“Favorece victimarios”: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín radicaron una demanda para tumbar la Ley de Paz Total; estos son los argumentos

Las senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, radicaron oficialmente una demanda en contra de la Ley de Paz Total ante la Corte Constitucional, al advertir que esa iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro tiene, según ellas, varios vicios.

Las congresistas esperan que el alto tribunal admita para su estudio la demanda y, posteriormente, en su análisis de fondo declare inexequible la ley, al insistir que la medida no ampara los derechos de las víctimas y, por el contrario, beneficia a los victimarios.

“Radicamos la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Paz Total, hay que recordar que el Gobierno de Gustavo Petro está utilizando indebidamente las facultades de la ley, porque sacó con esas facultades las herramientas para liberar a la primera línea”, sostuvo Valencia.

A su turno, la senadora María Fernanda Cabal indicó: “Consideramos que la Constitución Política de Colombia debe ofrecerles garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano la obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia, adicionalmente las víctimas cuentan con los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Mientras que Paola Holguín aseguró sobre el sustento de la demanda que se radicó en la Corte Constitucional: “Se debe tener un concepto previo de política criminal para la Ley de Paz Total, una sentencia de la Corte Constitucional fue clara, que era obligación del Congreso hacer cumplir la solicitud”.

Cabe señalar que el pasado mes de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley de Paz Total, la cual le da las facultades necesarias a su Gobierno del Pacto Histórico para que negocie con el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc y ahora comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, entre otros criminales.

El mandatario colombiano firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno, en la cual revisó hace varias semanas a profundidad los temas que se deben priorizar de cara al cumplimiento de los primeros 100 días de Gobierno.

El presidente Petro reveló detalles de los alcances de la iniciativa: “La ley de la paz, el marco jurídico que permite desde hace muchos años, esta vez se ha renovado, la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la ‘paz total’ en Colombia. Así que ahora le corresponde a nuestro Comisionado de Paz, Danilo Rueda, implementar buena parte de esta reglamentación”.

“Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente, de hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente, sin ecos, para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país”, anotó el jefe de Estado desde la hacienda Hato Grande.

Cabe recordar que las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron, en su oportunidad, el informe de conciliación del proyecto que modifica y prorroga la Ley de Orden Público, con el cual se otorgan las herramientas para los diálogos que ha planteado el presidente Gustavo Petro con los grupos armados ilegales.

Como informó SEMANA, el proyecto, en esencia, entrega facultades al presidente para adelantar diálogos, en búsqueda de lo que él ha llamado la ‘paz total’, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.

“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, finalmente indicó la norma.