Funcionario del Ministerio del Trabajo asegura haber sido testigo de presuntas irregularidades: “Hay una persecución hacia mí”

El Ministerio del Trabajo se encarga de vigilar los centros de Entrenamiento para Trabajo en Alturas, que son los lugares en los que los trabajadores se certifican para subirse en andamios, escaleras o plataformas para labores de construcción, limpieza de fachadas y mantenimiento en torres de telecomunicaciones, entre otras actividades.

En la administración de Gloria Inés Ramírez surgen denuncias sobre posible venta de certificaciones sin la formación necesaria, lo cual podría poner en riesgo la vida de los trabajadores en todo el país.

El gremio de los centros de entrenamiento le pide al Ministerio, en especial a Judy Viviana Caldas, directora de Movilidad y Formación para el Trabajo, que tome acciones, pero aseguran que no les han dado respuesta.

“La venta de certificados está totalmente disparada, teniendo en cuenta que la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio no está ejecutando una labor. Todos los centros de formación que viven vendiendo certificados lo están haciendo como quieren. No hay control. Esto dispara la accidentalidad”, dijo Juan Pablo Valencia, vocero de los centros denunciantes y representante de las asociaciones de Colombia.

Este testimonio es respaldado por Pedro Ruiz, inspector de Trabajo y Seguridad Social de la Dirección de Movilidad y Formación en el Trabajo, quien confirma la problemática y la inacción del Ministerio.

“Hemos evidenciado unas presuntas irregularidades en los centros de formación por la expedición de certificados sin cumplir con requisitos que establece la ley, como es la presunta venta de certificados”, manifestó.

Y agregó: “No se ha visto una actuación inmediata para frenar todas estas presuntas irregularidades que estamos denunciando”. Dijo que su jefa tiene conocimiento de sus hallazgos y de las alertas del gremio, pero no ha hecho nada al respecto.

“Cuando hay malas prácticas presentamos un reporte con las evidencias y la dirección es la que toma la decisión. Me quitaron el acceso del aplicativo de centros de entrenamiento, no puedo suspenderlas. Anteriormente, apenas se hacía la visita, se entraba en el aplicativo para tomar acciones preventivas para no poner vidas en riesgo. No hay garantías”, explicó.

Y contó cómo en 2023 deshabilitó un centro de formación en Villavicencio por supuestas irregularidades al encontrar que el entrenador “al parecer anexó documentos que se presumen ilegales”. Luego murió un trabajador certificado por ellos, pero la directora de Movilidad decidió habilitarlo.

“He tenido inconvenientes con tres centros. Ha sido una férrea opositora de que se mantengan suspendidos. Es la directora y es quien toma las decisiones”, indicó.

Finalmente, Ruiz concluye que existe “persecución” en su contra: “Mi trabajo ha sido transparente, bajo los principios de la función pública. Se me retuvieron los salarios. No me han pagado julio, las primas y agosto”.

La directora de Movilidad y Formación para el Trabajo le respondió a SEMANA las dudas frente a su gestión. Primero aclaró que habilitó el centro de aprendizaje en Villavicencio por “fallos de tutela adversos al Ministerio por falta de respuesta justamente del funcionario”.

Manifestó que, debido a la huelga en el Ministerio, se le dejó de pagar al funcionario: “Por indicación de la Procuraduría y Contraloría no es posible pagar salarios con recursos públicos cuando no hay prestación del servicio y se incurriría en un acto de enriquecimiento ilícito”.

Y aseguró que lo valoró de forma negativa por su “contestación extemporánea de múltiples derechos de petición, y la ausencia de informes respecto de sus objetivos y resultados concertados al inicio del año”.

Sobre la vigilancia a lo que hacen los centros de entrenamiento, aseguró que “la afirmación es falsa” y que “desde la dirección se efectúan auditorías y visitas”.