Funcionarios de la Contraloría llegaron hasta la sede del DPS para realizar inspección por el caso de ‘Las Marionetas’

En horas de la tarde de este martes, 30 de enero, se registró un movimiento inusual en las oficinas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en Bogotá. Hasta la sede de la entidad llegaron agentes de la Policía judicial y de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría con el objetivo de recabar información sobre el caso conocido como ‘Las Marionetas’, que lleva el nombre por el caso del fallecido excongresista Mario Castaño y su poderosa red de corrupción, y que implica, presuntamente, a seis congresistas elegidos para este período. Uno de ellos ya se encuentra detenido.

El contralor general encargado en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se refirió a ese procedimiento. “Hoy también hemos ordenado, a través de la URI, reacción inmediata de la Contraloría, de la Diari, una verificación y una solicitud de información ‘in situ’ en el DPS de todos los contratos que han estado cuestionados en estas investigaciones que también adelanta la Fiscalía General de la Nación, con el único propósito de identificar si esos contratos se ejecutaron de manera adecuada y correcta”, aseguró Zuluaga.

El contralor afirmó que lo que se busca con esto es verificar los asuntos fiscales relacionados al caso para indagar si puede haber detrimento patrimonial, irregularidades de ejecución, sobrecostos, contrataciones indebidas y que las obras hayan sido entregadas.

Por su parte, Zuluaga dijo que se quiere verificar el comportamiento de los contratos que han despertado polémica en este caso a raíz de las denuncias que se han conocido. “Con el fin de que podamos conocer los informes y toda la información contractual y precontractual que le permita a la Contraloría identificar si en estos hechos que están hoy siendo investigados también por la Fiscalía se asume o no una responsabilidad fiscal durante la ejecución de estos recursos”, aseguró.

El hecho de corrupción que investiga la Fiscalía tiene relación con el caso del exsenador Mario Castaño, quien falleció detenido en la cárcel La Picota tras sufrir un infarto. Igualmente, están siendo investigados los senadores Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto. El senador Ciro Ramírez ya se encuentra detenido.

SEMANA reveló cómo operaría ese entramado que tiene en la mira a estos congresistas. “No se buscó satisfacer ese bienestar general, lo que se buscó fue satisfacer los intereses particulares de los respectivos senadores de la República”, aseguró la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción que investiga el caso.

Por su parte, una de las fichas clave del entramado es el exdirector del DPS, Pierre Eugenio García Jacquier, sobre quien no se conoce paradero y cuenta con circular roja de Interpol. García, luego de un largo silencio, se refirió a este caso y aseguró que supuestamente sería víctima de un falso testigo en su contra.

“Aportaré pruebas y argumentos que demuestran mi inocencia y la no ocurrencia de los hechos relatados por la Fiscalía. Vengo a rechazar categóricamente las indicaciones de la Fiscalía”, dijo.

Igualmente, aseguró que los hallazgos de la Fiscalía serían “meras inferencias sin escenario de haber sido determinador en un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares”, dijo. Y rechazo “haber pertenecido a lo que la Fiscalía llamó como un grupo delincuencial organizado”.

García afirmó que acudía ante el estrado judicial para defender “mi nombre, mi honra y mi libertad”. “De ninguna manera puedo aceptar las afirmaciones que durante días hizo la Fiscalía. Es inaudito que se me acuse de un entramado de corrupción de miles de millones de pesos cuando la evidencia que reposa en el expediente y que trajo mi defensa demuestran que no se perdió un solo peso del presupuesto nacional”, agregó.

La Fiscalía General, a finales de 2023, le imputó a García Jaquier los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Tras la imputación, el exfuncionario rechazó los cargos y aseguró que es inocente.