Gobierno dice que no se pueden detener a los manifestantes que insulten a los policías, ¿por qué?

Hace apenas algunos días, el país se indignó con las escenas dejadas por la protesta de los indígenas de la comunidad embera en el centro de Bogotá. Lo que comenzó como un plantón el miércoles frente al edificio Avianca terminó en secuestro, actos vandálicos y ataques directos a los uniformados de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Con puños, patadas, piedras, cristales, varillas metálicas y palos con clavos en las puntas, varios de los indígenas, albergados en la Unidad de Protección Integral La Rioja, agredieron físicamente a los uniformados. Los ataques dejaron 14 miembros de la fuerza pública heridos, remitidos a centros asistenciales para atender las lesiones.

Las imágenes fueron dramáticas. En el edificio Avianca, donde los indígenas retuvieron en contra de su voluntad a cerca de 1.000 trabajadores, hombres y mujeres de la comunidad arrojaron piedras y palos a un grupo de efectivos del Esmad que buscaban disuadir a los manifestantes. Los uniformados, arrinconados, se limitaron a recibir los golpes.

En la estación de TransMilenio del Museo del Oro, varios indígenas, con palos, acorralaron y arrastraron a una joven policía. La ciudadanía intervino para que dejara de ser golpeada, pero eso no evitó que dos sujetos la bajaran a la vía y la arrojaran al suelo. Algunos de los agentes heridos fueron derribados de sus motos, y otros, atacados hasta dejarlos tendidos en la acera.

Estas imágenes generaron indignación en un sector de la ciudadanía que pedía respaldo hacia la fuerza pública de parte del Fobierno, especialmente cuando se siguen presentando casos en los que los ciudadanos insultan a miembros de la fuerza pública.

Por eso, ha llamado la atención en el Congreso un documento que llegó a la Comisión Primera de la Cámara para un debate de control político, en el que el Ministerio de Defensa aborda la manera en que los uniformados deben responder a la protesta social.

De acuerdo con el texto, los uniformados deben respetar los agravios que reciban en contra so pena de vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes.

“El Ministerio de Defensa Nacional ha considerado el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptado por la CIDH en que se dispone: ‘los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

En el mismo sentido, el Ministerio de Defensa explica que, siguiendo los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se puede detener ni procesar a los manifestantes que insulte a los policías.

“Los Estados no pueden detener o procesar a un manifestante por el solo hecho de expresar una crítica, una denuncia verbal o un insulto a un agente estatal en un contexto de conflicto o de protesta social”, indicó el Ministerio de Defensa citando los pronunciamientos de la CIDH.

Desde su llegada al poder, y tal como lo prometió en campaña, el presidente Gustavo Petro planteó un lineamiento para la Policía Nacional que implicó un cambio extremo para la institución. Ahora, enfocados en la convivencia y el carácter civil de la fuerza, se les otorgaron menos herramientas para combatir desmanes durante manifestaciones e incluso agresiones contra ellos mismos.

Después de mucha especulación, el pasado 25 de septiembre el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, firmó un instructivo para establecer una nueva directriz en materia de control de las manifestaciones.

Según se señala, el acompañamiento de los uniformados a la manifestación pública debe ser “discreto”, de manera que la presencia de miembros de la Policía Nacional “no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio”. ”Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación; no deben ser apostados de manera inerme en lugares donde puedan ser objeto de ataques”, dice el documento.

Además, frente a las injurias, calumnias e insultos lanzados por los integrantes de la protesta a los uniformados, “no debe haber reacción” porque “prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre”.

En caso de que la protesta se torne violenta, ahí intervendría la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una nueva dependencia que entraría a reemplazar al Esmad. En caso de que sea una marcha de jóvenes entre los 15 y 24 años, se tendrá más tolerancia a la violencia. Cuando alcance un nivel muy alto, se recurrirá a la UNDMO.