“Expresamos profunda tristeza y desilusión”: el Consejo Nacional de Juventud, integrado por 12.000 personas, cuestiona a la Alta Consejería Presidencial para la Juventud

La relación entre el Consejo Nacional de Juventud, que congrega a más de 12.000 ciudadanos que fueron elegidos en las urnas por los colombianos, y la Alta Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, no atraviesa por su mejor momento.

En los primeros cuatro meses del nuevo mandato en la Casa de Nariño ya estalló la primera crisis que quedó plasmada en dos comunicados oficiales de prensa donde queda en evidencia cómo el gobierno de Gustavo Petro o, al menos, dicho despacho, los desconoce.

“Nos produce profunda tristeza y desilusión el manejo de esta entidad y sus posiciones frente al ejercicio de los consejos municipales, locales, distritales, departamentales y nacional de juventud”, encabezan el comunicado de prensa que tiene en su poder SEMANA.

Según los jóvenes, en diferentes espacios, la consejería ha realizado acciones que desconocen el liderazgo y los procesos de los Consejos de Juventud. “Su agenda, por lo visto, no incluye el fortalecimiento de estos espacios democráticos, que cuentan con una ley estatutaria que los respalda”, destacaron.

Informaron que después de cuatro meses de posesionado Gustavo Petro, el Consejo Nacional de Juventud “no ha tenido ninguna sesión presencial, este consejo ha tenido que recurrir a la virtualidad aún con las dificultades de conexión en los territorios y la falta de implementos tecnológicos. Carecemos de garantías. A las necesidades se suma la poca voluntad del presidente, a quien hemos tenido que enviarle derechos de petición que no han sido respondidos para una sesión de gobierno que debe garantizarse por ley”.

Recordaron que en las elecciones del 5 de diciembre de 2021 fueron elegidos como consejeros de juventud más de 12.000 jóvenes en el país, muchos de ellos, profesionales, técnicos, tecnólogos, líderes sociales, entre otros. “No es inconcebible que la Consejería Presidencial no tenga en cuenta a estos jóvenes y no realice acciones que permitan sacar adelante lo dispuesto en nuestra Ley Estatutaria 1622 de 2013″, se lee en el documento.

Confesaron “que es aún más triste para nosotros recordar que en las pasadas elecciones presidenciales, muchos de nosotros apoyamos abiertamente al gobierno del cambio, el mismo que hoy no vemos comprometido con los jóvenes en el país, los cuales representamos el 25% de la población total (12.672.168)”.

Ante ese escenario, invitaron al gobierno “del cambio” a modificar su postura, “a que adelantemos una agenda juvenil que incluya el fortalecimiento del Subsistente Nacional de Juventud que incluya el seguimiento al cumplimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en los territorios (...)”. El texto del comunicado lo concluyeron con una frase: “presidente Gustavo Petro, el cambio debe ser con las juventudes; la juventud lo necesita”.

Esta postura la respaldó el movimiento Mejor Así, también integrado por jóvenes del país. En otro boletín de prensa dijeron que “el gobierno nacional ha decidido apartarse de los Consejos Nacionales de Juventud, para dar prioridad a una política pública enfocada en el movimiento denominado ‘Primera Línea’, el cual se ha caracterizado por ejercer la violencia pasando por encima de espacios constructivos y pacíficos como los Consejos de Juventud”.

“Desde el tanque de Pensamiento Mejor Así, manifestamos nuestra preocupación ya que no sólo se están vulnerando los derechos de estos jóvenes, sino que la política pública del gobierno actual se ha centrado en conceder privilegios a la Primera Línea por encima de los derechos que tienen millones de jóvenes a lo largo y ancho del territorio nacional”.

Instaron al gobierno de Gustavo Petro “a ser consecuente con la realidad del país y atender los derechos de los jóvenes que actúan dentro del marco de la legalidad, primero que a aquellos que mediante desmanes, atentados contra civiles y la fuerza pública, así como destrucción de monumentos, estaciones de transporte público, locales comerciales y propiedad privada, afectan derechos fundamentales de todos los colombianos”.