Política
Gobierno radica proyecto que busca crear una Corte Agraria y Rural para resolver controversias de tierras
Con el proyecto de acto legislativo, el Gobierno busca ampliar la presencia de la justicia en zonas rurales.
Este miércoles, el Gobierno radicó el proyecto de Acto Legislativo que busca la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural como autoridad judicial en temas relacionados con las zonas rurales en Colombia. A raíz de esto, de ser aprobado, se creará un nuevo órgano de cierre con su respectiva alta corte, que sería la Corte Agraria y Rural.
El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno y la bancada del Pacto Histórico, por lo que estuvieron presentes los ministros del Interior, Justicia y Agricultura, Alfonso Prada, Néstor Osuna y Cecilia López, respectivamente.
El texto del proyecto de reforma constitucional busca modificar el artículo 116 de la Constitución, el cual incluiría la Corte Agraria y Rural junto a altas cortes como la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado.
Entre sus funciones, según el documento radicado, estará “revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la jurisdicción agraria y rural”.
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La Corte Agraria y Rural tendría un número impar de magistrados, “quienes para ser elegidos requerirán los requisitos y calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario y rural”.
Los magistrados serán elegidos, por primera vez, por la Corte Constitucional. Posteriormente, tal como en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, serán elegidos por la misma corporación de una lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial. Los nombres saldrán de una convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.
Así, se elegirán bajo criterio de equilibrio, balanceando a quienes provienen del ejercicio profesional, rama judicial y academia. La forma de votación será reglamentada por la misma Corte Agraria y Rural.
De aprobarse el acto legislativo, la Jurisdicción Agraria y Rural entraría a funcionar en un término no superior a los dos años siguientes a la promulgación del mismo.
Según la exposición de motivos y justificación del proyecto de Acto Legislativo, su principal propósito será resolver controversias alrededor de las tierras en el campo y, a su vez, fortalecer la presencia del Estado en las zonas rurales.
“Tiene como propósito establecer el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural, mediante la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural”, dice el documento.
Además, el texto resalta que, en términos institucionales, las zonas rurales “están en una situación desigual respecto a las urbanas”.
Según lo expuesto por el Gobierno, con respecto al acceso judicial, la tasa nacional es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. En los municipios PDET, por otro lado, el número de jueces baja a seis.
“Respecto a la oferta actual que tiene una relación más directa con conflictos sobre la tierra rural, a saber, los jueces y magistrados de restitución de tierras, las cifras no son mejores para los municipios PDET. El 95,8 % de los municipios PDET no cuentan con jueces itinerantes del circuito especializados en tierras. Lo anterior, pese a la particular afectación del conflicto sobre tales territorios”, se lee en el proyecto de ley.
“En relación con otro tipo de oferta para la resolución de conflictos, el 81,2 % de los municipios PDET no cuenta con Centros de Conciliación y el 72,4 % no cuenta con Casas de Justicia o Centros de Convivencia Ciudadana”, agregó.
No es una propuesta nueva para Colombia y, en parte, responde a una idea del Acuerdo de Paz que resalta la necesidad de que la justicia llegue a todos los rincones de Colombia, incluida la ruralidad.
El expresidente Iván Duque presentó varias veces un proyecto de Acto Legislativo similar con el fin de crear la Jurisdicción Agraria y Rural, el cual no fue priorizado y terminó por hundirse.
