Francisco Barbosa reacciona a las acciones de la SIC contra la Registraduría: “El deterioro democrático de Colombia”

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, reacciona a las acciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Registraduría Nacional del Estado Civil. La entidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro imputó cargos contra sus funcionarios por supuestas irregularidades en contratos dirigidos a la firma Thomas Greg and Sons.

Barbosa, ante las graves denuncias del registrador Hernán Penagos, cuestiona que la superintendencia haya solicitado datos del censo electoral y del registro civil de los colombianos.

“Gravísimas las denuncias del registrador Hernán Penagos. ¿Cómo es posible que la SIC, policía administrativa del Gobierno, esté solicitando datos del censo electoral y del registro civil de los colombianos? ¿Para qué quieren esa información?”, cuestionó el exfiscal en sus redes sociales.

De acuerdo con el abogado, se trata de un “deterioro democrático” en Colombia, dado que sería una intromisión del Ejecutivo en decisiones del órgano electoral. Esto, según Barbosa, iría en contra de la división de poderes.

“Muy preocupante el deterioro democrático de Colombia. El ejecutivo no puede inmiscuirse en las decisiones del órgano electoral. Eso riñe con la división de poderes”, manifestó.

Y asegura que “bajo ninguna circunstancia el presidente Gustavo Petro, a través de una entidad bajo su control, puede ejercer acciones intimidatorias contra el andamiaje electoral”.

Finalmente, Barbosa sugirió que esto muestra cuáles son los temas que se discuten en las “largas reuniones” entre el presidente de la República y Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

“Ya uno se va dando cuenta de los temas de esas largas reuniones con Maduro”, escribió en su cuenta de X.

Tal como informó la superintendencia, en marzo visitaron las instalaciones de la Registraduría para recaudar “información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal”.

Y agregó: “En el marco de estas visitas de inspección, la Superintendencia se encuentra facultada para decretar y practicar pruebas y, en general, para recaudar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano”.

Justificaron además la imputación de cargos en supuesta omisión de pruebas en el marco de dicha visita.

“El deber de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones dadas por la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia. Y, con ello, establecer si pudieron obstruir la investigación que se adelanta por parte de esta Entidad en el marco de sus funciones, o no”, se lee en el documento de la superintendencia.

Finalmente, según la SIC, la información “no fue entregada de forma oportuna, ni tampoco fueron atendidas las demás órdenes e instrucciones”.

“Para cada persona natural que haya infringido de forma directa las normas sobre protección de la competencia o que haya colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado dichas conductas. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009″, concluyó la SIC en días pasados, al anunciar las medidas contra los funcionarios de la Registraduría.