Fuerte respuesta de Alcaldía de Bogotá a Minjusticia: es por las “excusas” del Gobierno que hacinamiento e impunidad “siguen creciendo”

Un verdadero revuelo causaron en el Gobierno nacional las declaraciones que entregó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el marco del lanzamiento del nuevo comando élite multicrimen para combatir las estructuras delincuenciales en la capital del país.

En una arremetida, no solo en contra del Gobierno nacional, sino también en contra del presidente Gustavo Petro por el fracaso del cese al fuego, la mandataria distrital aprovechó para culpar al Ministerio de Justicia del hacinamiento que hay en las URIS y las estaciones de Policía en la ciudad e indicó que el Gobierno engaña a la Corte Constitucional.

“Le hago un llamado a este Gobierno nacional de que no perpetúe la política de trampa que venía desde el gobierno anterior, a los señores magistrados de la Corte Constitucional los están engañando desde el Ministerio de Justicia, les dicen que están cumpliendo la sentencia de deshacinamiento de las cárceles, pero la están cumpliendo a costa de dejar a los criminales libres y atracando a los ciudadanos o a costa de hacinar deliberadamente porque no reciben los presos de las URI y las estaciones, eso es trampa”, fueron las palabras de la alcaldesa.

Ante esas declaraciones, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió a cuestionar lo dicho por la alcaldesa López y tildó de “inaceptable” la acusación de la mandataria distrital.

“Son inaceptables las acusaciones que me hace la alcaldesa, jamás hemos engañado a la Corte Constitucional, jamás hemos hecho trampa; esas palabras fuertes no corresponden a ninguna realidad”, indicó el ministro en un principio, en diálogo con Caracol Radio.

No obstante, el funcionario sí reconoció que hay un problema de hacinamiento en el país. “En las cárceles nacionales, en las municipales, en todas, porque hay más personas detenidas de los cupos que tenemos”, sostuvo.

El ministro explicó además que “la ley, no este Gobierno, distribuye las cargas en esa materia del siguiente modo: personas condenadas o sindicados de alta complejidad están a cargo de las cárceles nacionales y detenidos preventivamente a cargo de los municipios y quisiera decir que entre agosto de 2022 y el día de ayer, el Inpec ha recibido 2.059 personas privadas de la libertad sindicadas en Bogotá a cárceles nacionales”.

A pesar de ello, el ministro Ozuna subrayó que se debe hacer mucho más en la materia. “Tenemos que modificar la política penal y penitenciaria, tenemos que vigilar esa forma de cómo se van ampliando estos cupos y ahí vamos”, dijo.

Pues bien, la Secretaría Distrital de Seguridad en Bogotá no dudó en responderle al ministro de Justicia y señaló que es por las “excusas” del Gobierno, que el hacinamiento y la impunidad “siguen creciendo”.

La Secretaría contextualizó que “en el mes de abril de 2021 la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la Uspec firmaron el Convenio 1127 para la construcción de la Cárcel Distrital II”.

Y advirtió que “el único compromiso que tiene que cumplir el Gobierno Nacional dentro del convenio firmado es la entrega de una porción del predio La Picota para iniciar la construcción del penal, entrega que hasta el momento no se ha hecho”.

En ese sentido, la entidad distrital puntualizó de manera tajante que “las excusas del Gobierno Nacional no han permitido que el proyecto avance y año tras año han aplazado este compromiso que tiene con los bogotanos, mientras el hacinamiento y la impunidad siguen creciendo”.

La Secretaría argumentó su posición en cifras: “En 2019 Bogotá tenía una población privada de la libertad de 1.300 personas y luego de la medida tomada por el gobierno anterior de cerrar las cárceles nacionales, a raíz de la pandemia, el hacinamiento en estaciones y URIS se incrementó en un 200 %, mientras que en las cárceles nacionales se disminuyó en un 50 %”.

En ese sentido, la Secretaría reiteró lo dicho por la alcaldesa López: “Ese supuesto deshacinamiento de cárceles nacionales ordenado por la Corte Constitucional se está haciendo deliberadamente desde el gobierno pasado al no recibir personas privadas de la libertad en esas cárceles a costa de hacinar las URIS y estaciones de Policía, un claro acto desleal contra los alcaldes de Colombia”.

Finalmente, la Secretaría concluyó advirtiendo que “en esta Alcaldía no negociamos con delincuentes, el lugar donde deben estar es en la cárcel, no en las calles. Nuestra lucha es contra la impunidad. Confiamos en las instituciones y en la justicia para que aquellos que ponen en riesgo la seguridad de los bogotanos paguen por sus delitos”.