Gustavo Petro y su defensa desconocen al CNE y anuncian que no responderán al pliego de cargos en su contra

La defensa del presidente Gustavo Petro envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) donde anunciaron oficialmente que no responderán al pliego de cargos en contra del jefe de Estado. Recordemos que el tribunal electoral confirmó preliminarmente que el primer mandatario y los directivos de su campaña violaron los topes por encima de los 5.300 millones de pesos en primera y segunda vuelta en 2022.

SEMANA conoció que el abogado Héctor Carvajal radicó su respuesta en un documento de 10 páginas donde centra sus argumentos en la falta de competencias que tiene el CNE para investigar al jefe de Estado. Petro ha insistido en que quien debe investigarlo es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En el documento, Carvajal insiste en que “la postura de la defensa sigue intacta, a pesar de los esfuerzos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral a apegarse a los incisos que interpretan aisladamente, para eludir su sentido integral y sistemático, así como de las decisiones administrativas de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que utilizan como andamiaje para ocultar lo inocultable, como lo constituye la fuerza vinculante de la Constitución Nacional y de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, así como aquellas que han amparado al primer mandatario del abuso de entidades de naturaleza administrativa, inclusive en el ámbito internacional, como son las medidas cautelares”.

Y añadió: “Igualmente, el Consejo Nacional Electoral desconoce la obligatoriedad que impone la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1153 de 2005, a través de la cual declaró exequible el término de 30 días, contados a partir de la fecha de elección del presidente de la República, para que opere la caducidad para las denuncias o quejas por violación de topes y financiación ilícita de las campañas presidenciales. En el caso de quien resulta elegido como presidente de la República, indicando que, luego de dicho término, la competencia radica en la Contraloría General de la República para recuperar los dineros que se hayan pagado injustificadamente como gastos de campaña”.

Para Carvajal, la competencia del Consejo Nacional Electoral fue agotada en debida forma, a través del proceso de rendición de cuentas de la campaña presidencial, durante el cual se hicieron todos los requerimientos de ajuste contable y se practicaron múltiples auditorias, inclusive, internacionales, habiéndose obtenido como resultado su aprobación mediante actos administrativos como lo son las resoluciones 5272 del 21 de noviembre de 2022 y 2912 del 19 de abril de 2023.

Por esto, según el abogado, “el Consejo Nacional Electoral no puede reabrir el debate sobre el particular, por cuanto se han generado unos derechos adquiridos a favor de los particulares sometidos a la rendición de cuentas que impiden que dicha entidad pueda revivir el debate para ir contra sus propios actos, sin contar con el consentimiento de los beneficiarios de tales derechos”.

El jurista anunció: “Todo lo anterior fue puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral y, sin embargo, un grupo mayoritario aprobó una decisión fundada en argumentos que se apartan de las decisiones y reglas constitucionales y legales citadas en precedente, sin justificación alguna. Por lo que desconocen las reglas antes citadas sin tener autorización constitucional ni legal para ello. Por tales razones no se responderán los cargos formulados al señor presidente, por cuanto la actuación es violatoria de los derechos fundamentales del señor presidente de la República”.

Al final, el abogado aclaró: “Una vez se resuelva el asunto que nos ocupa por quien tenga la competencia constitucional y legal para resolverlo, lo mismo que en el orden jurídico internacional, el señor presidente de la República acatará las decisiones que se profieran conforme al ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos y aprobados por el Estado Colombiano”.

Ese escenario podría llevar al CNE, eventualmente, a decidir rápidamente la suerte administrativa del jefe de Estado porque su defensa no controvirtió las pruebas presentadas en el pliego de cargos.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le confirmó a SEMANA que su defensa sí presentará las respuestas al pliego de cargos.