POLÍTICA
¿Impunidad? Duro pulso en los sectores políticos por ley de sometimiento a la justicia del gobierno Petro
El senador Iván Cepeda reconoció que “se flexibilizan algunos aspectos” de las normas penales.
Toda una polémica desató el borrador conocido este viernes de la llamada ley de sometimiento a la justicia para bandas dedicadas al narcotráfico que se presentará en los próximos días al Congreso de la República.
La iniciativa busca establecer unas reglas de juego claras para desarticular las estructuras criminales en el país y avanzar en lo que el Gobierno llama la ‘paz total’.
En total serán 90 artículos los que tendrá este proyecto de ley y queda claro que habrá un tratamiento diferencial entre los altos mandos y los rasos de las diferentes estructuras criminales.
La norma contiene puntos polémicos, como aquel que señala que habrá rebajas del 60 % “de la pena imponible” para los altos mandos, quienes dependiendo del tiempo que hayan cumplido de pena, podrá acceder a permisos especiales.
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Otro de los apartados controversiales es el que establece que los procesados que se acojan a esta norma podrán conservar hasta el 10 % de los bienes obtenidos en medio de la actividad ilegal.
El asunto ha generado tanta controversia que el senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, uno de los principales impulsores del proyecto, tuvo que salir a explicar el sentido de la norma.
Lo primero que hizo Cepeda es reconocer que, efectivamente, en el proyecto “se flexibilizan, de acuerdo a la ley penal en curso hoy en Colombia, algunos de los aspectos de ese acogimiento a la justicia”.
Pero también, según el congresista del Pacto Histórico, se otorgan prerrogativas para garantizar los derechos de las víctimas “en materia de verdad y reparación” y también se crean vías expeditas para que ese proceso de desmantelamiento funcione.
“El proyecto de ley fija con toda claridad el sentido y el procedimiento de esa posible desestructuración de esas grandes organizaciones”, apuntó Cepeda.
Otro de los que se mostró a favor de esta norma fue el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien fue clave a la hora de tramitar los proyectos de ley producto del acuerdo de La Habana.
“Me parece que señala claramente que es un sometimiento a la justicia de las bandas criminales dedicadas exclusivamente al narcotráfico y que no tienen ningún propósito político”, manifestó Cristo.
No obstante, el exministro pidió claridad sobre quiénes serán los beneficiarios de esta ley y si serán incluidas o no las disidencias de las Farc.
Como era de esperarse, el borrador conocido este viernes generó malestar en los sectores de oposición, desde donde calificaron de “vergüenza” el contenido del texto divulgado.
“Qué vergüenza y qué tristeza. Tantos muertos. La mexicanización de Colombia con carteles dueños de regiones y de ciudades”, manifestó el exembajador de Colombia en Estados Unidos Francisco Santos.
Otro de los que se fue lanza en ristre contra esta propuesta fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, uno de los principales contradictores del presidente Petro.
“Gobierno Petro pagándoles el apoyo que recibieron en campaña. No se nos olvide que en regiones donde tiene presencia y control obligaban a la gente a votar por ellos”, expresó el excandidato presidencial.
Cabe aclarar que esta es una propuesta que aún está en borrador, pues el texto que llegará al Congreso podría tener algunos ajustes. Sin embargo, las líneas gruesas ya han quedado claras con el texto conocido este viernes.
El presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó que se trata de un “borrador que está en proceso y que todavía espera las observaciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, el fiscal General, Francisco Barbosa”, y el presidente Gustavo Petro.
Barreras agregó que “terminadas las observaciones oficiales esperaría que el Alto comisionado de Paz, que es el único autorizado, lo radique el próximo martes”.
En todo caso, queda claro que está será una de las grandes pruebas de fuego que enfrentará la coalición de Gustavo Petro en el Congreso, pues se trata de un proyecto que podría tener un alto costo político para los congresistas a un año de las elecciones regionales.
