Exministro de Hacienda dice que Petro considera el presupuesto de la Nación como “registradora de tienda de barrio que se abre para amigos y se cierra para enemigos”

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, es un hombre ponderado que conoce como pocos la función pública, porque ha pasado en varias oportunidades por altos cargos del Estado. Por eso, tras analizar las razones por las cuales salió del Gobierno, el exdirector Nacional de Planeación, Jorge Iván González, hizo su propia reflexión.

“Todos los indicios conocidos indican que el presidente Petro considera que el manejo presupuestal es igual al de una registradora de tienda de barrio que se abre para los amigos y se cierra para los enemigos”, dijo.

Restrepo rememoró lo que informó SEMANA en su edición pasada sobre las razones de la salida de González, especialmente la frase que, al parecer, habría pronunciado Gustavo Petro durante el candente consejo de ministros donde se enfrentó con su exdirector del DNP y donde dijo: “No quiero nada con Bogotá, nada con los Char, tampoco con Antioquia”.

Restrepo recordó, por ejemplo, “cuando el debate con la anterior alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alcanzó sus niveles más álgidos sobre si el metro debía tener un tramo soterrado a lo largo de la avenida Caracas o no, Gustavo Petro amenazó que –de no darle gusto con su solicitud del tramo soterrado– le quitaría a la capital los aportes presupuestales que por ley (no por benevolencia del mandatario de turno) corresponden a toda municipalidad que emprende un proyecto de transporte masivo de envergadura”, dijo.

Y agregó: “Se ha sabido también que en la ley de presupuesto para la vigencia de 2024, el Gobierno incluyó habilidosamente $ 13 billones en ‘partidas globales’ que luego podrán ser desglosadas y distribuidas por el presidente, según sus afectos o desafectos políticos. Es la utilización del presupuesto como un martillo con el que se golpea o se premia a los amigos o enemigos políticos desde la Casa de Nariño, según sea el caso”.

Las partidas globales en la ley de apropiaciones reaparecen en este gobierno, según Restrepo.

“Hace algunas décadas fueron instrumento privilegiado con el cual se practicó un mortífero clientelismo político. Bastaba desagregarlas en partidas de gastos que interesaban a los amigos para burlar la perentoria disposición constitucional, según la cual la autorización del gasto público la imparte el Congreso –no el Gobierno– al aprobar la ley anual de rentas y apropiaciones. La ley de presupuesto está conformada por dos partes inseparables: el estimativo de los ingresos que van a entrar en las arcas públicas durante la vigencia correspondiente y las autorizaciones de gasto que aprueba el Congreso, y a la cual no puede hacérsele el esguince de las partidas globales”, contó.

Por esta razón, “dicen la Constitución y las leyes orgánicas del presupuesto, las autorizaciones del gasto que aparezcan en la ley de apropiaciones deben ser precisas, identificables y controlables. La definición del gasto público nunca debe dejarse al capricho del Poder Ejecutivo. Antes del 31 de diciembre de cada año, el Gobierno debe expedir el llamado ‘decreto de liquidación del presupuesto’ que ordena la multiplicidad de cifras que se manejaron por el Congreso durante el debate presupuestal, sin que esté permitido que en dicho decreto se agregue nada extraño a lo que fue aprobado por el Congreso”.

El derecho presupuestal –de acuerdo con el exministro– “nació a la vida moderna, precisamente, para cumplir con esa regla de oro de la democracia”.