POLÍTICA
Gestarsalud advierte que pacientes con enfermedades complejas podrían quedarse sin servicio de salud “en cualquier momento”; ¿qué pasa?
Carmen Eugenia Dávila, presidenta del gremio de las EPS del régimen subsidiado, explicó en SEMANA la falta de recursos del sector.
SEMANA: en el momento, ¿cómo cree usted que está la financiación de la salud en Colombia?
Carmen Dávila (C.D.): tenemos varios problemas que se han presentado en simultánea. Primero tenemos que mirar el cierre financiero de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de toda la población. Ahí hay un faltante que se origina en una caída de los recaudos del Soat y otras fuentes, que seguramente tendrá que ser prioridad para ser cubierto por la adición presupuestal. De otro lado están los recursos para la atención de las tecnologías que no se financian con la UPC. Ahí están todos los medicamentos y los servicios que requieren las personas más enfermas, especialmente las personas que padecen de enfermedades de alto costo y huérfanas. Son tecnologías nuevas que no se han incluido en los planes de beneficios. El Estado tiene la responsabilidad de prestar esas tecnologías a través de la Adres y las EPS tienen que hacer la gestión para el suministro.
Aquí todavía no se han asignado presupuestalmente los recursos completos y no ha habido giros tampoco. Entonces las EPS están haciendo un esfuerzo por suministrar y garantizar el suministro de las tecnologías en salud, pero esperan que el tema de esta vigencia se resuelva ya.
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Estas son las cosas más urgentes. Lo segundo, el tema de no pago de estos presupuestos máximos, genera problemas de flujo de recursos. Problemas para no poder pagarle a ciertos prestadores. Por eso todos los gremios y todas las EPS hemos insistido tanto en que este proceso tiene que revisarse con urgencia, asignarse los presupuestos con urgencia y girarse con urgencia durante esta vigencia. Ya no aguanta más tiempo.
SEMANA: ¿la UPC que el Gobierno calculó no alcanza?
C.D.: la UPC está resultando insuficiente. Esta unidad es similar a una prima que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados. Han existido en el 2022 circunstancias, variables macro que no controlan las EPS. Por ejemplo, la inflación fue más alta de lo esperado, con la que se calculó la UPC, y la inflación real, que tiene una diferencia casi de 8 puntos. Ahí hay un desfase. En términos de frecuencias de uso del servicio, también las frecuencias están siendo más altas y lo venimos justificando hace mucho tiempo. El Ministerio de Salud tiene la obligación de verificar esa metodología porque venimos de una situación sobreviniente, que es la pandemia. Tiene que revisarse esa UPC durante esta vigencia y hacer los ajustes necesarios.
SEMANA: usted habla de la falta de giro de tecnologías. ¿Qué pasa con los giros de la Adres?
C.D.: en algunos casos se está girando, pero en otros casos, donde se interpusieron recursos, no se están girando. ¿Cuál es la situación? La asignación presupuestal se acaba este mes y no sabemos qué hacer para el segundo semestre. Ni siquiera hay asignación presupuestal. No solo es la insuficiencia y el tema del giro, sino que no hay asignación presupuestal.
SEMANA: ¿cuánto creen que necesitan para cubrir el segundo semestre?
C.D.: eso hace referencia a presupuestos máximos. Se estima que nosotros requerimos un monto aproximado de 1,5 billones de pesos para terminar. Solo el corriente, sin contar que hay unos pasivos que estamos pendientes de que nos paguen. Entonces no sabemos bien cómo se va a distribuir esos 2 billones de pesos que se aprobaron y qué otros mecanismos va a usar el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Salud, para poder proveer de más recursos.
SEMANA: ¿los pacientes sufrirán las repercusiones de esta desfinanciación? ¿Hasta cuándo podrían seguir prestando servicios?
C.D.: finalmente, quien va a sufrir las consecuencias de esta situación son los pacientes, los usuarios del servicio de salud. Se han juntado demasiados conceptos que hacen que, sumados, la estrechez financiera de las EPS de verdad nos ponga en un temor y riesgo de que en algún momento vamos a tener muchísimas dificultades para continuar prestando los servicios y garantizando los servicios de medicamentos, sobre todo en enfermedades de alto costo.
Todos hemos hecho un llamado al Gobierno nacional para que revise estas situaciones y también para que las comunique apropiadamente, de tal manera que el sector sepa qué se puede esperar en materia presupuestal y que no se genere este clima de incertidumbre entre quienes suministran los servicios, los proveedores, y las EPS, lo que genera dificultades para acceder al servicio.
SEMANA: con lo que usted dice, la gente podría quedarse sin medicamentos en algunas patologías complejas y sin atención. ¿Es así?
SEMANA: ¿cuándo podría suceder?
C.D.: en cualquier momento del segundo semestre. Es lo que se está alertando al Ministerio desde el año anterior. Este tema hay que analizarlo y sentarnos en la mesa a mirar las cifras, a discutirlas y mirar cómo se resuelve este problema. Generar tranquilidad a los pacientes, proveedores y organizaciones que representamos.
SEMANA: ¿ha visto disposición del Gobierno para resolver el problema?
C.D.: uno quisiera pensar que sí. Se ha dicho que está la adición, pero es lo que queremos saber. ¿Cómo se va a cubrir el resto de los recursos? Existen mecanismos legales para cubrirlo, pero no sabemos si los van a usar. Al mismo tiempo, hay mecanismos legales para otorgar liquidez al sector y no sabemos si las van a utilizar. No se nos ha informado todavía, y el sistema, la gente y nosotros queremos saber cómo se cubrirán los faltantes. La necesitamos y creo que es un imperativo que se revisen estos aspectos. Nosotros vemos buena voluntad del director de la Adres y el ministro, pero debe concretarse en una revisión detallada y hechos concretos.