Funcionarios, servidores públicos y contratistas tendrán que volver a publicar su declaración de renta tras decisión judicial

En los últimos días se generó un gran debate por la publicación de la declaración de renta de los funcionarios públicos que, según la ley, era obligatoria. Sin embargo, por unos cambios que se hicieron en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se quitó esa obligatoriedad.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, compartió un documento en el que el Departamento Administrativo de la Función Pública le comunicó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que los funcionarios, contratistas y servidores públicos deberán volver a publicar su declaración de renta.

Según Briceño, esto se produce en medio de una acción de cumplimiento que interpuso para que desde las entidades del Gobierno se cumpla la ley.

En los últimos días se generó el debate porque el exsenador y director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar no publicó su declaración de renta. El tema es que el funcionario del Gobierno le habría traspasado a su hijo una propiedad en Miami, la cual generó un amplio debate ya que fue ‘vendida’ por un valor simbólico de 10 dólares cuando su avalúo puede sobrepasar los 3 millones de dólares.

Briceño había presentado una solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la que pretendía conocer la declaración de renta de Bolívar, a lo cual el exsenador no ha accedido. El director de Prosperidad Social radicó una tutela en contra del magistrado Felipe Solarte, de ese tribunal, por fallar a favor de Briceño.

¿Por qué cambió la norma? Se trata de la Ley 2013 de 2019 con la que se estableció que todos los funcionarios públicos deben publicar sus declaraciones de renta mientras estén en ejercicio. Esto se ha seguido cumpliendo en el sentido de que deben entregarlas a la Función Pública; sin embargo, no se están dejando abiertas para quien quiera consultarlas.

En febrero de 2022 y en febrero de 2023 se expidieron estos documentos que hicieron los cambios para que los ciudadanos no puedan consultar las declaraciones de renta de los funcionarios, con el argumento de que se trataría de información “semiprivada”, a pesar de sus cargos.

Uno de los principales reclamos que se ha hecho es que Bolívar en el pasado era uno de los que más pedía transparencia de los servidores públicos para evitar dudas y cualquier acto de corrupción.

Sobre el tema de la casa en Miami, el exsenador ha dicho que hizo la transferencia en calidad de ciudadano estadounidense –como lo es su hijo– para gestionar una hipoteca y poder pagar deudas que tiene el director del DPS como consecuencia de la política y por la que le habría pagado a la Dian 4.000 millones de pesos en dos acuerdos de pago consecutivos.

“Mi hijo hizo la hipoteca por 1,69 millones de dólares, porque yo no podía hacerla y apenas la hizo le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50 %. Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la Dian. Desde junio la casa se puso a nombre de una empresa de la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales”, aseguró Bolívar.