Exsecretariado de las Farc hace fuertes reclamos a la JEP en carta enviada a Petro: la responsabiliza por deserción de excombatientes

Los antiguos excomandantes de las Farc, hoy líderes del partido político Comunes, no están contentos con las actuaciones de la JEP. Por medio de una carta enviada al presidente Gustavo Petro reclamaron por la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 y por las decisiones que ha tomado la JEP.

Los ex-Farc le reconocen a Petro que ante las Naciones Unidas se haya comprometido a implementar el acuerdo de paz firmado en Cuba en 2016.

“No ha sido fácil, presidente Petro, avanzar durante estos siete años, desde cuando firmamos el tratado de paz; múltiples dificultades, unas naturales, otras creadas, han obstaculizado el sendero de la anhelada paz para nuestro país”, aseguraron.

La carta está firmada por Rodrigo Londoño (Timochenko), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Julián Gallo.

Uno de los hechos más llamativos es que arremeten fuertemente en contra de la JEP. Dicen que les preocupa que el tribunal se habría alejado de lo acordado y que ha hecho sus propias interpretaciones. Además, que la JEP estaría siendo un ente “judicial punitivista más propio de un sometimiento a la justicia”.

Reclaman por los macrocasos y la forma en la que están siendo juzgados los excombatientes, lo que para ellos estarían “vulnerando” la seguridad jurídica de los comparecientes.

“No puede la jurisdicción para la paz apartarse de principios básicos del derecho, como son la legalidad, el juez natural, la imparcialidad, la debida motivación, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción, la favorabilidad penal y la doble instancia, entre otros”, dijeron.

Reclaman por quienes han sido expulsados de la JEP, dicen que se estaría vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia, y que se niega la posibilidad de controvertir. “Es una expulsión unilateral de la JEP”, reclaman.

Además, afirman que de 4.485 solicitudes de amnistía, han sido concedidas 688 y 3.804 negadas y que no están de acuerdo con eso. “Este tipo de accionar de la jurisdicción afecta y pone en riesgo el AFP (acuerdo final de paz), así como el logro y éxito de procesos de paz en curso, pues, es evidente la restrictividad con la que ha venido funcionando el sistema lo que genera falta de confianza y un alto grado de incredulidad”, dijeron.

Una de las principales alertas es que desde el antiguo secretariado reconocen que varios excombatientes han vuelto a las armas. “Ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo, provocando desconfianza en los mismos, lo que se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del acuerdo, tal como evidencian las cifras actuales de la Agencia para la Reincorporación que indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas”, aseguraron.

Y hasta responsabilizan a la JEP por supuestamente ser “el principal causante del aumento de filas de los grupos armados ilegales y de la violencia”. El exsecretariado le pidió a Petro una reunión para evaluar el cumplimiento del acuerdo de paz.

El antiguo secretariado cuestionó la implementación del gobierno anterior y habló de supuestas conspiraciones y estigmatización en su contra. Dicen que han fallecido 418 excombatientes. Reclaman que la Unidad de Investigación de la Fiscalía que se creó en el acuerdo no ha presentado “avances significativos”.

Ellos dicen que han cumplido a cabalidad los compromisos pactados, especialmente en el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que supuestamente son el único actor que ha reconocido su responsabilidad en el conflicto a diferencia del Estado. “Hemos aceptado nuestra responsabilidad por hechos graves y dolorosos ocurridos en el marco del conflicto, incluido el secuestro”, afirman. Eso, a pesar de que han sido criticados por diversos sectores por no contar toda la verdad y hablar de los secuestros como retenciones.

“Hemos mantenido nuestra irrevocable decisión de contribuir a la satisfacción plena de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la sociedad colombiana, buscando aportar a la reconstrucción del tejido social roto por el conflicto”, aseguraron.