¿Hay intereses que se mueven detrás de la demanda de nulidad contra el registrador, Hernán Penagos?

En el Consejo de Estado se está tramitando una demanda de nulidad electoral en contra de la elección de Hernán Penagos como registrador nacional. Dicha acción fue presentada por los ciudadanos Harold Eduardo Sua Montaña y Leonardo Augusto Torres Calderón. La Sección Quinta admitió para su estudio la demanda que podría culminar en una sentencia anticipada.

Para los demandantes, se presentó una “violación al debido proceso en su garantía constitucional y convencional, de imparcialidad objetiva, deber de motivación, derecho a ser oído y efectividad de los recursos”.

No obstante, toda esta discusión se da en medio de un intenso debate político sobre la legalidad y transparencia de los procesos electorales en el país de cara a las elecciones de 2026. La demanda alega una supuesta inhabilidad de Penagos, quien ocupó el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral hasta septiembre del 2022.

Sumado a todo esto, se conoció que supuestamente el funcionario encargado de proyectar la ponencia de esta demanda en curso integra la Sección Quinta como profesional especializado y sería el sustanciador del equipo que definirá la suerte de esta demanda que está en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y quien será el que tome decisiones de fondo.

El asunto de fondo es que en los pasillos del Consejo de Estado afirman que dicho funcionario que proyecta la ponencia sería cercano a la expresidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, ya que en 2015 llegó al tribunal supremo de la mano de la entonces magistrada.

Como Bermúdez sería tan cercana al exregistrador Alexander Vega, muchos están haciendo cuentas de que podría haber intereses para sacar a Penagos de la Registraduría. Vega y Penagos hoy en día están totalmente distanciados y los rumores sobre sus diferencias aumentan cada día. Sin embargo, estos rumores han sido negados por los protagonistas.

Sobre la demanda en curso el magistrado ponente anunció que emitirá sentencia anticipada en este proceso por lo que en las próximas semanas se conocerá una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado.

En todo caso hay una suma de hechos que tienen en jaque a Penagos y que son ajenos al Consejo de Estado, pero que políticamente se unen y generan suspicacia. En las últimas semanas, se han presentado: una inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio, las denuncias de la Secretaría de Transparencia sobre un supuesto favorecimiento de Thomas Greg y una reducción en el presupuesto para la entidad. Todo esto ha encendido las alarmas.

Esas discusiones, y algunas decisiones recientes de dependencias de la Presidencia, han generado que algunos consideren que el Gobierno estaría en contra de la Registraduría de cara a algunos comicios importantes, entre ellos, las elecciones complementarias de Junta de Acción Comunal (JAL) que se realizarán el próximo 17 de noviembre y que son un pilar fundamental para Petro para varios proyectos, entre ellos las vías terciarias; y las elecciones presidenciales de 2026 que ya se empiezan a organizar a través de los contratos. De nuevo aparece Thomas Greg como uno de los posibles contratantes, contra quien el presidente la ha emprendido.

Una de las que generó esta alerta de la supuesta persecución que se estaría dando contra la Registraduría fue la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. “Golpe, y nada blando, es el que buscan darle a la Registraduría. No solo fue el intento de quitarle recursos en el presupuesto, hay otros elementos que buscan minar la credibilidad de un ente autónomo”, aseguró.

La senadora recordó varios de los hechos por los que se reflejaría la arremetida del Gobierno en contra de la Registraduría. La última fue la denuncia del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien le pidió al registrador Hernán Penagos frenar la adjudicación de un proceso para logística, tecnología e informática por más de 41.000 millones de pesos que podrían quedar en manos de Thomas Greg.

La Registraduría le contestó a Idárraga a través de una carta -que llamó la atención que fue firmada por otros altos funcionarios de la entidad, pero no por Penagos- en la que aseguran que los tiempos electorales no dependen exclusivamente de ellos y que deben cumplirlos. “Lo cual hace imposible que su inicio sea anterior y, a la vez, que el plazo de ejecución pueda extenderse por un tiempo adicional”, aseguraron. Y dijeron que todo estaba bajo conceptos del mismo Ministerio de Hacienda.