Fuerte respuesta del fiscal Francisco Barbosa al presidente Gustavo Petro: “Los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que cumplan ningún tipo de requisito”

El fiscal Francisco Barbosa, en una fuerte declaración dada a SEMANA, le respondió al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó que el ente acusador no convocara una mesa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y citara a declarar al director de esa entidad, Daniel Rojas, para que entregue información sobre la presunta corrupción en el manejo del inventario de bienes de esa entidad.

“No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia”, sostuvo Petro.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa respondió: “Aquí los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que cumplan ningún tipo de requisito y evitar así la extradición a Estados Unidos, pasando por encima de la ley”.

El fiscal señaló que siempre ha estado dispuesto a una colaboración institucional con las demás ramas del poder público.

“He repetido en múltiples oportunidades que hay colaboración armónica y sigo estando abierto para poder ayudar en lo que se pueda, en el marco de mis competencias, pero aquí hay separación de poderes”, señaló.

Sobre las declaraciones del presidente Petro, el fiscal Barbosa lanzó una seria advertencia: “El fiscal siente amenazada la independencia de la justicia en Colombia. Esas intromisiones generan una perturbación en el ejercicio de mis funciones”.

“La Constitución tiene unos límites y el fiscal actúa con base en sus competencias, hemos dicho que no firmamos el levantamiento de esas órdenes de captura con fines de extradición y no lo haremos”, agregó.

La Fiscalía le dijo no al presidente Gustavo Petro y se negó a levantar las órdenes de captura contra 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca

La Fiscalía General de la Nación se negó a suspender las órdenes de captura y a dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.

En un documento de siete páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, y firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dice al comisionado de paz, Danilo Rueda: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe señalar que el criterio de la Fiscalía expuesto en esta respuesta se plantea sin perjuicio de la autonomía e independencia de los jueces de la república al momento de pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura”.

Se trata de 16 criminales, entre los que están alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo, y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado dirigir a Los Pachenca.

Para la Fiscalía, la petición del Gobierno Petro no procede porque estos criminales forman parte de Grupos Armados Organizados (GAO) “sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Cabe aclarar que las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de acuerdo con lo previsto en la Ley 2272 de 2022″.

Además, explica la Fiscalía: “Los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios. Lo anterior, en la medida en que el reconocimiento de un estatus político es excepcional, mientras que el sometimiento a la justicia es la regla general. Una interpretación diferente conllevaría desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes (como se verá a continuación) y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”.

El ente acusador señala: “No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “[v]elar por la protección de las víctimas”. Por ello, la postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”.

“Por último, el que un fiscal general de la nación pueda suspender medidas penales tomadas por jueces de la República es una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial. Por tanto, se trata de una regla de interpretación y aplicación restrictiva, que debe ceder ante la Constitución en cualquier caso de duda. Dado que es razonable plantear que la competencia del fiscal no fue concebida para aplicarse frente a estructuras que no tengan o a las que no se les pueda reconocer estatus político, el Gobierno Nacional deberá pedir la concesión de tales beneficios a los jueces de la república competentes, tal y como lo prescribe el parágrafo 2º del artículo 511 de la Ley 2272 de 2022″, agrega la Fiscalía.

“A juicio del ente acusador, no es procedente que el fiscal general ejerza esa competencia frente a integrantes de estructuras criminales que, de acuerdo [con] los fundamentos jurídicos señalados, carezcan de estatus político, como las AGC. Las reglas para suspender órdenes de captura a miembros de grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos en los que se pactarían acuerdos de paz no son las mismas que rigen para estructuras criminales con vocación de sometimiento a la justicia. Frente a las primeras, es razonable centralizar en el fiscal general de la nación, pilar de la política criminal en Colombia, la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”, dice la comunicación.