Exclusivo: Procuraduría advirtió que millonarios recursos que el Gobierno les giró a hospitales de La Guajira estarían en riesgo

La procuradora delegada para Asuntos de Salud, Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, hizo una visita a La Guajira después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro declarara una emergencia económica y social en el departamento.

La medida ha recibido críticas por parte de algunos sectores, los cuales han señalado que la intención del Gobierno es empezar a implementar la reforma a la salud en La Guajira, aun sin que haya sido aprobada por el Congreso de la República.

SEMANA conoció en exclusiva varios de los hallazgos que hizo la Procuraduría durante su recorrido. Para empezar, se refirió a las inversiones que ha hecho el Ejecutivo para mitigar los problemas de salud pública en La Guajira.

La procuradora Ojeda recordó que se han autorizado millonarios recursos a través de varias resoluciones, las cuales suman más de 98.000 millones de pesos. Una de ellas se expidió en diciembre del año pasado, cuando la ministra de Salud era Carolina Corcho. En su momento, destinó 1.552 millones de pesos para crear unos equipos básicos de salud en hospitales públicos.

Según la procuradora delegada para la salud, el dinero se habría girado aún sin que estuvieran habilitados todos los servicios que se requerían para implementar el proyecto de atenciones básicas.

Luego, hizo referencia a una segunda resolución, la 723 de 2023, que se publicó en mayo pasado y está firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En ese documento se destinan más de 13.900 millones de pesos para conformar unos equipos extramurales en distintas regiones.

“Nos llama la atención que varias EPS familiar y la IPS (indígena) Kottushi vienen trabajando con equipos extramurales hace muchísimo tiempo y tienen una articulación completa. Van a las regiones y atienden necesidades básicas, porque hasta agua llevan para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. No sabemos con esos 13.900 millones de pesos que ya repartieron cómo va a funcionar la relación de esos equipos extramurales con las EPS y las IPS indígenas”, sostuvo la procuradora Ojeda.

Y advirtió que esa resolución se basa en una normativa anterior, que no recibió el aval de la Corte Constitucional, debido a que, según la funcionaria, eran “actuaciones someras, sin estudios técnicos que no tuvieron (en) cuenta a la comunidad, ni la territorialidad, ni la articulación con las EPS que operan en el departamento”.

A su vez, mencionó una tercer resolución, la 933 de 2023, que se publicó el 9 de junio de este año e incluyó una inversión superior a los 84.000 millones de pesos para ejecutar proyectos en hospitales públicos de Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y el Distrito de Buenaventura.

Este es uno de los asuntos que más preocupaciones ha generado en la Procuraduría. “No sabemos cómo va a ser ese control, no sabemos qué antecedentes tienen para hacer una infraestructura de tanta envergadura como se pretende ejecutar”, detalló Ojeda y pidió que haya una mayor auditoría de esos dineros.

Por ejemplo, mencionó el caso del hospital de Nazareth de Riohacha, que habría recibido cerca de 36.000 millones de pesos. “Giraron por delante la plata y eso corre un riesgo altísimo”, sostuvo la procuradora y señaló que la necesidad más apremiante es el agua.

En este caso, destacó que debieron darse algunos pasos previos antes de autorizar los dineros, que estaban destinados a fortalecer la infraestructura hospitalaria.

“No conocemos los procesos precontractuales, los estudio de prefactibilidad y factibilidad y las autorizaciones que debe dar el mismo Ministerio de Salud para que puedan ser aprobados los planos y la construcción que se pretende ejecutar. La plata se les adelantó a los diferentes gerentes de hospitales y falta que comience la ejecución con fundamentos y todas las normas“, indicó la procuradora Ojeda.

Y sostuvo que les “preocupan” los resultados que podrían tener estos proyectos, pues no estarían articulados con las EPS.

Así mismo, la funcionaria dijo que visitaron varias instituciones prestadoras de salud (IPS) destinadas a a recuperar a menores de edad que han resultado afectados por la desnutrición.

“Son niños y niñas que son atendidos con amor, alimentación y medicamentos, pero una vez regresan a su seno familiar la fata de agua y la falta de alimento hace que nuevamente tengan que rescatarlos para volverles a salvar la vida”, indicó Ojeda.

Y sostuvo que hay múltiples dificultades con los determinantes sociales de la salud, que son aquellos aspectos sociales que afectan las condiciones sanitarias de las poblaciones.

Y manifestó inquietud por las dificultades que tienen las personas en territorio guajiro a la hora de acceder al agua. “Encontré un territorio sediento, con necesidad de seguridad alimentaria. El agua es el primer factor para lograr los demás aspectos que requiere el departamento”, sostuvo la procuradora delegada para la salud.

Entre otras cosas, concluyó que visitaron municipios como Maicao y Manaure y sostuvo que una de las peticiones más frecuentes por parte de los líderes de las comunidades fue la necesidad constante de tener acceso a agua potable.