Fuero militar elevaría a rango constitucional los 'Tolemaida Resort'

En abril del 2011 se destapó el mayor escándalo que ha tenido que asumir el gobierno Santos. Se trataba de las gabelas y beneficios de que gozaban militares condenados, hasta por delitos de lesa humanidad, en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida (Tolima).
 
La revista SEMANA tituló la investigación como ‘Tolemaida Resort’ y las revelaciones periodísticas abrieron un intenso debate en el país sobre el lugar donde deberían purgar las condenas los militares comprometidos en delitos de lesa humanidad: si en centros de reclusión común o en unidades militares especializadas.
 
Al punto que funcionarios de alto rango del Gobierno enfrentaron sus posturas. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dispuso en ese momento la cárcel de Guaduas (Tolima) para que allí fueran recluidos los militares condenados, sea cual fuera el delito. El ministro de Defensa de entonces, Rodrigo Rivera, rechazó la propuesta. Y el vicepresidente Angelino Garzón consideró que aquellos uniformados que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad deberían pagar prisión en cárceles comunes y no en reclusiones especiales.
 
El debate, que parecía olvidado con el paso del tiempo, parece revivir un año después. Todo por cuenta del controvertido proyecto de reforma a la justicia penal militar, llevado al Congreso por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, y que empezará a ser discutido en la Cámara de Representantes la semana próxima.
 
Porque la ponencia para primer debate, en la que los partidos políticos decidieron hacerle ajustes al proyecto propuesto por el Gobierno, incluye el establecimiento del fuero carcelario para los militares, algo que no contempla actualmente la Constitución Política.
 
Según la ponencia, se pretende añadir un inciso al artículo 221 de la Constitución, en el que se establece que los militares que tengan medida de aseguramiento, o una condena en firme, sólo podrán ser recluidos en cárceles especiales, y de no haberlas, deberán ser privados de libertad en la misma Unidad militar donde prestaban sus servicios.

“Los miembros de la fuerza pública cumplirán la prevención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la fuerza pública”, dice el artículo propuesto por los congresistas.
 
Según la exposición de motivos de la ponencia, en la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional, tras evaluar las condiciones de reclusión de los miembros de la fuerza pública, “insistió en la obligación de mantenerlos (a los miembros de la fuerza pública) separados de los demás internos y de garantizarles condiciones dignas orientadas a la resocialización”.
 
Y dicen los ponentes que el proyecto presentado por el Gobierno no se ocupó de este tema, y por eso, es deber del Congreso “elevar a rango constitucional el fuero carcelario”.
 
De inmediato surgieron las voces disonantes. El representante Germán Navas Talero (Polo) afirmó que lo que se pretende con este nuevo artículo es “la constitucionalización de los Tolemaida Resort”.
 
Iván Cepeda, también integrante de la bancada del Polo, dice que la Constitución no puede establecer sistema de privilegios para los servidores públicos que infrinjan la ley y por eso cuestiona esta propuesta: “Este proyecto pretende establecer mecanismos que terminan siendo beneficios y excesos a quienes cometen crímenes de lesa humanidad”  
 
La gran pregunta que surge es si con esta decisión, ¿los alcances del fuero militar cobijarán a uniformados que cometan delitos que nada tienen que ver con el servicio?
 
El ponente del proyecto, Efraín Torres (la U), dice que establecer el fuero carcelario en la Constitución no tendrá ningún perjuicio frente a los controles penitenciarios. “Esto no implica que se vayan a incumplir los principios del sistema carcelario para los miembros de la fuerza pública”, dice.
 
El fuero carcelario era una de las exigencias del Partido de La U al proyecto que busca fortalecer el fuero militar. El presidente del partido, Juan Lozano, dice que si hubo irregularidades en Tolemaida, la ley tiene que castigarlas. Pero no se puede convertir a los militares en delincuentes comunes.
 
La ponencia, en principio, fue suscrita por todos los partidos políticos. Pero en el primer debate, que se realizará la próxima semana, el fuero carcelario puede ser uno de los temas más controvertidos, y que no estaba en las cuentas del fuero militar.