Gremio de los CDA denuncia que el clan de Euclides Torres estaría detrás de un plan para adueñarse del negocio; una ley los está llevando a la quiebra

El grupo político y empresarial liderado por Euclides Torres causa polémica por su rol crucial en la campaña del ahora presidente Gustavo Petro. Nicolás Petro, hijo del mandatario, y juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, resaltó en un interrogatorio la participación de la familia en el Gobierno.

En un aparte, habla sobre los nombramientos recomendados, en los que los Torres tienen a una aliada crucial: “Laura Sarabia se encargaba de ubicar a gente en cargos importantes, en sectores en los que Euclides tiene algún tipo de interés (...) Por ejemplo, la Superintendencia de Transporte, esa ficha es del señor Euclides”.

Esa ficha es Ayda Lucy Ospina Arias, la superintendente de Transporte y experta en el sector movilidad, para el que fue contratista en la Gobernación del Atlántico.

El hijo del presidente, en el testimonio revelado por SEMANA, confirmó las sospechas de un grupo de propietarios de Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Este medio se comunicó con un grupo de empresarios, pertenecientes a la Corporación Colombiana de Apoyo (Corpcap), que manifiestan preocupación por un artículo de la Ley 2283 de 2023, expedida el 5 de enero de este año, que está llevándolos a la quiebra y que podría abrir la posibilidad de que un comprador aproveche para monopolizar el sector.

Ellos creen que podría ser alguien ligado al clan Torres.Fue una iniciativa radicada en 2021, originalmente orientada a garantizar el buen funcionamiento de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), antes del Gobierno Petro, por los congresistas Milton Hugo Angulo Viveros, Emeterio José Montes de Castro, Luis Fernando Gómez Betancourt y John Harold Suárez Vargas.

El tercer debate se llevó a cabo en noviembre de 2022 y su ponente fue la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical y esposa de Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer, bajo la presidencia de Carlos Andrés Trujillo, senador del Partido Conservador.

Castañeda incluyó un artículo en el que los CDA estaban obligados a expedir un seguro que cubra daños a terceros por 15 salarios mínimos en automóviles y por siete en motocicletas. El artículo fue aprobado y fue decretado como ley en enero de este año. A pesar de las críticas de los propietarios de las empresas, se mantuvo el que muchos llamaron ‘mico’.

“Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”, se lee en la ley.

Los CDA ya expiden un seguro desde 2015 que busca cubrir daños por errores en el proceso de revisión. Ahora, con un precio mayor, se busca cargar económicamente a los empresarios por accidentes que no son su responsabilidad.

De acuerdo con Juan Esteiner Carvajal, presidente de Corpcap, se trata de una inclusión lesiva para los empresarios, dado que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el precio de asegurar los automóviles que revisan.

“Nos están debilitando, nos están poniendo contra la pared. Hay personas que dijeron que querían vender. Quieren dejarnos débiles para que lo de nosotros no valga. Lo que va a costar es el predio, no el negocio”, dijo el líder gremial.

De acuerdo con ellos, a cerca del 90 por ciento de los centros les resulta imposible sufragar el costo de la póliza. Los dueños no pueden subir el precio si no pueden sostenerse, dado que la técnico-mecánica tiene tarifas fijas, que quedaron en 199.000 para motos y 298.000 para carros livianos.

El gremio denuncia que el valor de la póliza está entre el 21 por ciento y el 23 por ciento del valor del servicio: “Expedir esa póliza significa que para el centro de diagnóstico sea mejor no abrir la puerta. Para hacer una revisión técnico-mecánica puede terminar poniendo plata”.

De acuerdo con ellos, se trata de un modus operandi en el que expide una ley imposible de cumplir y se utiliza el ente de vigilancia, en este caso la Superintendencia de Transporte, para amenazar y sancionar a los empresarios. De esta manera, se obliga a adquirir una póliza que, según cuentan, en muchos casos está limitada por actividad económica de los vehículos y pago de deducibles. A mediano plazo no sería rentable para la totalidad de CDA.

En conversación con SEMANA, un propietario de CDA que estaba en el negocio de los Centros de Reconocimiento para Conductores (CRC) aseguró que se trata de la misma situación que llevó al clan Torres a monopolizar las pruebas de aptitud para manejo.“El sistema de vigilancia y control se debía poner en los CRC. Lo instalaron, ellos prestan parte del servicio y logran recursos de cada servicio. Luego aumentaron las tarifas y poco a poco nos disminuimos.

Ahora Simetric controla casi todo el negocio nacionalmente”, dijo el propietario, quien prefiere no dar a conocer su nombre por temor a represalias.Todo esto recuerda que, en 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Euclides Torres y sus socios por cartelización en el sector. El líder del clan controla cerca de 40 empresas en diferentes mercados. En su testimonio, Nicolás Petro agregó que en la campaña presidencial utilizó una empresa fachada para legalizar los recursos aportados.

Se apoderaron del negocio etapa por etapa en los organismos. En 2016, la Superintendencia de Transporte requirió el Sicov, un sistema de control y vigilancia para todos los procesos de apoyo al tránsito. Las empresas relacionadas con los Torres, como Olimpia Management S. A. y Simetric S. A., lograron una buena participación en el nuevo servicio.

De esta forma habrían terminado en “un conjunto de conductas anticompetitivas”. Al mismo tiempo, Torres ganó terreno en los CRC, siendo proveedor de la vigilancia.“Lo más probable es que el clan Torres se quiera apoderar de los CDA y de todos los organismos de apoyo. Somos empresarios pequeños. El clan siempre está metido y facturando por cada cosa que hacemos”, concluyó Carvajal.

Aliados en el Gobierno

Desde el principio, el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, consideró que se trataba de un artículo inconveniente. Le pidió a la Presidencia revisar si era inconstitucional, pero estos le dieron vía libre. Se aprobó, se convirtió en ley, pero el exfuncionario desautorizó que se obligara a expedir la póliza mediante una circular con fecha del 19 de enero.

Sin embargo, a su salida del Ministerio, el nuevo ministro, William Camargo, hizo obligatoria la expedición del seguro desde el primero de septiembre. Según los empresarios de los CDA, la superintendente “amenaza” y “presiona” para que se cumpla. Varios acataron, otros se declararon en “rebeldía” y piden que se reglamente antes de aplicar el artículo.

“Nos lleva persiguiendo o amenazando desde hace tres meses. Nos dice que nos inhabilita o nos cierra. A partir de que se conoció la noticia de Nicolás Petro están quietos, incluso la superintendente”, dijo otro propietario de CDA, en conversación con este medio.

Los CDA demandaron y la Corte Constitucional tiene hasta el 24 de octubre para decidir si se trata de un artículo inexequible. Mientras tanto, muchos propietarios minoritarios se encuentran ahogados y han recibido acercamientos de personas que no se identifican para comprar los negocios.

Mientras tanto, el clan político, megacontratistas y empresarios de los organismos de apoyo de tránsito, se encuentran en el ojo del huracán por su poder económico y su línea directa con Gustavo Petro, a quien habrían financiado sin reportarlo en las cuentas de la campaña.

SEMANA le preguntó a la superintendente de Transporte sobre las denuncias, pero la funcionaria decidió no pronunciarse.