Gobierno Petro incumple con la reforma agraria: 136.000 millones de pesos para comprar tierras están en el limbo y campesinos alistan paro

A Maritzabel Encizo el Gobierno le entregó un predio desde el 19 de enero de este año al que no ha podido acceder pese a que hace cinco meses la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le dio una llave que simboliza que, después de ocho años de espera como víctima del conflicto armado, ya tendría tierra.

El espacio que le prometieron está en un terreno llamado Los Cachorros y está ubicado en el Meta. Se lo entregaron a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) pero, desde entonces, las 125 familias beneficiadas con este se quedaron esperando que la ANT les presente las resoluciones de propiedad individual para hacer posesión de sus terrenos y comenzar a sembrar.

“A nosotros el Gobierno nos prometió una entrega de tierras sin inconvenientes y ahora estamos revictimizados. No tenemos la culpa de lo que pasó administrativamente entre ellos (la ANT)”, se lamenta Maritzabel.

Su familia siempre ha sido cultivadora, pero sembraban en espacios alquilados porque no tenían finca propia. Ella es solo una de los campesinos del país a los que el presidente Gustavo Petro les prometió entregarles predios en medio de la reforma agraria que no ha podido ejecutar.

Esa tarea está a cargo de la ANT, entidad del Gobierno enlodada por dos denuncias: las advertencias de la Procuraduría sobre irregularidades administrativas ocurridas durante 2023 (en la administración de Gerardo Vega) y la baja ejecución de la dirección actual de Juan Felipe Harman.

Durante 2023 apenas se terminó la compra de 23 predios de los que 19 se adjudicaron de manera directa para asociaciones inscritas en el programa especial para los firmantes del Acuerdo de Paz. Es decir, no hubo convocatoria a asociaciones campesinas de base, sino que se eligieron a dedo a los grupos de exFarc por haber dejado las armas. Los otros cuatro predios sí llegaron directamente a grupos de campesinos.

Esa estadística quedó incluida en un informe de la Procuraduría de cien páginas sobre las irregularidades que revistieron los procesos liderados por la ANT en ese año, documento del que ya se compulsaron copias a la Contraloría y a la Fiscalía para que hagan sus propias investigaciones.

Ese panorama no ha mejorado para 2024. Ya con Juan Felipe Harman en la dirección de la Agencia, cinco líderes campesinos que hablaron con SEMANA aseguraron que el Gobierno ha hecho actos protocolarios de entrega de tierras, pero que no han podido acceder a esos terrenos que les prometen porque la entrega fue solo una fotografía con un diploma en sus manos, más no una adjudicación real para que ellos puedan cultivar.

El líder cordobés Rosmy Rojas relata uno de esos casos: el presidente Petro visitó Ayapel el 19 de marzo para entregar un predio de 490 hectáreas a una asociación de 30 mujeres campesinas, el Gobierno les tomó la fotografía recibiendo su pedazo de tierra, pero después de tres meses ellas no han podido acceder al terreno porque ese predio era administrado por la SAE.

“Se han venido haciendo actos simbólicos, ¿pero dónde está la tierra? Tenemos puros actos protocolarios, pero hay predios que la ANT no ha pagado y sin títulos de propiedad”, cuestionó Rojas.

Sin tierra para sembrar

Por esos problemas, durante de 2023 quedaron 136.911 millones de pesos en riesgo porque en la Agencia ha habido todo tipo de irregularidades administrativas, una cifra a la que llegó la Procuraduría al analizar 288 procesos de compra de tierras de los que apenas 23 terminaron en procesos de adjudicación.

En ese paquete registraron casos en los que la Agencia hizo anticipos del pago de los inmuebles solo con la existencia de una promesa de compraventa para 16 predios, pese a que la ley indica que estos solo se pagan al vendedor cuando se efectúa la entrega: el Estado le entregó planta a los oferentes sin una garantía de entrega, poniendo en riesgo recursos públicos.

Hay 14 reportes en los que se adquirieron predios pese a que los conceptos técnicos de aptitud agropecuaria tenían observaciones (es decir, sin garantía de si esos terrenos eran fértiles) y otros 26 que fueron adquiridos sin acta de entrega, lo que se traduce en un riesgo inminente de que estos no sean entregados al Estado para que los traslade a los beneficiarios.

Es más, estuvieron pagando avalúos a externos, a pesar de que ya había conceptos técnicos negativos sobre asuntos jurídicos y en otros 18 predios el Estado quedó en un riesgo inminente de comprar tierras baldías. Las movidas administrativas de la ANT no están democratizando la tierra como lo había prometido el presidente Petro.

“Hay deficiencias en la compra de las tierras que pueden incidir en que fracase la entrega de predios que no son aptos, que tienen problemas jurídicos o están invadidos. Para entregar tierras hay que tenerlas y los procesos de compra deben cumplir con el marco legal previsto”, advirtió el procurador delegado Gustavo Guerrero a SEMANA.

Todos esos asuntos eran de pleno conocimiento de la Agencia y se siguieron haciendo pese a que un informe de la oficina de control interno de la ANT advirtió en diciembre de 2023 sobre las irregularidades en cuestiones como la compra directa de predios. Es más, encontraron también 32 terrenos que fueron pagados de manera anticipada a la SAE sin que hubiera suscripción de escritura pública correspondientes a 5.017 hectáreas.

“Se evidenció que 16 predios fueron pagados el día 25 de mayo de 2023 y a la fecha de la verificación por parte de la oficina de control interno no tienen suscripción de escritura pública de compraventa ni acta de entrega de material”, se lee en uno de los apartados del reporte”, se lee en ese informe interno que constata los mismos hallazgos de la Procuraduría.

Ha pasado casi la mitad de 2024 y la ejecución presupuestal de la ANT para comprar tierras es de apenas 29,4%, con la particularidad de que esa estadística la ANT la presenta como un balance de recursos comprometidos, más no está claro cuántos han sido efectivamente girados.

Los campesinos no aguantan más la espera y van a salir a paro el 7 de julio para exigirle al Gobierno un pliego de peticiones para el campesinado que lleva casi dos años esperando que el jefe de Estado les cumpla la promesa de entregar 3 millones de hectáreas a quienes se quedaron sin tierra.

“Se han hecho varios eventos en los que la ANT hace un acto político entregando tierra, pero no la han pagado, los campesinos no pueden usarla”, advierte el líder Nilson Liz Marín. Ese cúmulo de promesas incumplidas son el mechero de las movilizaciones que comienzan en dos semanas y sobre las que no hay consensos.

En el predio Los Cachorros que el Gobierno entregó en enero, los campesinos se tuvieron que organizar para cuidar ellos mismos la comarca hasta que les entreguen la resolución de propiedad porque hay grupos de indígenas y comunidades afro que quieren invadir ese espacio y, si lo consiguen, el lío jurídico de ese pedazo de campo se enreda aún más.

En la tarde del jueves 17 líderes tuvieron una reunión con delegados del Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y terminaron parándose de la mesa porque no les responden cómo el Gobierno les cumplirá la promesa de democratizar la tierra. ¿El motivo? Los desórdenes administrativos de la ANT se monitorean por decenas y no están entregando tierra a la gente.

En 50 años de normas de reforma agraria el Estado solo ha podido comprar 1,9 millones de hectáreas de predios. El presidente Petro se puso la meta de entregar 3 millones de hectáreas en cuatro años de Gobierno, una promesa que difícilmente podrá cumplir.