Fuerte tensión en mesa de negociación estatal: sindicatos reprochan al Gobierno Petro por su ‘baja’ propuesta de aumento salarial

Desde el pasado jueves 9 de marzo, los representantes de las organizaciones sindicales de los empleados públicos y el Gobierno nacional instalaron la Mesa de Negociación del Sector Público, un espacio de diálogo y concertación en el que se acordarán medidas para beneficiar a los más de 1,3 millones de empleados públicos en el país.

Uno de los puntos trascendentales de la mesa es el aumento salarial de estos empleados públicos y esa discusión estaba establecida para iniciarse este martes 25 de abril, en las instalaciones del Departamento de la Función Pública, pero en vez de llegar a un acuerdo, la reunión se convirtió en una especie de batalla campal.

Los trabajadores públicos, representados principalmente en la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), en la Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y la Federación Nacional Estatal Únete, habían acordado previamente solicitarle al Gobierno nacional un aumento salarial para este 2023, retroactivo desde el primero de enero, del 18,12 %, es decir, un aumento del IPC (que fue de 13,12 %) más un 5 % adicional.

No obstante, en el encuentro pactado para hoy, el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández Jiménez, les hizo una propuesta mucho menor a la que los sindicatos plantearon: les ofreció un aumento salarial del IPC (13,12 %) más 0,55 %, para un total de 13,67 %.

Al presentar la propuesta, el viceministro Hernández expuso cómo quedaría el aumento salarial de los empleados públicos con el escenario planteado.

La propuesta del Gobierno cayó como un completo baldado de agua fría entre los sindicalistas, quienes empezaron a interrumpir la presentación del viceministro Hernández, y en varias ocasiones alzaron la voz gritando arengas como “huelga, huelga, huelga”.

Le argumentaban al viceministro técnico que la propuesta que presentó es bastante baja para las condiciones económicas que enfrentan hoy en día por la disparada de la inflación en el país, la cual ha seguido aumentando en lo que va corrido de 2023 y le exigieron un mejor trato para los 1,3 millones de empleados públicos.

En uno de los momentos de su exposición, el viceministro Hernández señaló que lo que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro es direccionar recursos a quienes realmente más lo necesitan.

“Quiero justificar el porqué de la propuesta. En primer lugar, no es un asunto de defender al Ministerio de Hacienda, es un asunto de defender el cambio que tenemos en muchos frentes, porque este es el gobierno del cambio en lo pensional, en la salud, en la reforma agraria”, aseguró el funcionario.

Y agregó: “No se trata de decir que la situación de los servidores públicos sea una situación deseable en este país, pero se trata también que en este trabajo de concertación reconozcamos quiénes son los más necesitados y que los recursos de ese Presupuesto General de la Nación los estamos intentando reenfocar para atander esas necesidades que son prioritarias y por la que la mayoría de los colombianos votamos por Gustavo Petro”.

En ese sentido, el viceministro de Hacienda puntualizó que “aquí se trata de conseguir recursos para poder atender al 40 % de la población que viva en pobreza, que son colombianos que no alcanzan ni a recibir 10.000 pesos diarios para subsistir”.

A pesar de las explicaciones del viceministro Hernández, la tensión entre los sindicalistas se exacerbó a tal punto que el encuentro de hoy tuvo que ser suspendido.

Otros de los temas relacionados por las organizaciones sindicales en sus pliegos, plantean puntos sobre la relación entre empleados y entidades públicas, garantías sindicales, bienestar social, capacitaciones, entre otros.

La mesa de negociación está conformada por representantes de las organizaciones sindicales, por un lado, y en representación del Gobierno nacional los ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Función Pública (DAFP).

Lo que llama la atención de la propuesta hecha por el Ministerio de Hacienda es que cuando se instaló la mesa, el Gobierno dijo que “para Función Pública, y el Gobierno nacional, el bienestar de los empleados públicos es una prioridad, pues son el corazón de las administraciones públicas, y son el eje transformador para la consolidación de la paz total y de hacer a Colombia potencia mundial de la vida”.

Vale recordar que el salario mínimo para 2023, tras un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de trabajadores, quedó en 1.160.000 pesos, sin contar el auxilio de transporte. Esto supone un aumento del IPC (13,12 %) más 2,88 %.

Molestia con el viceministro del Trabajo

El de hoy martes no ha sido el único roce que se ha presentado entre los sindicatos de trabajadores y funcionarios del Gobierno nacional en el marco de la Mesa de Negociación del Sector Público, pues vale recordar que el pasado viernes 17 de marzo se presentó un hecho que molestó a algunos de los sindicatos que hacen parte de dicha mesa, dado que el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, se levantó de la misma, debido a unos cuestionamientos que le fueron hechos.

Una fuente conocida por SEMANA que estaba en la reunión y prefirió mantener su nombre bajo reserva explicó que en la mesa se deben tener en cuenta cada una de las solicitudes que hizo cada organización sindical, se sientan a analizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público.

“Esto es un contexto de diálogo social que está reglamentado en el que los trabajadores negocian con los gobiernos las mejoras en las condiciones laborales. El conflicto está en que de las ocho organizaciones sindicales, tres son tradicionales (CUT, CGT y CNT), pero surgieron otras cinco”, dijo.

Sin embargo, denunció que el Gobierno nacional limitó el diálogo social, la construcción de las reformas laboral y pensional, únicamente a esas tres organizaciones sindicales, desconociendo a las demás. Entonces durante la instalación de esa mesa de negociación, uno de los primeros reclamos fue que no se escucharon todas las voces para construir la reforma.

Después de eso se cuestionaba el origen de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el viceministro, porque ellos fueron directivos durante toda su vida de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y “evidentemente tienen un sesgo frente a su comportamiento de la manera en la que actúan en esos espacios de diálogos social”.

“Consideramos que no es parcial y que el señor no es objetivo en el proceso de diálogo, por lo que la balanza está inclinada hacia su organización y hay un conflicto de intereses. Cuando se le reclamó eso, se levantó de la mesa, y ese es un principio básico de esos espacios”, contó en su momento la fuente a SEMANA.

El hecho ocurrió en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá. Normalmente, las reuniones se están realizando allí o en la sede de Función Pública.

“Lo que se está reclamando es que no hay parcialidad, hay un conflicto de intereses y el señor no puede representar a una organización sindical y al Gobierno al mismo tiempo, precisamente porque en eso consiste la concertación, en que son dos partes diferentes que se unen para llegar a un acuerdo. Pero sencillamente se retiró y se supone que estamos en un Gobierno que dialoga, no en uno que se retira y silencia a las otras organizaciones, que discrimina”, dijo la fuente.

“La reforma la han construido unos pocos que son amigos del Gobierno porque no les interesa tener otros contradictores. Y ahora estamos con el tema de la negociación y la reforma laboral, y ellos se levantan y se van”, puntualizó.