Gobierno les responde a los jueces sobre libertades para la primera línea: la legalidad de las capturas “no está en discusión”, dice minJusticia

Desde Washington, donde realizó una visita de trabajo esta semana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le respondió al presidente del Tribunal Superior de Bogotá, Hugo Alexander Ríos, quien salió a defender las actuaciones de los jueces en la detención de estas personas.

Según el magistrado Ríos, es erróneo señalar que los capturados y judicializados en el marco de la protesta, en diferentes ciudades del país, fueron víctimas de una persecución judicial o decisiones acomodadas. En criterio del magistrado, estas personas están privadas de la libertad como consecuencia de medidas de aseguramiento ordenadas por los jueces.

“Todas las decisiones de los jueces se han tomado sobre la base de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas. Quienes han sido privados de la libertad están allí por una orden de autoridad competente emitida de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley; luego, no hay ninguna detención ilegal. Ahora bien, hay unas acciones que las conocen como habeas corpus para quien considere que está retenido detenido ilegalmente”, afirmó el magistrado Ríos.

En respuesta, el ministro Osuna aseguró que el Gobierno “está totalmente de acuerdo” con el presidente del Tribunal Superior de Bogotá y que “eso no está en discusión”.

“Lo que pasa es que hay una atribución presidencial que ya usaron tanto (el expresidente Álvaro) Uribe como (el expresidente Juan Manuel) Santos para nombrar voceros o gestores de paz a personas que formen parte de grupos armados ilegales o de asociaciones comunitarias o de defensa ciudadana”, afirmó el ministro, quien agregó que el presidente Gustavo Petro lo que va a hacer es usar esa atribución.

De acuerdo con Osuna, “sin que se afecte la legalidad de las capturas”, esta atribución “permite que si estas personas aceptan cumplir unas tareas de reconciliación y humanitarias que les señalará el comisionado de Paz y si el presidente discrecionalmente decide nombrarlos voceros o gestores, pues saldrán de las cárceles, pero los procesos continúan”.

“En la afirmación del presidente (Petro) no hay ninguna atribución de responsabilidad a los jueces y a la manera cómo han actuado, sino al uso de una atribución que tiene como conductor de los procesos de paz en el país”, afirmó el funcionario.

El ministro también afirmó que tras sus reuniones con autoridades y funcionarios de Estados Unidos quedó claro que “están pensando en prestarnos una colaboración mucho más fuerte en interdicción marítima, fluvial, en ayuda para la lucha contra el lavado de activos, blanqueo de capitales, manejo de investigaciones en criptomonedas”.

“Curiosamente en las conversaciones con Secretaría de Justicia, de Estado, FBI, DEA, Casa Blanca nunca fue una preocupación la erradicación de cultivos. Ellos están conscientes que el tráfico de cocaína está cambiando, que se ha tecnificado, que está cambiando y por lo tanto el combate a estas redes de mafiosos y narcotraficantes también tiene que cambiar”, afirmó.

En cuanto al tema de la extradición, Osuna anunció que se creará un grupo especial de trabajo para analizar casos en los cuales haya desacuerdos entre los dos gobiernos y ver la manera de solucionarlos y aclararlos sin que se vaya a afectar la relación bilateral.

El ministro afirmó que el presidente Petro “ha dicho que, de existir un acuerdo con el ELN, existe una oferta de no extraditar a las personas que se sometan a esas condiciones de modo semejante, no igual, a como ocurrió con las Farc”, pero que en este momento no existe ningún caso específico para tratar entre los dos gobiernos este tema.

“También es cierto que (a los estadounidenses) les preocupa más ―y a nosotros también nos preocupa más― la posibilidad de suspender las órdenes de extradición de personas de bandas criminales de alto impacto que pudieran aceptar someterse ante la justicia colombiana. En este momento no existe ningún caso, porque los diálogos están comenzando y los acercamientos con esas bandas son aun incipientes, pero es mejor estar preparados”, dijo.

Acerca del proceso de extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, Osuna informó que el presidente Petro “ya firmó la reposición que había interpuesto esta persona y que se confirmó la decisión que se había tomado”.

“Luego esto pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, que le solicita al Estado que pidió la extradición que otorgue las garantías. Eso es una cosa rutinaria que siempre ocurre, y una vez que eso haya ocurrido se le informa a la Fiscalía para que, a su vez, le informe al Estado requirente para que mande el avión”, explicó Osuna, quien agregó que, “en últimas” el día de la extradición “depende del día que manden el avión”.

Finalmente, reveló que hay una idea del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, para mejorar la cooperación en temas de justicia. “Una idea que sugirió el embajador Murillo que me pareció estupenda, y que se la propondremos al presidente Petro y al canciller, es la de crear un agregado de justicia en la embajada nuestra aquí en Washington para tener una comunicación de justicia mucho más fluida y que se mantenga esa confianza que ha quedado claramente establecida con esta visita”, afirmó el ministro.