20 expresidentes, aterrados, lanzan alarma por inminente libertad de la primera línea: “Se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes”

Bajo el nombre de Idea (Iniciativa Democrática de España y Latinoamérica) varios expresidentes de América Latina y España firmaron una declaración conjunta en la que se oponen a que se otorguen indultos a miembros de la llamada primera línea en Colombia.

Aseguran que les preocupa que el gobierno de Gustavo Petro pretenda facilitar que las personas con graves evidencias en su contra en la comisión de delitos comunes, pretendan eludir sus responsabilidades ante la justicia.

“Para conseguir ese objetivo, (Petro) planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que solo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz”, expresaron los exmandatarios.

Y enfatizan en que si se lleva a cabo el anuncio del presidente Petro, en el sentido de liberar a estos detenidos, se estaría presentando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en el país y de la autonomía de la justicia. “Elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”, reclamaron.

Aunque respaldan las preocupaciones de las autoridades judiciales del país, que a través de medios de comunicación han expresado su inconformidad, los exmandatarios hacen “un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia”.

Además, hacen referencia a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, en 2018, en el que se estableció que “un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”, citaron.

Además, recordaron que la CIDH estableció que existe una creciente tendencia en el Derecho Internacional de Derechos Humanos y en el Derecho Penal Internacional a que se limiten las condenas expuestas por tribunales penales y que graves violaciones de derechos humanos sean perdonadas por decisiones del Ejecutivo.

La carta fue publicada este 13 de diciembre y está suscrita por los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana, en el caso de Colombia.

Además, la firman: José María Aznar (España), Nicolás Ardito (Panamá), Felipe Calderón (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Federico Franco (Paraguay), Vicente Fox (México), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay). La carta está firmada por Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo Idea.

Otras críticas

Desde distintos sectores del país también se han opuesto a la posibilidad de que los judicializados de la primera línea queden libres. En diálogo con SEMANA, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtieron los riesgos de esa idea.

“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz”, aseguró el fiscal general Francisco Barbosa, quien reclamó que el Ejecutivo no puede incidir en decisiones de la rama judicial.

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello dijo que la reserva judicial y la potestad sobre la libertad de esos detenidos la tienen los jueces de la República. “El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”, le dijo Cabello a esta revista.

Finalmente, el defensor del Pueblo Carlos Camargo se puso del lado de las víctimas. “Toda vez que no se advierte que esta decisión política esté acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y a la sociedad”, afirmó.