Hay preocupación por petición de Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; se podría restringir aún más la actividad minera

Una petición conjunta firmada por los gobiernos de Colombia y Chile, que eleva una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre cómo enfrentar el cambio climático, podría terminar restringiendo la actividad empresarial en el país.

Así lo advierten expertos que revisaron en detalle la opinión consultiva planteada por el canciller colombiano Álvaro Leyva y la canciller chilena Antonia Urrejola ante la CIDH, con sede en Costa Rica. Ambos funcionarios acordaron abordar el tema de forma conjunta en una visita del presidente Gustavo Petro al presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 9 de enero.

En el documento, en la introducción, se plantea lo siguiente: “La República de Colombia y la República de Chile (en adelante “Colombia” y “Chile” o “los solicitantes”) presentan esta solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH o la Corte) con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que tenga especialmente en cuenta las afectaciones diferenciadas que dicha emergencia tiene sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales, la naturaleza y la sobrevivencia humana en nuestro planeta”.

Ambos países plantean preguntas puntuales sobre cómo luchar contra el cambio climático. Las personas interesadas en pronunciarse sobre los interrogantes de Colombia y Chile tienen plazo para hacerlo hasta el próximo 18 de agosto. Luego se podrá fijar una audiencia pública, en la que los interesados podrán intervenir.

Las directrices que fije la CIDH pueden ser asimilables a las decisiones del Consejo de Estado, a través de su sala de consulta. Por eso, las alarmas están encendidas frente a lo que pueda determinar el tribunal, concretamente, a la hora de restringir la actividad empresarial, en aras de enfrentar la emergencia climática. El sistema interamericano, del que Colombia hace parte, podría terminar exigiéndole al país que expida regulaciones que atenten contra el desarrollo empresarial. Eso tendría, por ejemplo, graves consecuencias para la industria mineroenergética, ya de por sí impactada por los anuncios del Gobierno Petro de no darle vía libre a más contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.

Entre las preguntas que ambos países le formularon a la CIDH hay algunas que llaman la atención y dan pistas sobre lo que podría ocurrir en el futuro.

Una de ellas dice: “¿Qué consideraciones debe tomar un Estado para implementar su obligación de (i) regular, (ii) monitorear y fiscalizar; (iii) requerir y aprobar estudios de impacto social y ambiental, (iv) establecer un plan de contingencia y (v) mitigar las actividades dentro de su jurisdicción que agraven o puedan agravar la emergencia climática?”.

Este es el documento ante la CIDH que lleva como título: “Solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la República de Colombia y la República de Chile”.