“Hoy una factura de energía en el Caribe cuesta entre 30 y 40 por ciento más que en el resto del país; eso es inequitativo e ilegal”, dice alcalde de Barranquilla

SEMANA (S.): ¿Qué balance se hizo del reciente incendio en el puerto de Barranquilla?

JAIME PUMAREJO (J.P.): El balance es positivo en algunas áreas. Hay un proceso que venimos consolidando hace muchos años con los industriales en el que desde el primer momento del incendio de consolidó una red, llegó el punto de emergencia, se instaló el puesto de mando unificado, se juntaron las capacidades y la experticia para combatir la emergencia y se tomaron las decisiones responsables. Desataco la solidaridad del país, en la que tuvimos apoyo de Ecopetrol, de la Aerocivil y del Gobierno nacional y al final lo que vimos fue que trabajo en equipo y se solventó una situación que hubiera podido ser mucho peor.

S.: ¿Qué aprendizajes dejó esta emergencia?

J.P: Dentro de lo que salió mal estuvo que perdimos la vida de un bombero, un sargento, que nos dejó sinsabor y tristeza. Ahora tenemos que entrar a hacer la investigación, que ya se está haciendo, del por qué falleció, cuáles son los protocolos que debemos reforzar, si hubo algún error humano o en el protocolo y cómo atacar de manera más segura y eficaz eventos como este.

S.: En términos económicos, ¿cuáles fueron las pérdidas que produjo esta emergencia?

J.P.: Se pierde una infraestructura importante que supera los miles de millones de pesos. Las aseguradoras tendrán que llegar a responder ahora, pero lo más importante es que se perdieron tres días de actividades portuarias. Sin embargo, algunos buques alcanzaron a entrar. Todavía están haciendo los análisis de las pérdidas reales y cuáles las inducidas. La verdad es que el riesgo material estaba calculado, pero la más significativa para mí fue la vida de Javier Solano.

S.: ¿Cuál es su posición ante las supuestas irregularidades en la compra de acciones de la Triple A?

J.P.: La realidad de la Triple A es que es una empresa que nació siendo ochenta por ciento de los barranquilleros o del Distrito de Barranquilla y, mediante diversas acciones, fueron quitándosela. El año pasado había terminado con el 14 y medio por ciento solamente. Había quedado en manos de empresas privadas y extranjeras, cuyas administraciones han sido señaladas por diversos actos de corrupción. Posteriormente fue imputada por unas acciones que se consideraron fraudulentas. Todavía no han sido condenadas, pero están imputadas.

S.: ¿Y qué pasó entonces con Barranquilla?

J.P.: El Distrito de Barranquilla en vez de recibir de nuevo esa empresa, lo que hizo fue adquirírsela a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo cual se hizo a través de una empresa de economía mixta, que tenía todas las facultades legales para hacer una venta o recibir mediante venta directa esas acciones. Pagó lo justo. Se hicieron tres valoraciones y cabe anotar que la empresa no es dueña de los activos, sino de una concesión que le otorga el Distrito de Barranquilla, a la cual le quedan diez años de vida. Ya se han desembolsado más de 300.000 millones de pesos y dentro de muy pocos días se deberían recibir las acciones. Eso significa que Barranquilla nuevamente sería duela de más del 65 por ciento de la empresa de agua, alcantarillado y aseo.

S.: ¿A qué adjudica las denuncias de supuestas irregularidades?

J.P.: Estamos tranquilos, pero entendemos que los antiguos dueños han manifestado que han dispuesto de más de un millón de euros para pagar lobistas y abogados para entorpecer ese proceso y, al mismo tiempo, para intentar recuperar lo que consideran que es de ellos. Pero la ley colombiana es clara en que cuando hay un acto de corrupción en el marco de un contrato este debe ser cedido o entregado o caducado. Y además, cuando hay una venta anticipada por parte de la SAE, lo que ellos podrían algún día aspirar a recibir sería el producido de la venta justa de esas acciones, es decir el valor patrimonial que nosotros le estamos entregando a la SAE.

S.: ¿Cómo se cierra el año en cuanto al alza de las tarifas de energía?

J.P.: En ese tema estamos mal. No hemos podido solucionarlo. Entendemos que este no es un problema que haya generado el gobierno Petro ni los gobiernos de Duque o Santos. Lo que ha pasado es una falta de entendimiento de la falta de infraestructura en el Caribe y las necesidades que se tienen. Desafortunadamente se juntó una tarifa diferencial que se inventaron en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y una alza exponencial de los índices del precio al productor con el cual se indexaban las tarifas de energía. Es por eso que hoy una factura de energía en el caribe colombiano cuesta entre 30 y 40 por ciento más que en el resto del país. Eso es inequitativo e ilegal y lo hemos demandado ante el Consejo de Estado.

S.: ¿Y qué se ha hecho al respecto?

J.P.: Hemos pedido acciones contundentes. El resto del país no está siendo solidario con una región. El proyecto para solucionar el tema eléctrico en el Caribe es una inversión que no supera los 6 o 7 billones de pesos que deben ser invertidos durante los próximos años. No es una cifra grande cuando comparamos las grandes cifras de inversión que se hacen en otras regiones del país.

S.: ¿Cómo cierra el año Barranquilla en materia de orden público?

J.P.: Como alcalde podría decir que bajamos el número de homicidios frente al año pasado. También que los homicidios causados por hurto o en los que el acto se cometió contra una persona inocente se redujeron drásticamente, pero la realidad es que los barranquilleros y los colombianos no se sienten seguros, porque tenemos un problema nacional de extorsión en el que llaman desde las cárceles, sin capacidad de actuar sobre este delito. Vemos también que las bandas de microtráfico se fortalecen por cuenta del tráfico de drogas y de oro ilegal. Son presiones que se les están ocasionando a las ciudades, las cuales viven una dinámica diferente.