Gobierno creará una Comisión de la Verdad para “esclarecer” hechos del “estallido social” de 2021 en Cali y el Valle del Cauca

En medio de una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, anunció que el gobierno está trabajando en un decreto para crear una “Comisión de la Verdad” que, según él, buscaría esclarecer lo sucedido en medio del “estallido social” de 2021 en Cali y el Valle del Cauca.

“Tal como lo decía el viceministro Gareth Sella, hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar la Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca”, aseguró Castellanos, quien detalló que se publicaría entre el mes de julio y agosto.

“Que esta comisión pueda ponerse en funcionamiento muy pronto con una garantía para la verdad social, para que de alguna forma podamos tener una reflexión ciudadana e interinstitucional y este tipo de situaciones no se repitan”, afirmó el funcionario del gobierno.

El anuncio llama la atención porque recuerda a la criticada Comisión de la Verdad que se creó con la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016. El informe de esa entidad fue cuestionado por varios sectores porque supuestamente contaría una verdad parcializada. El miedo con esta nueva comisión es que pueda suceder lo mismo en el que se enfrentaron dos narrativas con respecto a los manifestantes. Además, ¿quiénes serían los encargados de contarla? El gobierno ha tenido una postura clara con lo que creen que sucedió y por eso la alerta.

La sesión que llevó a cabo la CIDH en la que se hizo el anuncio fue virtual y tenía el objetivo de hacer seguimiento a las recomendaciones que hizo ese organismo tras una visita al país en medio de esos hechos en los que los ánimos estaban caldeados. La comisión hizo varias sugerencias que fueron criticadas por distintos sectores porque supuestamente también mostraba un sesgo en contra de la Fuerza Pública y del gobierno de ese entonces. Además, varios dejaron de precedente que esas recomendaciones no son obligatorias. Por ejemplo, una de las que más generó debate es que la Policía debería salir del Ministerio de Defensa.

Castellanos también mencionó que otra de las recomendaciones es que se radicara un proyecto de ley con el que se dieran más garantías a las protestas. Esa propuesta no pasó en el Legislativo, pero desde el gobierno anunciaron que seguirán insistiendo.

Por otro lado, Castellanos mencionó a Gareth Sella, el viceministro de Juventud del Ministerio de la Igualdad, quien participó de esas protestas y quien perdió un ojo cuando se encontraba en esa actividad. Su nombramiento también fue cuestionado por ese hecho y porque aparentemente le faltaría experiencia para el cargo.

Los comisionados de la CIDH habían estado en Colombia en los últimos meses hablando con distintos sectores en una visita in loco que tuvieron en el país. Allí escucharon a distintos sectores sociales, políticos y del gobierno para elaborar un informe.

Una de las críticas que se hizo en su momento al país fue la falta de implementación del acuerdo de paz de La Habana en medio del Gobierno Petro y de garantías para los firmantes y las comunidades.

“Ha quedado fragmentado y descoordinado en tres niveles para la implementación del acuerdo de paz”, afirmó el comisionado Luis Caballero, relator para Colombia de la CIDH.