Gobierno le mete el acelerador al proyecto de ley para impulsar la ‘paz total’

El ministro del Interior, Alfonso Prada, envió una carta al Congreso de la República en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro pide tramitar con mensaje de urgencia el proyecto de ley que modifica y prorroga la Ley de orden público, que le otorga facultades al mandatario para adelantar diálogos de paz.

Esta solicitud es importante porque la duración del trámite se reduce en 50 %, pues las comisiones podrán sesionar conjuntamente para su aprobación; posteriormente, las plenarias abordarán el tema por separado. Esto quiere decir que antes de finalizar el año la iniciativa ya deberá estar aprobada en su totalidad.

“La referida iniciativa legislativa tiene como objetivo definir la política de paz de Estado, la cual será prioritaria en los asuntos del Estado, transversal a estos, e integral, tanto a lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia. Así mismo, afirma que la política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones para darle cumplimiento. Así mismo, esta iniciativa legislativa se plasma a cargo de los diferentes gobiernos el deber de garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, de manera que tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice el documento radicado.

Por supuesto, la idea del Gobierno es tramitar rápidamente esta iniciativa, ya que una de sus apuestas es la denominada ‘paz total’ con la que se abrirían diferentes escenarios de diálogo y acogimiento para finalizar la guerra en Colombia.

“Por lo expuesto, y dada la importancia que revisten los temas tratados en el proyecto de Ley 160 de 2022 Cámara, y considerando que la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 tiene vigencia hasta el 17 de diciembre de 2022, conforme a los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1941 de 2018, solicito respetuosamente al honorable Congreso de la República dar trámite de urgencia al Proyecto y, en consecuencia, se disponga su deliberación conjunta en las respectivas Comisiones Constitucionales Permanentes, de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales ordinarios”, reitera el oficio.

Esta iniciativa busca definir la paz como una política de Estado que será prioritaria para los acercamientos de paz con los diferentes grupos armados que existen en Colombia. El proyecto que está en trámite permitiría a los alcaldes y gobernadores lograr acuerdos humanitarios; la designación de comisionados de paz regionales y crea el Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio.

Puntos clave de la reforma a la Ley de orden público radicada en el Congreso

Transformación del servicio militar

Uno de los componentes de la norma es la modificación del servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz, que es una alternativa para que ellos se consagren en la construcción de paz y la implementación de los acuerdos.

Sin embargo, la eliminación del servicio militar obligatorio sería gradual, pero se abre la puerta para que los jóvenes tengan una opción, por ejemplo, de trabajos comunitarios.

El texto señala que el servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar y podrá prestarse alfabetizando zonas rurales, trabajando con víctimas del conflicto, protegiendo la biodiversidad, entre otros.

Reorganización de los recursos

Con respecto al manejo de los recursos de la paz, ahora se habilitará un solo fondo, eliminando tres (en la actualidad son cuatro). Según Prada, de este modo se evitarán actos de corrupción con el dinero destinado para la paz.

“Los fondos de la paz, que son cuatro ahora, se crea uno solo con cuatro subcuentas para agrupar los mismos y hacer coordinación, sobre todo una rendición de cuentas y veeduría ciudadana; esto es, porque a los dineros de la paz le han surgido ataques de corrupción y queremos una urna de cristal en ese procedimiento”, afirmó el ministro.

Comisionados de Paz

Con el fin de apoyar las funciones del comisionado de Paz, Danilo Rueda, se crearán nueve figuras asociadas que trabajarán en la coordinación para disminuir los índices de violencia en las zonas en las que más se reportan actos de criminalidad.

Diálogos humanitarios locales

En el proyecto se plantea involucrar a los alcaldes municipales para realizar diálogos regionales, en los que se propongan acuerdos que mejoren la situación humanitaria de la población y se vean como una oportunidad para que el mandatario local se acerque a los grupos ilegales en su territorio.

“Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como Zomac, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, expresa la norma.

Revivir zonas de distensión

La iniciativa, en esencia, entrega facultades al presidente Gustavo Petro para adelantar diálogos con los grupos ilegales, en búsqueda de lo que él ha llamado la ‘paz total’, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones.

“El Gobierno nacional, o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente”, indica la norma.