Política
Funcionaria del Gobierno Petro enciende polémica: propone que periodistas sean sometidos al polígrafo, ¿ataque a la prensa?
Según varios sectores, la particular iniciativa olvida que en Colombia se debe respetar la libertad de prensa por mandato constitucional.
Una peculiar propuesta lanzó una funcionaria del Gobierno que atentaría contra la libertad de prensa en Colombia, al impulsar una peligrosa iniciativa: someter al polígrafo a los periodistas en el país.
Se trata de la misma práctica que tiene en el ojo del huracán a Laura Sarabia, exjefa de Despacho de la Casa de Nariño, ya que esa prueba se le realizó a su exniñera Marelbys Meza.
Ahora fue la gerente general de Artesanías de Colombia, Adriana María Mejía, quien por medio de su cuenta personal de Twitter está impulsando el #PeriodistasAlPolígrafo, pidiendo un retuit al polémico mensaje.
“#PeriodistasAlPolígrafo ¿No es ni mala idea verdad? Nos permitiría saber q tan veraces son sus investigaciones y la información”, trinó la funcionaria del gobierno del Pacto Histórico.
#PeriodistasAlPolígrafo
— Adriana María Mejía Aguado (@ammejiaaguado) June 4, 2023
¿No es ni mala idea verdad?
Nos permitiría saber q tan veraces son sus investigaciones y la información.#RT@DanielSamperO @VickyDavilaH @vanedelatorre @NestorMoralesC @lcvelez@darcyquinnr@GustavoRugeles @CGurisattiNTN24 @fdbedout@DCoronell
Sin embargo, varios periodistas se pronunciaron rechazando tajantemente esa propuesta que lanzó la funcionaria del Gobierno nacional.
¿Te parece si arrancas tú que manejas recursos públicos? ¿Cómo va artesanías de Colombia? https://t.co/bpmdDIau8s
— Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) June 4, 2023
Y se conocieron otros mensajes.
Querida gerente: ¿Por qué lado se entra al sótano de Artesanías de Colombia?
— GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) June 4, 2023
¿Quién ordenó las chuzadas? Estas son las pistas desconocidas de la Fiscalía en el escándalo de Laura Sarabia. Un general retirado y el jefe de Casa Militar están en la mira
Ocho días completa la crisis más aguda que ha tenido que afrontar el presidente Gustavo Petro en sus diez meses de mandato. En cuestión de horas, el escándalo desatado por las graves denuncias de la niñera Marelbys Meza en SEMANA derivó en las alarmantes revelaciones de la Fiscalía que apuntan a que integrantes de la Dijín interceptaron ilegalmente no solo a Marelbys, sino también a Fabiola, otra humilde mujer que trabajaba en la casa de Laura Sarabia, jefa de gabinete.
El país se escandalizó al conocer que la niñera fue sometida al polígrafo de la Casa de Nariño sin ser funcionaria. Según su relato, tres hombres la mantuvieron incomunicada durante cuatro horas en un sótano ubicado en un edificio al frente de la Presidencia. Allí habría recibido amenazas y presiones para que confesara que se robó una fuerte suma de dinero de un maletín en la casa de Sarabia. Se ha hablado de 3.500 dólares, 7.000 dólares y hasta de 150 millones de pesos en efectivo. Las versiones más audaces se atreven a hablar de sumas mayores.
El escándalo ya tumbó a Sarabia, mano derecha del presidente, y se llevó por delante al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien se convirtió en la sombra de Petro en la pasada campaña electoral y fue fundamental para el triunfo en las urnas. Hoy, todo el país quiere saber las respuestas a estas preguntas: ¿quién ordenó las chuzadas?, y ¿por qué intentaron convertir un robo doméstico en un asunto de seguridad nacional que incluso ponía en riesgo la integridad de Petro y Francia Márquez? La Fiscalía argumenta que todo lo que hicieron fue solo para recuperar el dinero y que el episodio nada tenía que ver con riesgos para el país.
“Las chuzadas regresaron a Colombia”, advirtió el fiscal Francisco Barbosa, quien comparó lo ocurrido con los crímenes que cometieron el DAS y el F-2, ya extintos. Por eso, la inquietud que surge es si este es un episodio aislado o es apenas la punta del iceberg de una repudiable práctica que ya se habría instalado en el Gobierno Petro para perseguir a opositores, periodistas y todo aquel que piense distinto al presidente. Ante las evidencias de la Fiscalía, y visiblemente molesto, Petro se negó a aceptar que, bajo su administración, se esté chuzando.
Tan pronto estalló este escándalo, el pasado sábado 27 de mayo, tras la publicación de SEMANA, la Casa de Nariño se convirtió en un infierno. El presidente guardó un extraño silencio frente al tema, habló de un “golpe blando” y durante horas casó peleas en Twitter que incluso lo llevaron a recibir un fuerte jalón de orejas de parte del Consejo de Estado.
Las primeras pistas
Las investigaciones sobre este nuevo capítulo de chuzadas hasta ahora empiezan. SEMANA conoció que los fiscales buscan establecer si la sala usada para estas interceptaciones ilegales es una al servicio de la Dijín en la zona industrial de Bogotá. Además, indagan qué papel habría desempeñado un general de la Policía en retiro, además de un coronel y un mayor activos. La Fiscalía ya llamó a interrogatorio a tres patrulleros y a un intendente de la Policía.
La lupa también está puesta sobre el coronel de la Policía Carlos Feria Buitrago, quien está a cargo de Casa Militar, la dependencia que se ocupa de la seguridad del presidente. Justamente, Laura Sarabia actuaba como jefa directa del coronel Feria, según las funciones otorgadas en el decreto de su nombramiento. ¿Se desbordó el poder de ese despacho para hacer labores de espionaje? Hace pocas semanas, Sarabia reconoció en entrevista con El Tiempo que quería ser presidenta.
Pero allí no para todo. Una de las líneas de la investigación apunta al llamado Grupo Especial contra Estructuras de Delincuencia Organizada (Gredo), adscrito a la Dijín de la Policía. Desde allí, al parecer, se habría engañado a la Fiscalía con información falsa sobre quiénes eran realmente Marelbys Meza y Fabiola. A ambas las describieron con los alias de la Cocinera y la Madrina, y como integrantes de la peligrosa organización criminal del Clan del Golfo.
Además de chuzarlas, y sustentados en un falso prontuario, ambas mujeres se convirtieron automáticamente en objetivo militar para la fuerza pública. Es fácil pensar que alguien quería ir más allá y callarlas. Otra pregunta a resolver es: ¿por qué no se tramitó esta información abiertamente desde Bogotá y acudieron a un fiscal en el Chocó que, según el fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Vera, fue usado y engañado?
Paradójicamente, mientras el presidente Petro ha arremetido contra el fiscal Barbosa, porque supuestamente no ha avanzado en las investigaciones por los presuntos homicidios cometidos por el Clan del Golfo, las chuzadas descubiertas se hicieron camuflando los nombres de la niñera y la empleada como integrantes de esa organización criminal en una investigación contra alias Siopas, quien fue asesinado en una vendetta en abril.