Gobierno Petro cambia mecanismo con el que se contratan billones de pesos en software: denuncian requisitos absurdos

Colombia Compra Eficiente (CCE) quiere replantear el mecanismo para la adquisición de software directamente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y el Secop. Por medio de un proceso de régimen especial de contratación, tendrá la libertad de elegir a los proveedores de los sistemas informáticos del país por tres años.

No es un mecanismo nuevo. En 2020 se planteó un instrumento de agregación de demanda para la compra de software que tenía fortalezas y debilidades. El Gobierno decidió no prorrogarlo, poniendo sobre la mesa sus propias condiciones para escoger qué empresas se pueden contratar a dedo, saltándose filtros de idoneidad y transparencia que evitan la corrupción.

SEMANA revela cómo el Gobierno Petro quiere rediseñar un sistema que en su vigencia anterior alcanzó transacciones por 3,3 billones de pesos, imponiendo sus reglas con presuntas irregularidades y requisitos insólitos para los posibles interesados.

Una de las observaciones más importantes es de Amazon Web Services. En un documento que conoció este medio dirigido a CCE, expresó varios reparos técnicos que ponen en peligro el mecanismo. En primer lugar, limita la operación secundaria del proceso a mipymes, lo cual solo se debe hacer en procesos competitivos, como licitaciones o concursos de méritos. De acuerdo con la empresa, esto “solo llevaría a una eventual causal de nulidad de las órdenes de compra”.

Además, llaman la atención sobre un convenio entre CCE y Prosperidad Social para la implementación del “criterio social” dentro del sistema de compra pública que obliga a los proveedores a cumplir con “capacitaciones, vinculación laboral y apadrinamiento” de jóvenes que sean objeto de programas del Gobierno, como Renta Ciudadana o Renta Joven. “Se está creando un incentivo contractual no amparado por la ley”, asegura la empresa en la observación.

Y agrega: “Es inconstitucional que CCE se inmiscuya de tal manera en los asuntos de la libertad de empresa constitucional”.

Otra compañía interesada se quejó por la misma razón: “La obligación de contratar personal adicional por un número específico de meses o adoptar el apadrinamiento según lo descrito en el pliego podría generar un desequilibrio económico y obstaculizar su crecimiento”.

Asimismo, para varias firmas llama la atención que se saca del sistema a las compañías de ciberseguridad.“Habilitar este tipo de mecanismos para unas pocas empresas o un grupo de proponentes limitados evidencian una licitación a la medida y enfocada a favorecer a unos pocos”, aseguran en otra observación.

Y una más señala una “restricción” intencional de Colombia Compra Eficiente en la participación de empresas para fines de ciberseguridad. “Más aún cuando CCE lleva más de dos años intentando estructurar un acuerdo marco de ciberseguridad y no se ha logrado llevar a feliz término”.

Para muchos preocupa también el tipo de proceso, que implica contratación directa con presupuesto cero, con una revisión indeterminada de la idoneidad de los participantes.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones también se pronunció al respecto, expresándole a CCE las mismas preocupaciones, especialmente en torno a los requisitos sociales.

“Llamamos la atención que la inclusión de estas obligaciones en cabeza de los proveedores podría constituirse en una limitación a la libertad económica, que excede las competencias legales de la CCE”, manifestó el presidente del gremio, Alberto Yohai, en una carta.

Todo apunta a que la entidad quiere que la contratación de los softwares en el Gobierno se haga a través de sus reglas. El próximo 31 de julio es la fecha límite para que los interesados presenten sus ofertas.