Gabriel Calle, candidato a la Gobernación de Córdoba, propone “justicia social” y cuenta de su amistad “de vieja data” con el Ñoño Elías

SEMANA: ¿Cómo describiría el actual ambiente político en Córdoba?

Gabriel Calle (G.C.): En el contexto político, hoy Córdoba tiene dos tendencias que aspiran a la gobernación. Una representa la mafia política tradicional del departamento, el mismo grupo que viene gobernando Córdoba hace más de 12 años. Simplemente ha cambiado en rostros. La otra tendencia es una alternativa de cambio que se construyó por primera vez a través de un movimiento ciudadano. A través de firmas inscribí mi candidatura, alejado de las maquinarias políticas tradicionales.

SEMANA: ¿Qué problemáticas enfrenta actualmente el departamento?

G.C.: Córdoba tiene muchos problemas en materia de justicia social. El departamento no ha podido superar las brechas de desigualdad, por lo que tiene graves problemas en servicios de salud, agua potable, servicio de alcantarillado y generación de empleo. Los índices de Córdoba son muy amplios cuando se refiere a la carencia de algo y bajos cuando se refiere a la eficiencia. Por ejemplo, Córdoba tiene una inseguridad alimentaria del 66 %. El 66 % de los hogares cordobeses comen uno o máximo dos platos de comida al día y de mala calidad. También tenemos los problemas del agua potable. No llega a los territorios, a pesar de millonarias inversiones en ese importante sector.

Córdoba no tiene posibilidad de formar médicos de personas humildes. La única forma de ser médico en Córdoba es pagar 25 millones de pesos por semestre a la única universidad privada que puede formar ese personal. Esto se refleja en que no haya prestación del servicio de salud, especialmente en zonas rurales y apartadas. Son todas esas situaciones las que precisamente nosotros hemos englobado en el programa de gobierno, es algo que se llama el pacto por lo básico. Es garantizarle al departamento las condiciones mínimas para que no haya esas brechas de desigualdad social que existen. Si bien hay riqueza en el departamento, esta no es invertida en las necesidades de la gente.

SEMANA: Es decir, el problema en Córdoba no es de plata.

G.C.: No es de plata. Claro que se requieren más recursos, pero el problema es la manera en la que se ejecutan esos recursos. El departamento tiene un Plan de Alimentación Escolar que se ejecutó este año con más de 120 mil millones de pesos. Desde el 30 de mayo no se le brinda un plato de comida a un niño de Córdoba. Adicional a eso, ese plan lo viene manejando el mismo contratista hace más de 10 años. Se han visto en medios las fotos de las comidas. Vemos eso, pero el contratista sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque financia las campañas políticas a la gobernación de los últimos 12 años. Por eso se sostiene con el contrato.

Además de eso, el plan comete un segundo crimen y es no comprarle a los campesinos del departamento. Si un campesino no encuentra a quién venderle, pues llega el intermediario y le compra a un precio muchísimo más barato y lo revende muchísimo más caro. ¿Qué genera? Que se encarezcan los productos de la canasta familiar en el casco urbano y que el campesino se empobrezca. Nuestra propuesta es quitarle el contrato al operador del PAE y entregárselo a las asociaciones de productores campesinos y a las Juntas de Acción Comunal para su ejecución. Vamos a demostrar que los recursos sí alcanzan para una buena alimentación, solo que se perdían por corrupción.

SEMANA: Los campesinos y las JAC podrían no tener la experiencia para ejecutar estos contratos. ¿Qué ha pensado para blindar la alimentación escolar de esta posible dificultad?

G.C.: La organización desde la base social de las Juntas de Acción Comunal debe ser apoyada y planificada desde el gobierno departamental. Por eso he propuesto un fondo de funcionamiento para que las JAC, una vez se elijan, puedan tener la posibilidad de legalizarse y registrarse para constituirse realmente en entidades administrativas que apoyen a los gobiernos locales. Eso va a permitir unas JAC fortalecidas, con capacidad, con experiencia y, en ese tema del PAE, sobre todo con la voluntad de hacer las cosas bien. No creo que un padre de familia, con el recurso para alimentar bien a sus hijos, prefiera no alimentarlos. Es sentido común y justicia social. Los campesinos también están bien organizados, pero no se les da la oportunidad de trabajar.

SEMANA: ¿Usted implementaría una reforma a la salud, tal como la piensa el Gobierno, a pequeña escala en Córdoba?

G.C.: Ese es un tema que depende del Congreso, no de un gobernante. El problema de la salud en Córdoba es que no hay médicos. La Universidad de Córdoba es una de las mejores en calidad a nivel nacional, pero no tiene una facultad de medicina. La tiene Sucre, que es más pequeño, Córdoba no la tiene. Que solo la Universidad del Sinú pueda formar médicos o médicas impide que el ciudadano humilde, que tiene a su hijo con ganas de ser médico, no lo puede hacer por temas económicos. Abrir la facultad de medicina de la Universidad de Córdoba es un pilar del proyecto que encabezo. A mí no me financian monopolios, mucho menos en educación pública. Eso me permite tener la libertad de, a través del apoyo del Gobierno nacional, aumentar la infraestructura física de la Universidad de Córdoba, fortalecer los centros médicos, para así tener la capacidad de aumentar el personal.

SEMANA: Usted también quiere convertir a Córdoba en un destino turístico. ¿Cómo piensa hacerlo?

G.C.: Para volver un departamento un destino turístico debe haber un atractivo turístico. El Eje Cafetero construyó el Parque Nacional del Café. En Córdoba se descubrió el maíz, en Momil se descubrió la primera mata de maíz. Un indígena descubrió que servía para el consumo humano. Tenemos una enorme producción en ese sector. Además, en Cereté son tradicionales productores de algodón. Esos son dos productos nacionales importantes. He propuesto, a través de una alianza público privada, la construcción del parque nacional del maíz y algodón. Necesita del apoyo del Gobierno nacional. Sé que al presidente le toca el corazón porque lo queremos hacer en Ciénaga de Oro, su pueblo natal, y en Cereté.

Así vamos a revolucionar y reactivar toda la producción agrícola de esa región, pero además se generará un atractivo turístico que implique un desarrollo hotelero. Eso va a permitir que pueda ser una realidad la internacionalización del aeropuerto Los Garzones.

Adicionalmente, si nosotros construimos, con el Gobierno nacional, una doble calzada de 124 kilómetros de Los Córdobas hasta Sucre, estaríamos generando desarrollo para todo el Caribe. Sería el proyecto de desarrollo turístico en costa más importante del país.

SEMANA: Los campesinos cordobeses denuncian el control de las AGC en algunos municipios y un recrudecimiento de la violencia en medio de los diálogos de la ‘paz total’. ¿Qué propone para acabar con esto?

G.C.: Es innegable que históricamente ha sido un departamento de violencia. No considero que la violencia se ha recrudecido. Creo que ha habido épocas muy fuertes, especialmente en el sur. Yo soy del sur de Córdoba, hemos vivido de cerca la violencia. Claramente, la forma de combatir la violencia es generando las oportunidades. La gente, por la falta de oportunidad, termina sometiéndose a participar en los grupos ilegales porque no hay otra fuente de empleo. Por supuesto, esto debe ir acompañado del pie de fuerza pública.

Sin embargo, en Tierralta no fueron grupos armados, sino militares los que amedrentaron a la población. Eso me preocupa mucho porque son situaciones donde la institucionalidad, que debe brindarle la seguridad a la ciudadanía, hace todo lo contrario. Creo que ahí hay un fin político de generar una zozobra para atacar el proyecto de cambio del presidente. Incluso, muchos medios locales se aceleraron a afirmar que eran disidencias de las Farc. Luego se demostró que eran militares. Eso busca generar desestabilización en las instituciones.

SEMANA: ¿Qué opina de las reformas sociales?

G.C.: Nosotros representamos las banderas de Gustavo Petro para cambiar el territorio. Creemos que Córdoba necesita ese cambio. Córdoba necesita reforma agraria, necesita la salud en los territorios, necesita educación gratuita. Este departamento no ha tenido la posibilidad de formar profesionales, eso es lo que busca este proyecto de cambio de Gustavo Petro. Cuando veo las reformas, me doy cuenta de lo cordobés que es el presidente. Eso es lo que necesita el territorio.

SEMANA: ¿Qué siente Gustavo Petro por Córdoba?

G.C.: Entiendo su ideario político y lo comparto. Andrés, mi hermano, es el presidente de la Cámara y tiene contacto estrecho con él. Es un hombre que tiene a Córdoba siempre en la mente. Cuando revisábamos los resultados electorales de Córdoba, siempre revisaba si había ganado en Ciénaga de Oro. Él siente sus raíces. Sé que dicen que al Pacto Histórico le va a ir mal en las elecciones, pero Córdoba es un caso distinto al resto del país. Siente mucha confianza por tener el primer presidente cordobés y espera muchos cambios en esta administración. Estoy seguro que el 29 de octubre vamos a obtener la victoria y que el presidente se va a sentir orgulloso de su población cordobesa. Va a invertir de una manera extraordinaria en su departamento.

SEMANA: ¿Cree usted que podría hablarle duro al presidente cuando la situación lo amerite?

G.C.: Sin duda alguna. Lo he reiterado. Exigiré al presidente, pero nuestro entendimiento de la forma en la que se debe invertir el presupuesto, de la justicia social que reclaman los territorios va a hacer que la relación fluya muy bien. Lo difícil es cuando los gobernantes exigen algo para favorecer intereses particulares. Habrá una sintonía importante.

SEMANA: Usted dice que la maquinaria está en otras campañas, pero se le ha criticado su cercanía en el pasado con el Ñoño Elías, Musa Besaile y otros grupos políticos que se han visto salpicados en escándalos de corrupción. ¿Qué responde?

G.C.: Esas acusaciones dan risa. Todo el mundo sabe que el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile y el senador Johnny Besaile son parientes de Erasmo Zuleta. Son parientes. Publican fotos de su campaña, están en la campaña. Son del Partido de la U. Ningún congresista de Córdoba me puede hacer política porque el aval de La U lo tiene el otro candidato. La foto con Ñoño es de hace diez años, 2013 o 2014, cuando era joven. En ese momento acompañamos la candidatura al Senado. Era un hombre sin ningún cuestionamiento, era bien visto y llevó muchas obras a Sahagún. Uno está privado de la libertad, el senador Musa Besaile, y otro tiene una inhabilidad que le impide hacer política. Con Ñoño nos une un lazo de amistad de vieja data, pero políticamente no puede hacer campaña. Su hermano es del Partido de la U, que avala a Erasmo Zuleta.

SEMANA: Pero el senador Julio Elías y la esposa de Musa Besaile expresaron su apoyo a su campaña al principio de la contienda.

G.C.: Milena sí. Milena es una mujer que tiene un trabajo social muy importante en Córdoba y Montería. El machismo en el departamento y en el país la ha encasillado en ser la esposa de Musa Besaile. La familia de los Besaile le ha impedido mostrar su talento como mujer. Le ha tocado soportar la situación de su marido, pero ella no es responsable jurídicamente de nada. Es una mujer con un trabajo social importante y nos acompaña en la campaña.

SEMANA: El senador Elías, a pesar de ser del Partido de la U, le dijo que lo apoyaba en redes sociales.

G.C.: Es del Partido de la U. Igual que ocurrió con el exsenador Correa. Ellos tienen una directriz del partido. En algún momento consideraron apoyar, pero cuando el Partido de la U dio el aval les tocó disciplinarse. Muchos del grupo de Julio, por esa coincidencia en 2014, son mis amigos. No son responsables de las actuaciones de Bernardo Elías en su momento. La responsabilidad penal es individual, pero por esa coincidencia son afines a nuestra campaña. Algunos de ellos son amigos personales míos. Su candidato a la Alcaldía de Sahagún está por el Partido de la U. No puede aparecer conmigo y tampoco hacerme campaña.

SEMANA: Su familia fue sancionada por ser infractores ambientales, debido a la construcción en una zona de humedal. ¿Qué ocurrió ahí?

G.C.: La sanción fue impuesta por la Corporación Autónoma Regional de los Valles. Es una entidad politizada porque la dirige Orlando Medina, que pertenece a la estructura política de la otra campaña. Su esposa pertenece a la UTL de la representante Saray Robayo. Esa sanción se encuentra en una segunda instancia porque en el momento en el que se adquirió ese predio, las obras en las que se basa la sanción ya se encontraban construidas. Utilizaron el momento político para tratar de cuestionar nuestro actuar en temas ambientales. Ese tema lo hemos denunciado ante las entidades pertinentes porque no hubo afectación ambiental. Se construyó un kiosko que está dentro del área permitida, con fines de desarrollo de actividad ganadera. Nosotros hemos apelado la sanción y se encuentra en manos de la justicia ordinaria. Todos los elementos demuestran que es un ataque político, más allá de una sanción razonable.