Gustavo Petro, en manos de la Comisión de Acusación: así están las cuentas a su favor y en contra

Desde que se enteró de las conformaciones de las mesas directivas del Congreso en julio de 2022, Gustavo Petro no ocultó su preocupación por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, un escenario que tal como quedó conformado, podría convertirse en una eventual amenaza política y jurídica en su contra.

Antes de posesionarse, en una reunión privada con sus más cercanos colaboradores, el presidente hizo pública su preocupación. Después, volvió a encender las alarmas en varias bancadas del Pacto Histórico. Y este miércoles 7 de junio aprovechó el agite de las marchas en favor de sus reformas estructurales para lanzar nuevamente la advertencia.

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al presidente en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo”, dijo.

Según el presidente, eso se llama “golpe blando”, “es un golpe de Estado, un golpe contra la voluntad popular”, afirmó.

A la Comisión de Acusación pocos gobiernos le ponen cuidado porque los expresidentes, casi siempre, se confían porque obtienen las mayorías en dicho escenario que tiene las garras para adelantar un juicio penal, disciplinario, fiscal y político que le puede costar la salida del cargo a un jefe de Estado.

Las preocupaciones de Petro tienen lógica. De 18 representantes investigadores hoy tendría 9 en favor y el mismo número en contra, una cifra que no le permite estar tranquilo porque ni siquiera él tiene claro en qué terminará su más reciente escándalo del supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a su campaña presidencial, un ruido que crece como una bola de fuego.

Tampoco sabe hasta dónde llegará Armando Benedetti con las declaraciones en su contra. El temor del Gobierno es que la situación se complique y, a medida que pasen los días, pierda control político y los números jueguen en su contra.

De entrada, Petro tiene tres votos del Pacto Histórico: Alejandro Ocampo, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, y el apoyo del congresista Wilmer Carrillo del partido de La U, quien dirige la Comisión de Acusación.

Por los lados del Partido Conservador, contaría solo con el voto de Daniel Restrepo.

De la Alianza Verde, el presidente tendría el guiño de Olga Lucía Velásquez; uno de curules de Paz, William Aljure, y dos del Partido Liberal, Kelly González y María Eugenia Lopera. José Octavio Cardona está en veremos.

En cambio, tendría en contra a los congresistas Carlos Cuenca, de Cambio Radical; Hernán Cadavid y Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y Jorge Eliécer Tamayo, de La U.

Tampoco contaría con el respaldo de Juan Carlos Wills y Wadith Manzur, del Partido Conservador, ni de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien cada vez tiene más distancia con la Casa de Nariño.

Otro de los que no respalda a Gustavo Petro es el congresista Jorge Rodríguez Tovar, quien tiene una curul de Paz. En conclusión, el presidente no tiene las mayorías y cualquier cosa puede pasar.

Apenas SEMANA reveló las grabaciones de Armando Benedetti donde denunció el ingreso a la campaña de Gustavo Petro de 15.000 millones de pesos de dudosa procedencia y la posibilidad del exembajador de encender el ventilador en contra del actual Gobierno, cuatro denuncias en contra del jefe de Estado llegaron a la Comisión de Acusaciones.

Las presentaron el excandidato presidencial Federico Gutiérrez y los congresistas Miguel Polo Polo, Christian Garcés y Miguel Uribe, los dos últimos del Centro Democrático. Todas buscan esclarecer, entre otros hechos, el origen de los millonarios recursos que el hoy presidente no reportó en sus cuentas al Consejo Nacional Electoral.

SEMANA conoció que tan pronto llegaron las denuncias contra Petro, el presidente de la Comisión, Wilmer Carrillo, se movió hábilmente y las repartió a los representantes amigos del presidente para que investiguen.

Carrillo, del partido de La U, es investigado por la Sala de Instrucción de la Corte porque, al parecer, exigía a los contratistas, a través del gerente del Hospital de Ábrego, Norte de Santander, el pago de un porcentaje para que les adjudicaran contratos.

Usualmente, cada proceso tiene un congresista asignado para que adelante pruebas y decida, pero en este caso se acudió al triunvirato, una figura jurídica que permite que lo adelanten tres congresistas. Carrillo se incluyó y metió a Gloria Elena Arizabaleta y Alirio Uribe. La primera fue esposa del expresidente del Senado, Roy Barreras, y el segundo es un reconocido abogado del Polo Democrático.

Esta revista estableció que al interior de la Comisión de Acusación el reparto de los procesos no ha sido notificado. Aun así, los nombres se filtraron y no les gustaron a varios congresistas.

Internamente no está descartado que salten a la vista recusaciones a dos de los tres investigadores por su cercanía con la parte investigada, es decir, Gustavo Petro.

Recordemos que al congresista Óscar Villamizar, del Centro Democrático, lo recusaron en su momento porque llevaba investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe.

La recusación la votarían los 18 congresistas que integran la Comisión y lo más posible es que surta efecto, aunque hay juristas que no la ven posible. La controversia interna será para alquilar balcón.

De momento, la investigación contra Gustavo Petro podría estar congelada, entre otras razones porque la Comisión elegirá a su nuevo presidente después del 20 de julio.

Los acuerdos hablan del conservador Wadith Manzur, quien ha sido crítico al Gobierno, pero desde la Casa de Nariño le están haciendo campaña en contra y quieren empujar al representante Daniel Restrepo, de la corriente del senador Carlos Trujillo, expresidente del Partido Conservador con cercanías a la izquierda.

Lo primero que tendrán que hacer los investigadores es decretar las pruebas. Y la principal será escuchar en declaración juramentada al exembajador Armando Benedetti.

En él estará centrada la mayor carga probatoria porque su testimonio podrá motivar a que la Comisión abra oficialmente la investigación o se archive de inmediato.

Si Benedetti enciende el ventilador, la Comisión tendrá elementos para avanzar con el proceso y definir la suerte jurídica del presidente. Si, al contrario, se retracta, la situación motivaría el archivo. La exjefa de gabinete, Laura Sarabia, también la llamarán a declarar.

Gustavo Petro buscará el archivo de su investigación porque como no tiene el control mayoritario de la Comisión, el proceso se puede salir de sus manos y generarle fuertes dolores de cabeza en los próximos tres años y medio de Gobierno.

De hecho, hace menos de un mes, la Comisión de Acusación sesionó e internamente. Algunos congresistas, al parecer, llegaron a acuerdos previos con la bancada del Pacto Histórico de cerrarle una investigación a Gustavo Petro por presunto peculado y mal manejo de recursos públicos frente a TransMilenio, a cambio de no investigar al fiscal Francisco Barbosa por supuesto abuso de autoridad y prevaricato.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la decisión en favor de Petro quedó aplazada y la Comisión sí decidió que no investigaría a Barbosa. Ese día, el presidente entendió que no se puede confiar en dicho escenario legislativo.

Si le abren investigación formal a Petro, la Comisión de Acusación votará y, posteriormente, pasará a la plenaria de la Cámara, que tendrá que acusarlo ante el Senado y allí se dará la última palabra. Ese escenario, según expertos consultados por SEMANA, no se daría en menos de un año.

Sin embargo, quienes conocen esa comisión de cerca insisten en que está diseñada para que nunca pase nada. De hecho, en la historia más reciente del país, ningún presidente ha sido juzgado en ese escenario.