Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, denuncia supuesta alianza entre banda criminal y administración anterior: “Tenía que ser con el beneplácito del alcalde”

SEMANA: ¿Cómo recibe el municipio de Tuluá?

Gustavo Vélez (G.V.): La situación actual del municipio es una situación de mucha desorganización administrativa y financiera. Están dejando una deuda cercana a los 45.000 millones de pesos en el nivel central y dejan instituciones como Infituluá, que dependen 100 % del municipio, con deudas por pagar cercanas a los 12.000 millones de pesos. Sobre todo un gran desorden administrativo y financiero. Estamos tratando de poner la casa en orden para poder iniciar.

SEMANA: ¿Cómo recibe el municipio, en términos de orden público y seguridad, con la presencia de la banda La Inmaculada? ¿Qué muestra el asesinato del concejal Eliecid Ávila?

G.V.: Es muestra del poder corrupto de una organización criminal, incluso al interior de la administración municipal. No solamente por el asesinato. Yo vi los mensajes que me mostró el concejal, donde hacían referencia a alias Pipe, quienes prometían atentar contra él o personas cercanas a mi círculo si nos interponíamos en la continuidad del proceso para elegir personero municipal. La posición del concejal era que se trataba de un proceso viciado que fue realizado por una corporación universitaria que no cumplió ninguno de los estándares. De 28 personas que presentaron, solo una ganó las pruebas. Eso no tiene coherencia. La posición de Eliecid era que ese proceso se tenía que caer para empezar de cero. Cuando habló de ese tema en el Concejo llegaron las amenazas. Desafortunadamente las materializaron. Se dieron cuenta de que él iba a ser el presidente del Concejo en el primer año.

SEMANA: ¿Hubo pactos con grupos criminales en la administración pasada, en cabeza del exalcalde John Jairo Gómez?

G.V.: El anterior alcalde de Tuluá es responsable de la situación que estamos viviendo todos los tulueños y la que yo he vivido en carne propia en los últimos 18 meses. El exalcalde es responsable del crecimiento de esta estructura criminal. Permitió que ocuparan espacios que nunca antes habían tenido. Entonces, de manera directa o indirecta, el anterior alcalde de Tuluá es responsable. Hay muchas muestras de eso. ¿Cómo es posible que, en un periodo de cuatro años, haya once eventos de atentados en una dependencia como la de movilidad? Además, que en esos once atentados hayan asesinado a siete personas, incluida una directora de movilidad. También agentes de tránsito y demás funcionarios en procesos penales.

Hubo una penetración de personas de esa banda delincuencial al interior de la administración municipal. No me lo estoy inventando o especulando. Es que hubo funcionarios que participaron directamente en actos delictivos. Así como sucedió en movilidad, sucedió en diferentes dependencias. Por ejemplo, en Hacienda no sabían la información de pago de un contratista y los llamaban para pedirles un porcentaje. Lo que nosotros decimos es para que se viera ese grado de penetración de integrantes de la organización delincuencial dentro de la administración municipal. Tenía que ser con el beneplácito del alcalde. Eso nos tiene hoy en esta situación tan compleja. Las estadísticas lo demuestran.

SEMANA: ¿Qué han hecho las autoridades ante la situación que se vive en la Alcaldía de Tuluá?

G.V.: Esto ya está en conocimiento de las autoridades. La Fiscalía adelanta investigaciones sobre muchos hechos de corrupción al interior de la administración municipal. Ya la Fiscalía capturó a dos funcionarios de la administración municipal, como agentes de tránsito. Tiene una orden de Interpol para otro agente. Un agente de tránsito está posiblemente vinculado a un homicidio. Ellos tienen elementos de lo que está sucediendo. Ya está reportado y queremos que llegue a buen fin. Sería un mensaje de confianza para la ciudadanía, que el alcalde rompió. Cuando le contaban que los estaban extorsionando y qué podían hacer, el alcalde les decía que mejor era que pagaran. Eso es horroroso. Se pierde la confianza. Por eso hay un subregistro de denuncias de la ciudadanía frente a este tipo de delitos.

SEMANA: ¿Aportarán más pruebas a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría?

G.V.: Tenemos que complementar mucha información de la que tiene la Fiscalía, denunciando todos los casos de corrupción y de participación conjunta de esta banda delincuencial al interior de la administración municipal. Seguramente vamos a encontrar muchísimas pruebas que serán aportadas.

SEMANA: Usted fue amenazado desde su campaña. ¿El exalcalde en algún momento se solidarizó con su situación?

G.V.: Hasta hace unos pocos meses, antes de las elecciones, se puso en evidencia lo que sucedía en Tuluá a raíz de la campaña que realicé. No salí a la plaza pública porque estaba amenazado y me iban a asesinar. El país se dio cuenta de lo que sucedía. El alcalde siempre dijo que lo que había era una percepción de inseguridad. Solo el año anterior, en Tuluá hubo 450 establecimientos comerciales que cerraron sus puertas. Hay cientos de familias y miles de personas que se han tenido que ir de Tuluá. Mis hijos, mi esposa y yo nos tuvimos que ir. Regresamos en mayo. Eso no es percepción, es una realidad.

SEMANA: Después de manifestar que no lo habían llamado, ¿ha recibido ayuda del Gobierno nacional?

G.V.: A raíz del asesinato del concejal, hicimos un llamado angustioso al Gobierno nacional y respondieron que me iban a acompañar. Prueba de eso es que he hablado con cinco altos cargos del Gobierno nacional, entre ellos el director de la UNP. No tenía carro blindado. Me lo proporcionaron a través de un acto de urgencia. Tuve una reunión con el ministro del Interior y vemos disposición total del Gobierno para hacer una inversión en tecnología. Debo reconocer que he sentido un apoyo del presidente y de las personas que ha dispuesto para que atiendan nuestras necesidades.