Gustavo Bolívar radicó proyecto de ley que busca permitir la marihuana recreativa

Este viernes 5 de agosto, el senador Gustavo Bolívar radicó el proyecto de ley que busca establecer el marco regulatorio del cannabis de uso adulto o recreativo. Con esto, el miembro de la bancada de gobierno propone crear normas para cultivo, producción, abastecimiento, almacenamiento, transformación, comercialización, acceso y uso de la planta psicotrópica.

El proyecto se ha presentado varias veces, hundiéndose en etapas tempranas de debate. Esta vez, Bolívar, con el apoyo de los congresistas Norman Bañol, Aida Marina Quicué, Ermes Evelio Pete, Polivio Rosales, Erick Velasco, Jorge Ocampo, Juan Pablo Salazar, Susana Gómez, Gloria Flórez, Juan Carlos Losada y Pedro Flórez, confía en que se aprobará.

En primer lugar, el proyecto de ley trata las licencias para la actividad económica alrededor de la marihuana. Para el cultivo, estas estarían reguladas en un sistema de cupos para controlar la oferta y el abastecimiento.

Incluso, en medio de la regulación productiva, se habla de beneficios a pequeños productores y cultivadores, quienes recibirán licencias prioritarias. “A través de una discriminación positiva que tenga como base aspectos de género, etnia, nivel socioeconómico, situación de vulnerabilidad, que habite en territorios que han sido afectados por el conflicto armado o los cultivos ilícitos, entre otros”, afirmó.

Sobre el acceso, el proyecto de ley llama al Ministerio de Salud para reglamentar los mecanismos a través de los cuales las personas mayores de edad podrán acceder a esta planta “de forma segura, informada y por fuera de los riesgos de seguridad y salud pública que representa el vínculo con el mercado ilegal de esta sustancia”.

Estas vías de acceso deberían tener “enfoque de derechos humanos, salud pública, reducción de daño y determinantes sociales”.

También permitiría el autocultivo en propiedad privada en un número no superior a 20 plantas para uso personal o colectivo. Esta modalidad no podría tener fines de comercialización o lucro.

A su vez, los congresistas proponen dispensarios de cannabis, los cuales pueden ser privados o públicos. La apertura de estos lugares tendría que tener la autorización previa de los gobernadores y alcaldes de los territorios. Además, podrían vender por medio de comercios electrónicos, verificando que quien reciba sea mayor de edad.

“Los públicos tendrán como principales objetivos facilitar el acceso a cannabis de uso adulto a consumidores de distintos niveles socioeconómicos y territorios, así como promover la inclusión de productos provenientes de pequeños y medianos cultivadores en la cadena de abastecimiento y oferta a consumidor final, con el fin de desincentivar la recurrencia al mercado ilegal”, detalla el proyecto de ley.

Estos dispensarios podrían tener limitantes en términos de la ubicación, ya que no podrían estar cerca de establecimientos donde se venda alcohol, tabaco o productos farmacéuticos.

Tal como en Países Bajos, existirían lounges o coffee shops, lugares para consumo y venta in situ. Estos sitios combinarían la marihuana con gastronomía, entretenimiento y bienestar, según lo establezca el Ministerio de Salud.

En temas relacionados con la salud pública, según la propuesta de Bolívar, el Ministerio de Salud y Protección Social será quien reglamente especificaciones de calidad, empaque y etiquetado. Además, los empaques deberán incluir información de riesgos y efectos del consumo.

A su vez, tendría restricciones de publicidad. Según el proyecto, no podrá ser promocionado: “Redes sociales, radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, revistas o cualquier documento de difusión masiva, producciones teatrales u otras funciones en vivo, funciones musicales en vivo o grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, discos de video digital o medios similares”.

Tampoco se podrá promocionar en afiches. Estaría prohibido que estos productos patrocinen eventos deportivos o culturales.

Entre otras medidas, el cannabis de uso adulto tendría un impuesto al consumo: “El 50% de los recursos derivados del impuesto al que hace referencia este artículo tendrán una destinación específica a prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el 25% para la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible. El 25% restante se destinará al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y a otros gastos derivados de la implementación de la presente Ley”.

Incluso, se contemplarían amnistías en favor de personas que han sido procesadas o privadas de la libertad por delitos menores relacionados con cannabis “cuando quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión, discapacidad, coacción de un tercero”.

Este proyecto, radicado este viernes, cuenta con buen ambiente en el Congreso por la aplanadora del Gobierno en el legislativo. Este sería un paso hacia adelante para concretar la “paz total” que propone el presidente Gustavo Petro.