se pueden hacer en esa área, ya el POT decía que se podían hacer”.

Quintero cree que este proceso judicial, donde también serán imputados 12 de sus exfuncionarios, terminaría en un juicio hacia Federico Gutiérrez porque su administración estaría detrás de un “cartel de lotes” a través de compensaciones urbanísticas: “Aquí va a haber sangre, metafóricamente, porque los constructores que hicieron esa vuelta con esos lotes son grandes. Esta gente es más peligrosa”.

Frente a estos señalamientos, la Alcaldía de Medellín respondió a SEMANA: “El único responsable de la gestión fraudulenta y la corrupción es Daniel Quintero y su administración. Desde que las irregularidades fueron denunciadas ante las autoridades competentes, Quintero ha intentado distorsionar las denuncias, manipular la narrativa y ocultar su participación directa en las maniobras que favorecieron intereses privados en detrimento del patrimonio público”.

El proceso judicial arrancará este 25 de marzo. Aunque la imputación está en firme, Quintero quiere que el proceso sea trasladado a la capital del país porque no cree que haya imparcialidad en Medellín.