HRW pidió a Petro que, así como condena el genocidio en Gaza, haga lo mismo con la dictadura de Maduro: “En Venezuela no hay democracia”

Más de dos horas duró el encuentro entre Human Rights Watch (HRW) y delegados del Gobierno nacional en la Casa de Nariño, en el que pidió al presidente Gustavo Petro que endurezca su postura en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, tras el robo electoral en Venezuela.

Sin embargo, el mandatario colombiano, pese a que el encuentro se realizó en el palacio presidencial este miércoles 11 de septiembre, no estuvo en la reunión de alto nivel.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, expresó que así como el Gobierno ha condenado con vehemencia el genocidio en Gaza, debería hacer lo propio en contra del régimen de Maduro, ante la Corte Penal Internacional.

“Tenemos la oportunidad de mencionar el tema de Venezuela. Para Human Rights Watch, esta es una situación supremamente clara, si uno mira la declaración americana relacionada con la Carta Democrática, es evidente que en Venezuela no hay una democracia”, sostuvo Goebertus.

De la misma manera expresó: “Le hemos pedido al Gobierno colombiano que, además de seguir adelante con su proceso diplomático para insistir en que se publiquen los resultados electorales, para insistir en que haya una veeduría independiente, se tome también muy en serio el rol que ha tomado en otros escenarios, como por ejemplo en el caso de Israel y Palestina, en exigir que se haga justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos que han sucedido en Venezuela ante la Corte Penal Internacional”.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, recordó que se publicó desde ese organismo un informe “muy completo sobre las 24 personas que han sido asesinadas; luego del 28 de julio, hemos podido corroborar la participación tanto de agentes estatales venezolanos como en algunos casos de estos llamados colectivos, estos grupos armados civiles que operan en connivencia con las Fuerzas Armadas en Venezuela”.

“Son niños hasta de 15 años que han perdido su vida por el solo hecho de manifestarse y de señalar públicamente que en su opinión ha ocurrido un fraude. Es fundamental que Colombia use toda su influencia a través de esos canales diplomáticos para exigir que se haga justicia y empujar por una transición hacia la democracia en Venezuela”, insistió.

HRW “ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como ‘colectivos’, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno”, señala el informe. Tras el anuncio de la reelección de Maduro para un tercer mandato, estallaron en todo el país manifestaciones espontáneas, con un saldo de 27 muertos (dos de ellos militares) y 192 heridos, mientras que unas 2.400 personas fueron detenidas, según fuentes oficiales.

“Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos. En otros casos, los responsables parecen ser grupos de ‘colectivos’”, añade el informe. Para la oenegé, esos grupos armados progubernamentales “llevan años intimidando y acosando a críticos e informando sobre ellos al gobierno, especialmente en las zonas populares”.

“La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”, completa Goebertus. Además, HRW instó a los gobiernos del mundo a “imponer sanciones individuales a los miembros de las fuerzas de seguridad, ‘colectivos’, jueces y fiscales responsables de graves violaciones de derechos humanos”.

Por último, la organización, que se ha mostrado partidaria de verificar el detalle de los resultados electorales, pidió también en ese reciente informe “ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional” para los venezolanos “que se ven forzados a abandonar su país”. Maduro, cuya victoria fue validada por el Tribunal Supremo el 22 de agosto, fue declarado vencedor con el 52 % de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha difundido las actas electorales como obliga la ley, alegando ser víctima de un ataque informático.