Política
Gobierno Petro desmiente a Ingrid Betancourt, dicen que irían al polígrafo, ¿qué pasó?
La excandidata presidencial lanzó una pregunta al Ejecutivo y respondieron de inmediato los negociadores de paz desde Caracas, Venezuela.
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt no deja de manifestar su preocupación por las primeras medidas de Gustavo Petro en su papel como presidente de Colombia. Este lunes, la colombo-francesa no ocultó su molestia con el decreto presidencial que les permitirá a los jóvenes de la primera línea –causantes de las mayores protestas en el país en 2021–, salir de las cárceles y convertirse en gestores de convivencia y paz.
Betancourt escribió en su cuenta personal de Twitter que, contra viento y marea, Gustavo Petro va a liberar a más de 200 integrantes de la primera línea “con cuentas pendientes ante la justicia por graves hechos en las protestas de 2021″.
En el mismo mensaje de Twitter, Betancourt escribió que el gobierno de Gustavo Petro “debería aclarar, de una vez por todas, si la propuesta de liberación de los jóvenes de la primera línea se acordó con el ELN y qué ocultan tras ‘gestores de paz’. Impunidad por decreto”.
Por esa razón, negociadores de paz del Gobierno le respondieron la pregunta a la excandidata presidencial y le pidieron no desinformar al país.
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El comisionado de Paz, Danilo Rueda, negó que el tema de la primera línea se haya abordado en la mesa de diálogo con el ELN.
“Eso es absolutamente falso. Respetamos las opiniones de todo el mundo, pero podemos afirmar, reiterar, poner la mano en el fuego, someternos a una evaluación o a una prueba del polígrafo, porque aquí (mesa de diálogo) no se habló del tema de la primera línea ni se acordó nada de ese tema”.
Rueda indicó que los gestores de paz de la primera línea podrían formar parte de la negociación como parte de la sociedad y que seguramente, como cualquier colombiano, tendrían un papel importante.
A su turno, el senador Iván Cepeda, quien también es negociador del Gobierno, se sumó al rechazo por las declaraciones de la excandidata presidencial: “Ese no es un tema que haya sido ni desarrollado ni traído a colación en la mesa de conversaciones”.
Los negociadores fueron enfáticos en que las opiniones de todos los sectores políticos son respetables, pero que debe existir una diferencia con las informaciones falsas que le pueden hacer daño al proceso de paz.
El jefe de la delegación del Gobierno dejó abierta la posibilidad para que los gestores de paz de la primera línea, que quedarán en libertad en los próximos días, puedan trabajar por los diálogos de paz.
“Nos dan muchas ideas porque muchos de los gestores de la primera línea podrían apoyar este proceso, necesitamos mucha participación. Necesitamos que el diálogo salga de la mesa y que la ciudadanía participe”, dijo Patiño.
Agregó: “El presidente Petro ha planteado la posibilidad de que todo esto termine en un gran acuerdo nacional para que sea definitiva y que participe toda la sociedad, que no tenga color político y que sea benéfica para todos los colombianos”.
El jefe negociador indicó que la paz en Colombia debe tener una connotación nacional y que por eso se están adelantando las negociaciones con el ELN y se está implementando la política de paz total.
A pesar de la tormenta judicial y las advertencias, el presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que dejará libres a integrantes de la primera línea que están en las cárceles
El presidente Gustavo Petro ya firmó un decreto que permitirá que integrantes de la primera línea queden en libertad antes de Navidad.
El decreto, según le confirmó a SEMANA una alta fuente de la Casa de Nariño, “crea una comisión para hacer el estudio de los casos y recomendar al presidente”.
Dichos integrantes de la primera línea están en diferentes cárceles del país, donde enfrentan cargos por haber cometido presuntamente todo tipo de delitos durante el paro del año pasado.
El Gobierno Petro busca que ellos sean reconocidos como gestores de paz, lo que ha desatado una tormenta jurídica. La procuradora Margarita Cabello, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, han advertido de los riesgos constitucionales de la propuesta presidencial.
