ICBF anunció revolcón en la contratación: se priorizará asociación de padres y comunidades indígenas por encima de privados

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, reveló este lunes detalles de un completo revolcón que está en marcha en la entidad, el cual se ha enfocado en los procesos de contratación.

Cáceres afirmó que se priorizarán las asociaciones de padres y madres, así como las comunidades indígenas, por encima de privados, al argumentar que avanza una depuración al interior del ICBF por focos de corrupción detectados.

“Bueno, la verdad es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido durante muchos gobiernos desmantelado en su carácter público. La mayor parte de lo que nosotros encontramos en el instituto está dedicado a contratar y subcontratar, más que a garantizar derechos de los niños y las niñas”, sostuvo la directora del ICBF en diálogo con la emisora de la Presidencia.

También señaló: “Nosotros hemos encontrado, desde que empezamos el proceso de depuración del ICBF, circunstancias realmente lamentables en relación a la manera como se manejaban los recursos de los niños y las niñas”.

“Encontrábamos, por ejemplo, que unas mismas organizaciones, fundaciones, podían manejar una cantidad ilimitada de contratos, una cantidad ilimitada de cupos de atención. Encontrábamos que había puntos de equilibrio más bien por negocios que por atender a los niños”, anotó la funcionaria.

Expresó la directora que la manera de operar del ICBF empezó a cambiar drásticamente: “Nosotros empezamos a democratizar la operación para que pudiéramos primero trabajar directamente con el Estado, hacer operación nuevamente directa de lo público”.

En materia de pluralidad de oferentes, aseguró que la idea es “que no sean solamente los de siempre, sino que mucha más gente entre y que esa más gente que entre sea propiamente la más cercana a cada uno de nuestros servicios”, anotó.

También señaló: “Eso arrancó con abrir nuevamente personalidades jurídicas, llamar a las asociaciones de padres y madres de los servicios que sean los principales dolientes, que son los padres de familia de los niños y niñas, para que fueran ellos quienes entraran también a participar”.

“Llamar también a las organizaciones indígenas para que en su territorio ellos puedan operar. Llamar también a todo lo que son las asociaciones de padres y madres comunitarios como principales dolientes de los niños y niñas”, agregó.

Contraloría alerta irregularidades por más de $211 mil millones tras demoras en contratación del ICBF

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República anunció este lunes, 26 de febrero, un “seguimiento especial” al proceso de contratación llevado a cabo por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para atender a los Centros de Desarrollo Infantil, debido al retraso en la atención de 785.905 niños de 0 a 5 años.

Según la Diari, el proceso adelantado por el ICBF hasta la fecha “rompe los principios de contratación estatal de planeación y de responsabilidad, cuyo fin es cumplir los objetivos del Estado para prestar los servicios a la comunidad, en este caso concreto a una de las poblaciones más vulnerables del país”.

El proceso de contratación, que inició el 28 de diciembre de 2023, buscaba adjudicar contratos de aportes para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) –destinados a atender la educación inicial, cuidado y nutrición de los menores de 5 años–, Hogares Infantiles (HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) y Educación Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de $ 3.033.038.286.259 (más de tres billones de pesos) por una duración de 330 días, según el Secop II.

Se presentaron 1.417 ofertas y se han recibido aproximadamente 690 reclamaciones, denuncias y recursos, algunas con connotación penal por presunta falsificación de documentos, según el órgano de control. Estos reclamos fueron contestados en el Secop II en febrero 16 de 2024, junto con el alcance II al informe de evaluación.

A pesar de que los contratos debían suscribirse entre el 21 y el 23 de febrero de 2024, se estima que, debido a los procedimientos adicionales requeridos, la firma del acta de inicio podría realizarse aproximadamente el 29 de febrero de 2024, lo que reduce la duración efectiva del contrato a unos 306 días.

Para la Contraloría, esto implica un daño potencial a la población beneficiaria, ya que los días adicionales que no se estarían contratando equivalen a $ 211.393.577.527, según el valor total del contrato.