POLÍTICA
Extraditables reconocen que abogados les exigieron dinero para ingresar a la ‘paz total’; “hemos sido asaltados en nuestra buena fe”
La comunicación fue radicada ante la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y fue conocida por SEMANA en las últimas horas.
En medio del ruido y las sospechas que genera la ‘paz total’ del Gobierno y la supuesta controvertida injerencia de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, un grupo de 24 condenados de la cárcel La Picota en Bogotá escribieron el lunes 6 de marzo de 2023 una carta al fiscal Francisco Barbosa.
SEMANA conoció la misiva donde los internos del penitenciario advirtieron que harán unas aclaraciones sobre lo que llaman últimos acontecimientos, que “pretenden enlodar la política de la ‘paz total’ liderada por el señor presidente Gustavo Petro y al alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda”.
“Como es sabido por la opinión pública, el Gobierno nacional se encuentra liderando encuentros con diferentes organizaciones al margen de la ley en búsqueda de la ‘paz total’, a la que nos comprometemos todos los acá firmantes. No obstante, hemos denunciado que abogados inescrupulosos han acudido a varias cárceles del país buscando comprometer la política del Gobierno y enlodando su buena iniciativa, cobrando fuertes sumas de dinero a quienes queremos la búsqueda de la paz y reconciliación nacional”, se lee en la misiva.
Los reclusos le informaron al fiscal Barbosa que habían sido “asaltados en su buena fe”.
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Sin embargo, “desde nuestro sitio de reclusión, les informamos a todos los organismos de control y al Gobierno que dichos abogados simplemente se presentaron como voceros del Gobierno, del comisionado de Paz, Danilo Rueda, y del doctor Juan Fernando Petro”.
No obstante, según los internos, después de realizar sus propias investigaciones y pesquisas, “informamos que es completamente falso que dichos abogados vinieran en representación de funcionario alguno ni mucho menos de la familia del señor presidente”.
El documento de dos páginas fue escrito a mano y al final se observan las firmas de algunos extraditables, entre ellos: Luis Humberto Arroyo Cabrera, Javier Alexis López, John Fredy Zapata, William Acosta, Olmes Durán, Elmer Cardona, William Castro, Óscar Alonso Acosta, Rusbel Padilla, Víctor Córdoba, Édgar Díaz, José Castro, Leonidas Caviche, Jasser Hinestroza, Francisco Cortés Rivera, Edwin Samuel Durán, Fabián Torres, Óscar Gómez, entre otros.
El ruido que se generó en contra de Juan Fernando Petro porque, al parecer, buscó a extraditables en las cárceles y les habló de incluirlos a la ‘paz total’ a cambio de gruesas sumas de dinero, lo distanció de su hermano, el presidente Gustavo Petro, quien le pidió directamente al fiscal Francisco Barbosa que lo investigara.
En diálogo con DNews, el hermano del mandatario negó rotundamente reuniones con narcotraficantes y extraditables, hoy en cárceles del país.
De hecho, reveló que tiene conocimiento de un grupo de abogados que, según él, engañaba a sus clientes y les cobraba hasta 2,5 millones de dólares para supuestas reuniones con él para hablar de eventuales excarcelaciones.
El biólogo y filósofo además pidió que la Fiscalía avance con la investigación en su contra porque, según él, “no van a encontrar una sola grabación” en su contra.
“Más allá de entrar a la cárcel La Picota hace un año para hablar de derechos humanos con políticos o parapolíticos que estuvieron relacionados con actos de corrupción hace 15 años, nunca entré a un patio de extraditables y la Justicia de este país lo sabe”, afirmó.
A renglón seguido precisó: “Yo no he hablado con extraditables directamente. Pero sí en tantos territorios en los que hemos hablado, han estado escuchando campesinos, obreros, líderes sociales y abogados escuchándonos. Lo que yo sostengo es que los abogados llevaron a sus clientes, a los extraditables y narcotraficantes de las cárceles, nuestro discurso de la ‘paz total’. Ellos lo apropiaron y a través de los abogados quisieron saber más. Pues ahí está el punto por el que me he metido en problemas más complejos”.
Hace poco más de un año –según su relato– empezó a darse cuenta de que su nombre era utilizado por personas que cobraban 20 millones de pesos para generar entrevistas con él. “En Córdoba estaban pagando 800 millones de pesos para hablar conmigo. Eran intermediarios que negociaban en mi nombre. Eso me sorprendió”, según denunció.
