Gobierno Duque pidió que se anticipe el debate de control político sobre dineros de la paz

Desde la Presidencia de la República se envió una carta al Congreso, en la que se solicitó que se anticipe para la próxima semana el debate de control político sobre los dineros de la paz en el marco del Ocad-paz, el cual ha generado un debate en el país por presuntas irregularidades sobre los fondos.

Uno de los funcionarios del gobierno Duque que firmó la misiva fue Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ya que la intención que tiene la administración del saliente mandatario colombiano es dar las explicaciones del caso antes de que se lleve a cabo la posesión del presidente electo del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“Solicitamos de manera respetuosa se proceda a establecer, en la semana del 1 al 5 de agosto de 2022, fecha para el mencionado debate de control político, con el fin de garantizar un espacio transparente donde la ciudadanía reciba las explicaciones relacionadas con la gestión de recursos para el Ocad-paz”, dice uno de los apartes de la carta enviada al Congreso de la República.

Y es que la postura del gobierno de Duque se dio luego de que varias de las figuras más visibles y votadas en las pasadas elecciones se unieron para convocar a un debate de control político a varias entidades del gobierno por el supuesto desvío de recursos de los Ocad-Paz.

Se trata de Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle, el ingeniero Rodolfo Hernández y Ariel Ávila, quienes harán parte de la Comisión Primera del Senado.

“Radicaremos nuestro primer debate de control político por presunta corrupción en Ocad-Paz. Siete entidades deben venir a Senado a explicar qué pasó con casi 8 billones de pesos”, dio a conocer Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde.

En la petición que le presentarán a la Secretaría del Senado en las próximas horas, citan a debate de control político a la directora del DNP, Alejandra Botero; al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; a Juan Carlos Vargas, alto consejero para la Estabilización, y a Víctor Muñoz, director del Dapre.

Además, se pide invitar a la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor general Felipe Córdoba.

Entre los puntos que radicaron en el cuestionario piden información sobre las investigaciones que se han adelantado sobre esos hechos. Solicitan que se revise si hay responsabilidad fiscal por parte de algunos funcionarios por esas supuestas irregularidades.

Algunos de los citados al Congreso ya han contestado acerca de esos cuestionamientos en otros espacios. La directora del DNP, Alejandra Botero, indicó que hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba para afirmar que esos recursos fueron desviados. Pidió a quienes han expuesto estos hechos instaurar las denuncias correspondientes.

“Por favor denuncien, somos los primeros en querer acompañar las investigaciones y ese proceso porque somos los primeros interesados en que, si hay alguna irregularidad, esta se pruebe y ejercer los mecanismos correspondientes”, dijo Botero hace unos días.

Entre tanto, el alto consejero para la Estabilización, Juan Carlos Vargas, también respondió esos cuestionamientos. Dijo que se han adelantado las investigaciones correspondientes al interior de la dependencia del gobierno y que no se tolerará ningún acto de corrupción.

“El gobierno no tolera ningún acto de corrupción en la implementación de los acuerdos de paz. No tolera, no tolerará y a su vez hace una invitación a quien tenga conocimiento con las respectivas pruebas, alcaldes, gobernadores, funcionarios o personal que tenga algún indicio que instale las denuncias ante los órganos competentes. Somos los primeros interesados en que se haga claridad a una serie de informaciones que se han venido presentando en los últimos días”, concluyó el alto consejero para la Estabilización.