Gobernador de Antioquia lanzó crítica por ampliación del cese al fuego con disidencias: “Es una fórmula para el fracaso”

El Gobierno nacional anunció este domingo la ampliación del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco. El presidente Gustavo Petro expidió el decreto para la extensión del acuerdo que ahora terminará hasta el próximo 15 de julio de 2024.

La decisión la tomó el jefe de Estado después de que el pasado martes, 9 de enero, los representantes del Ejecutivo y del grupo armado se sentaran en un nuevo ciclo de negociaciones, acciones que se adelantan en el marco de la política de paz total. La ampliación también se da pese a las denuncias de ambas partes sobre supuestas violaciones de lo que previamente se estableció.

Sin embargo, la noticia no ha gustado en distintos sectores políticos y sociales, que argumentan que las disidencias han mantenido su actuar violento en varias zonas del territorio nacional, ejerciendo violencia sobre las comunidades.

El dardo del gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una fuerte crítica a la decisión tomada por el presidente Petro. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario departamental aseguró que lo único que genera esta ampliación es que las Fuerzas Armadas no puedan combatir a esta estructura criminal.

“Contemporizar con criminales es una fórmula para el fracaso. Solo significa que nuestras Fuerzas Armadas se quedan quietas, espectadoras, cruzadas de manos, vulnerables. Mientras las matan y nos matan”, dijo.

Rendón fue claro al asegurar que, a pesar del decreto emitido por el actual Gobierno, “no dejaremos a la población en total orfandad”.

“En Antioquia, persistiremos apelando al valor de los soldados y policías para que combatan el crimen y protejan a los ciudadanos”, agregó.

La ampliación se da pese a las violaciones

Las conversaciones con el Estado Mayor Central se enmarcan en una política gubernamental llamada “paz total”, con la que Petro busca disminuir la violencia e iniciar procesos de diálogo con los grupos que aún persisten en el país.

El cese al fuego ha contado con un protocolo que exige, además del cese de hostilidades, la protección a la población civil con referencias al derecho internacional humanitario.

Pese a que el acuerdo se encuentra vigente desde hace varios meses, las dos partes han denunciado en repetidas oportunidades supuestas violaciones a las reglas establecidas, además de que se han presentado fuertes polémicas en medio de las negociaciones.

El incidente más notorio se registró el 5 de noviembre del año pasado, cuando las disidencias suspendieron unilateralmente los diálogos tras reclamar supuestos incumplimientos del Estado y la salida del Ejército de algunas zonas, mientras que el Ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país.

Tras lograr reanudar los diálogos y superar la crisis, la disidencia se comprometió a abandonar los secuestros para cobrar rescates, uno de los crímenes más repudiados en el país que por décadas ha sido usado por los grupos armados.

En el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, divulgado el pasado lunes, se resaltan los acuerdos alcanzados por las partes y se exhorta a que perseveren en el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y especialmente en la protección a la población civil.