Fuerte reclamo al Ministerio de Hacienda para que cumpla con destinación de la UPC y los presupuestos máximos de la salud

A través de una carta, más de 31 exministros y ex codirectores del Banco República; 8 exdirectores de entidades como el DNP, Dane y Colpensiones hasta un exalcalde de Bogotá, le reclamaron al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla que pague las obligaciones relacionadas al aseguramiento en salud que estaría presentando algunas falencias y afectando las finanzas de ese sector.

“Los ciudadanos que suscribimos esta carta solicitamos respetuosamente al Gobierno nacional realizar un traslado presupuestal por 2,5 billones de pesos al interior del presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, desde el rubro 03-03- 02-002 ‘Apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993′ hacia el rubro 03-03-04-052 ‘Aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales en salud (Ley 100 de 1993 y decreto 780 DE 2016)’. Recursos que, una vez incorporados dentro del presupuesto del aseguramiento, deberán transferirse a la Administradora de Recursos de la Seguridad Social en Salud ADRES, con el fin de garantizar la atención de salud que los colombianos necesitan y merecen”, pidieron.

Uno de los argumentos para esa solicitud es que el Ministerio de Salud y Protección Social se habría apropiado de 5,05 billones de pesos para usos distintos a los originalmente planteados al aseguramiento, priorizando otras áreas que, a pesar de que son importantes, requerirían de nuevos recursos y no que se utilicen los de otro rubro que ya estaba destinado.

Se trata de recursos que han sido destinados para financiar el personal y la infraestructura de los centros médicos en las regiones. Sin embargo, consideran que se ha hecho un uso inapropiado de estos rubros que habría afectado el derecho a la salud de las poblaciones, ya que hasta el momento se han girado 1,6 billones de pesos, lo que significa una disminución de 900 mil millones de pesos. Reclaman que el país está a la espera de saber a qué rubro se adicionan esos recursos y que hay disponibles 2,5 billones de pesos, según lo registrado el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Los ex altos funcionarios reclaman que el aseguramiento debe ser una prioridad y que la jurisprudencia ha insistido en que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos deben girarse de manera oportuna para proteger el derecho fundamental a la salud.

Dicen que los recursos remanentes son necesarios para el financiamiento de la UPC al cierre del año y que a la fecha, según lo utilizado hasta mayo, se requerirá una incorporación adicional mínima de 2,3 billones de pesos a ese rubro. “La UPC financia más del 97% de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental”, dijeron.

Otra queja es que tanto el Ministerio de Hacienda como el DNP le han advertido al Ministerio de Salud la necesidad de utilizar estos recursos para garantizar el cierre financiero del aseguramiento, sin embargo, esta acción no se habría concretado aún por esa cartera.

Alertan que si no se efectúa ese traslado, el derecho a la salud estaría gravemente comprometido para la segunda mitad del año, cuando se presenta un contexto fiscal adverso con “recortes y aplazamientos adicionales”. Y que a pesar de que se realicen los giros, eso no solucionaría la insuficiencia de los presupuestos máximos.

Recordaron una sentencia de la Corte Constitucional ha señalado que es obligación del Estado garantizar el aseguramiento financiero.

Dicen que de no llevarse a cabo ese traslado presupuestal al Ministerio de Salud se estaría incumpliendo el “mandato legal”. “Por consiguiente, es fundamental apropiar los recursos necesarios para garantizar el pago completo de UPC y presupuestos máximos de 2024″, afirmaron.

Los economistas y expertos generaron una alerta por una comunicación del Ministerio de Hacienda en la que esa cartera reconoce que la destinación de los presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado, con lo cual no están de acuerdo porque debe ser una prioridad.

La carta está firmada por el exalcalde Enrique Peñalosa, el economista Eduardo Lora, el senador Humberto de la Calle, el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, el economista Salomón Kalmanovitz, la exministra de Transporte Ángela María Orozco, el exministro de Comercio José Manuel Restrepo, el exministro de Salud Fernando Ruiz, entre otros.