Gustavo Petro y Claudia López ‘fuman la pipa de la paz’ y prometen no lanzarse más pullas por el Metro de Bogotá

Varios sectores políticos han venido advirtiendo que la relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la alcaldesa Claudia López estaba pasando por su peor momento, a raíz de las profundas diferencias que han expresado por el megaproyecto del Metro de Bogotá.

El choque se trasladó en los últimos días a las redes sociales, con un fuerte contrapunteo, en el cual el mandatario colombiano llegó a decir que era un esperpento el metro elevado de Bogotá, contrato que se adjudicó en la anterior administración del exalcalde de la capital Enrique Peñalosa. López no se quedó atrás y alertó de una especie de chantaje por parte del Gobierno nacional sobre la obra de infraestructura.

Fuentes de la Casa de Nariño indicaron que este jueves 9 de febrero, el presidente Petro y la alcaldesa López compartieron vuelo para ir al evento de Asocapitales en Guaviare y allí llegaron a un acuerdo para discutir el futuro del Metro de Bogotá en las mesas técnicas y jurídicas para buscar una solución a las diferencias.

El jefe de Estado, por medio de su cuenta de Twitter, reveló detalles de la breve reunión aérea con Claudia López: “El Pacto de la Orinoquia, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas”.

El pasado lunes 6 de febrero se registró un nuevo capítulo del ‘agarrón’ en el que están enfrascados el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el Metro de Bogotá; en esta ocasión, la manzana de la discordia fue la compra de predios para el megaproyecto.

Nuevamente por medio de la plataforma Twitter, el mandatario colombiano lanzó agudas pullas en contra de López al advertir que en Bogotá el Distrito estaría adquiriendo bienes sin estudios de diseño.

Y fue más allá el jefe de Estado, pues calificó ese proceso de compra de predios como “expropiación” de las familias que viven en la capital del país, específicamente en zonas de afectación de las obras del Metro de Bogotá.

Aprovechó ese espacio para asegurar que al tener el Metro de Bogotá subterráneo, como ha sido su idea desde un principio cuando fue alcalde de la capital, según él, se valorizan todos los predios.

“Aquí se evidencia cómo compraron predios sin tener estudios de diseño. Expropiaron a familias bogotanas sin tener estudios. Al subterranizar se valorizan todos los predios, incluidos los expropiados por el Distrito. No hay detrimento, sino enriquecimiento patrimonial”, trinó el presidente Petro.

La postura del mandatario colombiano se generó después de una explicación de la alcaldesa, quien dijo en varios medios de comunicación que los “predios son justamente para hacer las estaciones elevadas. Podríamos incurrir en un detrimento patrimonial por no usar plata que ya invertimos”.

Y sobre los recursos de la segunda línea del proyecto, indicó Petro: “La plata para la segunda línea del metro de la que habla la alcaldesa es una vigencia futura de la Nación que arranca en 2028 con 23 billones. Nuestro Gobierno termina en 2026″.

Procuraduría pidió documentos clave

La procuradora Margarita Cabello se refirió a la solicitud del presidente Gustavo Petro de modificar el Metro de Bogotá. Desde el departamento del Atlántico, la líder del Ministerio Público le solicitó al Gobierno nacional mostrar la documentación y los conceptos jurídicos que permitirían replantear la primera línea, con el fin de llevarla a cabo de forma subterránea.

La documentación, según Cabello, es clave para hacer un análisis de los beneficios de llevar a cabo la obra de forma subterránea.

“Escuchamos que hay otros estudios de algunos abogados que dicen que todas estas preocupaciones en la Procuraduría quedarían superadas. No hemos mirado esa documentación. De pronto, si la miramos o si las muestran, podremos hacer un análisis para determinar si evidentemente es más beneficioso para la ciudad hacer un metro subterráneo”, indicó la procuradora.

Según Cabello, lo que se conoce hasta ahora es que existen preocupaciones con respecto a alterar un contrato que ya se firmó. “Hasta ahí vamos, vamos a ver qué pasa más adelante. Miraremos los conceptos y las documentaciones completas para ver si lo que se dice es cierto o no es cierto”, anotó.

Sin embargo, destaca que existe un contrato firmado y una obra en curso. De tal manera que no sabe de qué formas se podría alterar lo anteriormente pactado.

“Lo que es cierto hoy es que ya hay una firma, ya hay un contratista, ya hay un contratante, ya se iniciaron unas obras. Esos contratos están con unos objetos específicos, con una planeación específica y lineamientos específicos. No sabemos cómo van a meterle cambios sin que se afecten las reglas contractuales de validez y cumplimiento contractual”, concluyó la procuradora.

Cámara de Infraestructura se pronuncia

Un tremendo polvorín se ha levantado en Colombia alrededor de proyecto del Metro de Bogotá, luego de que el presidente Gustavo Petro mencionó la posibilidad de retomar los estudios sobre el metro subterráneo.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, que hasta ahora no se había pronunciado, salió este viernes a exponer su posición.

El gremio que agrupa a empresas constructoras de grandes obras civiles expresó que, “en la medida en que la entrada en operación de una primera línea del metro significa una solución a la movilidad de los bogotanos, si el proyecto sigue dilatándose indefinidamente, serían aquellos ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público los principales afectados por una decisión de esta naturaleza”.

Riesgo de sobrecostos

Sumado a ello, expresaron que, si bien la Nación asume el 70 % de los costos del proyecto, es algo que está en la Ley de Metros. Por lo tanto, “son recursos de los propios ciudadanos los que tendrían afectaciones, si se tiene en cuenta que la obra podría tener sobrecostos, incluso, de hasta 13 billones de pesos”.

Por último, el gremio expresó que “no se puede olvidar que el recaudo tributario de Bogotá representa un 25 % del recaudo total de la nación”, lo que, a juicio de la CCI, significa que “el mayor aporte a la financiación del proyecto lo harán los bogotanos, quienes, paradójicamente, verían afectadas las soluciones de la ciudad en materia de movilidad y la correcta ejecución de sus recursos, producto de sus impuestos”.

La posible suspensión del proyecto ha generado un choque de trenes entre la alcaldesa Claudia López y el mandatario de los colombianos.

Eso, sin contar con el avispero entre las fuerzas políticas, luego de esa especie de ultimátum, según el cual, si no se acepta las modificaciones que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le quiere hacer a la primera línea del Metro, podría frenar la financiación, lo que, por demás, se llevaría por delante otras obras que se adelantarán en la capital del país.

“Es muy claro: si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida en que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, afirmó el funcionario.