Fuertes reparos a la nueva reforma tributaria de Petro: “Está diseñada para financiar la campaña de reelección”

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla radicó ayer martes 10 de septiembre, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro, esta vez con el fin de ajustar las cuentas para poder financiar el presupuesto del año entrante, estipulado inicialmente en 523 billones de pesos.

La iniciativa, que en este caso se conoce como Ley de financiamiento, propone, entre otras cosas, reducir el impuesto de renta para las empresas, diferenciando por el tamaño de estas. Así, la tarifa general bajaría gradualmente de 35 a 30 %, y hasta 27 % para las micro, pequeñas y medianas firmas.

De otro lado, también se ajustaría la tarifa del IVA para productos o servicios que hoy no lo pagan, como las apuestas deportivas en línea o los servicios de hospedaje en casas particulares, tipo Airbnb, o productos que tienen una tarifa inferior a la general, como los carros híbridos que pagan 5 % y se subiría al 19 %.

En total, con esta nueva reforma tributaria, el Gobierno nacional busca recaudar un total de 12 billones de pesos.

Tras conocerse el contenido de esta nueva reforma tributaria, también llegaron los cuestionamientos al proyecto de ley. Uno de esos reparos estuvo a cargo del senador de Cambio Radical, David Luna, quien alertó que esta ley de financiamiento “está diseñada para financiar la campaña de reelección”.

“Aquí está la prueba de que la reforma tributaria está diseñada exclusivamente para que el Gobierno Petro financie su campaña de reelección con nuestros impuestos. Miren este cuadro y la cifra de recaudo para cada año: Todo se concentra en 2025 con 11.8 billones. ¿Y el resto de los años? Nada. ¿Coincidencia? No lo creo”, sostuvo Luna en su cuenta de X.

Por otro lado, el senador del Partido Conservador, Mauricio Giraldo, cuestionó que esta reforma no ataque el derroche de este gobierno.

“Esta propuesta es un retroceso para Colombia y un golpe a la inversión privada”, dijo el congresista, quien explicó que con este proyecto de ley, “se busca tapar un hueco fiscal enorme con más impuestos, sin atacar la raíz del problema: el gasto desmedido del gobierno”.

Para Giraldo, esta reforma tributaria “asfixia a las empresas, las obligan a pagar impuestos sobre unas ganancias que tal vez no tengan. Esto desanima a quienes quieren iniciar su propio negocio”.

El senador puntualizó que “las pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra economía. Aumentarles los impuestos las asfixia y las lleva a cerrar”, y agregó que “funcionar formalmente puede resultar mucho más caro para las empresas con esta reforma, eso estimula la informalidad, lo que a la larga son menos recursos para educación, salud y otros servicios públicos”.

Por otro lado, Giraldo cuestionó los impuestos a los combustibles: “Carga más impuestos a gasolina, ACPM y gas. ¿Y la promesa de precios bajos dónde quedó? El gobierno sigue sumándole aumentos a lo que debería restarle porque impacta la economía del hogar”, cuestionó.

Para el senador, más allá de establecer nuevos impuestos, la solución es la austeridad del gobierno. “Antes de cargarle más impuestos a los colombianos, el gobierno debe reducir sus gastos excesivos, priorizar lo social y dejar el derroche”, indicó.

“Necesitamos un gobierno que sea responsable con el dinero de todos los colombianos, que fomente el crecimiento económico, y no que lo ahogue a hogares y empresas con más impuestos”, subrayó Giraldo.

La radicación de la Ley de financiamiento llegó en un momento crítico para las finanzas públicas pues está dentro de las fechas límites para la aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2025, el cual deber ser avalado por el Legislativo antes del 15 de septiembre o —de lo contrario— el gobierno lo podría aprobar por decreto.

Varios congresistas se han negado a darle su respaldo a un presupuesto de 523 billones de pesos, pues no solo consideran que está desfinanciado (se habla de un faltante de 12 y hasta de 40 billones de pesos), sino que creen que con el dinero que tienen las entidades públicas guardado en las fiduciarias sería suficiente para atender las necesidades del Estado. A eso se suma su preocupación por la baja ejecución, lo cual les hace preguntarse si es necesario buscar nuevos recursos, cuando no se ha usado la totalidad de los que ya se tienen.