Alarmante: cambiaron la contratación del ICBF y las demoras en la entrega de la comida tienen aguantando hambre a los niños de La Guajira

No he recibido un mercado desde diciembre. Esta mañana los niños se fueron con agua de panela y pan, ayer con un arroz de leche y yuca con huevo”. Ese es el testimonio de una adulta mayor de La Guajira que tiene a su cargo a dos nietos y a su hijo, y quien no ha recibido paquetes alimenticios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde el 14 de diciembre del año anterior: sus pequeños llevan dos meses sin apoyo del Estado para evitar caer en la desnutrición.

Ellos son beneficiarios de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que acostumbra comenzar su operación desde el primero de febrero de cada año, pero las cosas no resultaron como lo previsto. Han pasado diez días de febrero y los beneficiarios de los programas de alimentación de La Guajira no han recibido los paquetes con mercados y Bienestarina por demoras en la contratación del Instituto.

Por eso, los menores de edad bajo la custodia de esa abuela han estado comiendo con lo que ella consigue cuando sale a trabajar haciendo aseo en casas. “Los he alimentado con lo que he podido. Yo trabajo lavando. Cuando hay se les da y cuando no, pues… Es que yo no tengo esposo, soy madre cabeza de hogar”, cuenta la mujer en su testimonio. Pide guardar su identidad porque le da miedo que, por decir su nombre, sus niños se queden sin los mercados que les entrega mes a mes el Instituto y que representan el 70 por ciento de la alimentación que un menor de edad necesita para sobrevivir.

Como ellos, hay 65.000 menores de edad beneficiarios de este tipo de programas del ICBF en La Guajira esperando que estos comiencen a operar a cabalidad, entre los que están los Centros Comunitarios de Bienestar (un programa semejante a las madres comunitarias), los Centros de Desarrollo Infantil y los Hogares Infantiles. Cada uno tiene un formato diferente: en los hogares cuidan a los pequeños durante el día mientras sus padres trabajan. En los otros dan mercados por cada niño a su núcleo familiar.

“Los grandes contratos de primera infancia comienzan a operar en las dos primeras semanas de febrero. No es que se detengan todos los programas que tenemos en La Guajira, todos han seguido andando”, respondió la directora del ICBF, Astrid Cáceres. Las cifras que presenta la directora es que han sido atendidas 20.000 familias gracias a programas de primera infancia en lo que va del año, 8.000 niños en el programa de Hogares Comunitarios y otros 2.000 a través de otras iniciativas. Es decir, unas 30.000 personas del público objetivo habitual para el ICBF en La Guajira, que es de 95.000 individuos.

El motivo tiene detrás un cambio en el formato de contratación. Hasta 2023, ese instituto les había entregado los contratos a fundaciones que subcontrataban a las madres u operarios en cada barrio para que distribuyeran los paquetes de ayuda. Sin embargo, el Gobierno de Gustavo Petro quiso modificar la modalidad para hacer convenios con asociaciones comunitarias e indígenas con el objetivo de que sean los propios guajiros quienes tengan esos contratos. Y no se trata de cualquier asociación porque el Gobierno quiere que cada una de estas tenga la aprobación de la comunidad.

Lo que salió mal en el plan del cambio para la alimentación en La Guajira fueron los tiempos: comenzó febrero, momento para el que las familias aguardaban las ayudas, y aún no estaban operando los contratos. El Instituto planeó tres fases de contratación, de las cuales dos de ellas finalizaron en la medianoche del viernes.

Ante el hecho, la directora del ICBF argumenta que “había una acumulación desbordada de cupos por organizaciones que, incluso, no eran de La Guajira y que empezaban a operar en los primeros días de febrero. En los cambios de contratación hicimos una participación pública en Secop, no cerrada, como la que se hacía antes a través de un proceso cerrado”.

¿Sin operadores?

“Ya vamos a completar dos meses sin atención a los niños porque estos programas están atrasados. No se conoce cuáles son los operadores que van a atender los Centros de Desarrollo Infantil y aún no se han montado las ofertas para la modalidad propia. El Gobierno nacional le quitó las facultades al instituto regional para que contrate”, advierte el líder comunitario Franklin Córdoba, el único de los ocho consultados para este artículo que aceptó dar su nombre para esta publicación.

La centralización es uno de los motivos de las demoras. Hasta 2023, cada dirección regional podía contratar a las fundaciones que operaran los programas, pero ahora todo se está manejando desde la administración central por temores del instituto a posibles antecedentes de corrupción de los operarios. Ese problema no está solo en La Guajira, pues han salido de sus cargos 26 de los 32 directores departamentales.

Entre quienes salieron están directores que habían sido elegidos por concurso de méritos y que ahora desde afuera del instituto advierten que “se centralizó ciento por ciento la contratación de todas las modalidades. Son 1.200 convocatorias, cerca de 6 billones de pesos que desde Bogotá escogen quién los operará en todo el territorio”, aseveró uno de esos exfuncionarios. Él no da su nombre porque está en proceso de demandar su despido del cargo.

El problema no es solo para los padres que estaban esperando ayuda del Estado para alimentar a sus hijos, sino también para las madres comunitarias, que se quedan sin respuestas para las familias que tocan a sus puertas pidiendo ayuda.

Ese es el caso de una líder del barrio 31 de Octubre de Riohacha, que hasta el cierre de 2023 tenía a su cargo la entrada de mercados para diez madres gestantes y 40 pequeños de 0 a 4 años de edad. “Los papás están desesperados. Hay mucha hambre, mucha necesidad. Mira la fecha que es y todavía no se está hablando de las fundaciones”, relató.

Cuando un padre toca a su puerta, le recibe la carpeta con los documentos de sus hijos como señal de que sí está presta a matricularlos, pero no puede hacer nada más si el operador del ICBF no le contrata y empieza a mandar los mercados. La directora Cáceres sostuvo que hay 604 hogares comunitarios que han estado funcionando y que la Armada ha facilitado la entrega de mercados, Pero las madres con las que habló SEMANA no han recibido esas ayudas.

El problema va más allá de La Guajira porque otras dos madres comunitarias del Magdalena afirmaron que tampoco reciben la comida para sus beneficiarios desde el 14 de diciembre. Ellas contaron que en una reunión les informaron que apenas este lunes 12 de febrero comenzará la contratación, por lo que sostienen que los primeros envíos de comida les llegarían para los primeros días de marzo, mientras que los padres de sus barrios en Santa Marta siguen tocando las puertas para matricular a sus hijos en los programas de alimentación.

Esas semanas de espera dejan platos vacíos para los niños, mientras que el Gobierno desenreda las tres fases de contratación de su nuevo programa para combatir el hambre en La Guajira, con el que prometen impactar no solo a los niños, sino también al núcleo familiar completo. Las demoras en contratos son tramitología en Bogotá, pero hambre en la región.