Política
Gobierno Petro alertó que quienes cometan el delito de compra de votos pueden recibir un castigo de hasta ocho años de prisión
El presidente Petro anunció que pagará personalmente una recompensa por delatar a personas que incurran en ese delito.
Inició la cuenta regresiva para las elecciones del 29 de octubre, en donde el país eligiera un nuevo mapa político definiendo alcaldes y gobernadores, ejercicio democrático que tiene la lupa de las autoridades para garantizar su normal desarrollo.
Sobre el proceso de elecciones, se ha desatado una fuerte controversia en el país por el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la entrega de recompensas para quien delate a los “compradores de votos”, en todas las regiones del terrario nacional.
Inclusive, el propio fiscal General Francisco Barbosa cuestionó fuertemente la medida de Petro de entregar incentivos económicos, dejando claro que las investigaciones sobre la comisión de delitos es del ente acusador.
No obstante, el Gobierno nacional del Pacto Histórico advirtió que las personas que incurran en el delito de compra de votos, el cual está tipificado en el código penal puede recibir un castigo de hasta 8 años de prisión.
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La administración Petro indicó que para denunciar delitos electorales, los ciudadanos deben ubicar el lugar de los hechos, describir con detalle lo sucedido y a los implicados; y presentar pruebas como fotos, videos o audios.
“La Policía de Colombia en cada municipio tiene la orden terminante, con inteligencia, con los aparatos de inteligencia, de capturar a todo comprador de votos que se establezca en el país”, advirtió en su momento el presidente Petro.
También dejó claro: “La ley colombiana prohíbe constreñir al elector, llevarlo por obligación a votar por equis o ye persona o inducirlo a un voto a través del dinero o de entregas en especie, porque eso quita la libertad de la gente de elegir”.
A través de la campaña Denunciar al Corrupto se definió el pago de hasta $20 millones a las personas que den información veraz sobre la comisión del delito de compra de votos.
“La Policía Nacional precisó que, los recursos destinados para el pago de estas recompensas provienen del Ministerio de Defensa, según la Directiva 02 de 2019 y de la ley de extinción de dominio”, detalló el Gobierno.
E indicó: “De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, quien pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular con el propósito de sufragar por un determinado candidato, incurrirá en prisión de 4 a 8 años”.
Estos son los canales de denuncia habilitados por el Gobierno del Pacto Histórico:
Línea gratuita 01 8000 912 005.
Línea contra el crimen 24 horas 314 358 7212.
Marcando # 623 desde el celular.
“Ni más faltaba que el Ejecutivo haga las investigaciones”: fiscal general cuestiona propuesta de dar recompensa a los que denuncien la compra de votos
Un nuevo y fuerte choque se está presentando entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación. Esta vez, el motivo tiene de fondo las elecciones y la intromisión de funcionarios del Ejecutivo en temas que son del resorte de los órganos judiciales y disciplinarios. Con claridad, el fiscal Francisco Barbosa criticó al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga.
En rueda de prensa, el jefe del ente investigador recordó que en Colombia existe una clara división de poderes y se debe respetar. La Carta Magna indica que la Fiscalía General debe adelantar los procesos investigativos y perseguir el delito.
“Ni más faltaba que el ejecutivo se encargue ahora de hacer las investigaciones judiciales en el país. Yo he estado durante este año y hasta el 13 de febrero estaré insistiendo en que en Colombia hay tridivisión de poderes. El Estado de derecho funciona en la medida en que las ramas del poder público se dediquen a lo que deben dedicarse”, dijo el Fiscal Barbosa en rueda prensa.
Y finalmente agregó: “La Fiscalía es la puerta de entrada del sistema penal colombiano, no lo dice Francisco Barbosa por capricho, lo dice el artículo 250 de la Constitución, corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante el juez competente”.
