Política
Gustavo Petro calificó de “golpe de Estado” decisión de la Fiscalía de Guatemala, que anuló elección de Bernardo Arévalo como presidente
El Ministerio Público alertó este viernes 8 de diciembre sobre supuestas irregularidades administrativas en las elecciones desarrolladas este año.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un golpe de Estado la decisión que tomó la Fiscalía de Guatemala, que este viernes 8 de diciembre invalidó las elecciones a la presidencia ganadas este año por Bernardo Arévalo de León.
A través de su tribuna favorita, el mandatario colombiano escribió: “Estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”.
Esta no es la primera que Gustavo Petro se pronuncia sobre la situación en Guatemala, teniendo en cuenta que la política internacional ha sido un tema que viene abarcando gran parte de la atención del mandatario colombiano en los últimos meses.
El jefe de Estado, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, alertó a finales de noviembre que, según él, “fuerzas ligadas al narcotráfico” no quieren el triunfo en las elecciones en Guatemala.
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“Guatemala vive una crisis de su democracia, porque las fuerzas ligadas al narcotráfico y la corrupción no quieren el triunfo del pueblo guatemalteco en las elecciones”, trinó Petro en sus redes sociales.
El jefe de Estado agregó en su mensaje: “Colombia exige que el mandato popular sea respetado y que tome posesión el presidente electo Bernardo Arévalo”.
Sobre los hechos en Guatemala, la Cancillería colombiana publicó un comunicado en el que manifestaba “su profunda preocupación por las nuevas acciones del Ministerio Público de la República de Guatemala contra el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera en el marco del proceso electoral y poselectoral de 2023″.
Y agregó: “Una vez más, Colombia hace un llamado a las autoridades judiciales guatemaltecas a respetar la decisión expresada por el pueblo a través de las urnas, así como el Estado de Derecho, para asegurar una transición democrática que conduzca a que la posesión de los elegidos se haga el 14 de enero de 2024, dentro del marco constitucional y legal”.
¿Qué pasó con Arévalo?
Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala en agosto pasado, luego de asegurar el 58 % de los votos y derrotar a Sandra Torres. Sin embargo, ahora su victoria se está viendo empañada por una decisión de la Fiscalía de este país.
El Ministerio Público explicó que las actas electorales que se utilizaron para los comicios en Guatemala “son nulas en pleno derecho”, teniendo en cuenta que “no fueron autorizadas” desde un inicio por el Tribunal Supremo Electoral.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, detalló que la investigación determinó siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.
“Se confirmaron siete hallazgos de violación a la normativa electoral”, explicó en una rueda de prensa, y agregó que faltan documentos por pagar, como préstamos sin intereses, firmados por el secretario general, Andrés Pérez Álvarez.
“En estos momentos se está presentado el retiro de antejuicio en contra del señor César Bernardo Arévalo de León por el delito de lavado u otros activos al no esclarecer fehacientemente el origen y destino de 44.000 dólares”, indicó.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también condenó, en un comunicado, el “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, sentenció Almagro.
Asimismo, recalcó que estas acciones “constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país”.
Con información de Europa Press
